Así consta en las enmiendas parciales presentadas por ambos partidos al proyecto de ley, que se debatirán este lunes en la Comisión de Hacienda del Congreso y con las que coincide también la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Precisamente éste es el escollo fundamental en el camino del respaldo a la norma planteada por el Ejecutivo por parte del PSOE, que ha amenazado incluso con votar en contra en el Pleno del día 12 si no se corrige este punto.
Además, el PSOE e IU-ICV-CHA también plantean entre sus enmiendas que "cuando la ratio de deuda pública sobre el PIB esté muy por debajo del 60% y los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas sean bajos se podrá alcanzar un déficit estructural máximo del 1%" con el objetivo de "fomentar el crecimiento potencial de la economía española". La Izquierda Plural incluye entre estos supuestos que el paro sea muy elevado o el PIB esté muy por debajo de lo previsto, y CC-NC y UPN proponen diferentes formas de aplicar ese superávit en determinadas circunstancias a fomentar el crecimiento y el empleo.
De igual manera, el PSOE pide que se autorice déficit en casos excepcionales como catástrofes naturales o reformas estructurales con gran impacto presupuestario sin fijar ningún límite, en contra del 0,4% incluido por el Gobierno en la normativa. CC-NC incluye entre las excepciones la existencia de mucho desempleo.
Los nacionalistas catalanes, por su parte, defienden esta medida alegando que el Gobierno debe transponer el Pacto Fiscal en su literalidad y que, renunciar a cierto margen de déficit, comportaría "renunciar a algunos instrumentos que España va a necesitar para impulsar su crecimiento económico y la creación de empleo".
Por otra parte, el PSOE pide también que cuando la Seguridad Social incurra en déficit, se apliquen las reservas de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales o el Fondo de Prevención y Rehabilitación antes de recurrir al Fondo de Reserva.
Medir el déficit estructural
Además, quieren que el equilibrio o el superávit se compute "a lo largo del ciclo económico" -al igual que pide el PNV- y que se mida con una metodología y procedimiento propio que el Gobierno debería aprobar en un máximo de tres meses mediante real decreto, teniendo en cuenta "la posición cíclica de la economía, la influencia de esa situación en los ingresos y gastos públicos y la normativa europea vigente".
Algo similar requieren para el cálculo de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo, en la que se basan otras estimaciones y que a juicio de los socialistas debería tener en cuenta "el crecimiento medio del PIB durante nueve años y la inflación de referencia".
Por su parte, CiU y el resto de partidos nacionalistas reclaman que los gobiernos autonómicos participen de todas las decisiones, como cuándo se dan situaciones excepcionales, cómo se establecen los objetivos individuales y de conjunto, qué se considera incumplimiento o qué sanciones se aplican, los mismo que la metodología a utilizar para calcular las previsiones de gastos e ingresos.
Asimismo, reclaman que a la hora de aprobar los techos de gasto y los objetivos de estabilidad individuales para las comunidades autónomas se tenga en cuenta su situación económica, el nivel de competencias asumido, el grado de endeudamiento y "las necesidades o déficit en infraestructuras o equipamientos necesarios".
Responsabilidad proporcional a las transferencias
El proyecto de Ley establece también que en 2020 todas las administraciones deberán cumplir los límites de deuda y déficit. Sin embargo, tanto PSOE como CiU difieren del Gobierno en el tránsito hasta ese objetivo. Por ello, ambos proponen que cuando la deuda supere el 60% del PIB "se reducirá la diferencia, al menos, una veinteava parte en promedio anual".
Sin embargo, los nacionalistas catalanes quieren que no se impida a las administraciones incumplidoras acudir al endeudamiento porque eso podría llevar a "colapsos" además de impedir el fomento del empleo. Además, proponen reducir un 0,8% anual el déficit del conjunto de administraciones para alcanzar el objetivo marcado.
Asimismo, exigen que a la hora de determinar la imputación de responsabilidades por incumplimientos se tenga en cuenta si parte del déficit autonómico se deriva de no haber recibido las transferencias comprometidas, algo que también reclama ERC. CiU pide asimismo que se compense a las administraciones afectadas por decisiones que se tomen en otro nivel de Gobierno en materia de financiación.
En cuanto al gasto, el grupo catalán pide que la nueva regla también entre en vigor en 2020 y que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinen "a constituir un fondo de reserva" que se podrá destinar a reducir deuda o a "no realizar nuevas apelaciones de crédito cuando se cumpla el objetivo de deuda".
Depósito del 0,1% en el banco de España
CiU, PSOE e Izquierda Plural también coinciden en pedir al Ejecutivo que el depósito que las administraciones incumplidoras deberán abrir en el Banco de España -que CC-NC rechaza- se reduzca a la mitad, hasta el 0,1%, "por coherencia con la norma europea" según los socialistas y aplicando criterios de proporcionalidad en función del grado de incumplimiento y del peso de la administración en el conjunto del Estado, según los nacionalistas catalanes, que además exigen que se limite a una vez por ejercicio la posibilidad de aplicar esta medida.
En materia de medidas coercitivas, los socialistas exigen la retirada del artículo de ‘medidas forzosas’, lo mismo que CiU y BNG, que consideran que esta parte del articulado conculca la autonomía financiera y va más allá de lo que marca la UE. En este sentido, el PNV rechaza que sea el Estado el que ajuste a las comunidades y pide que se limite a vigilar.
Además, CiU reclama que se ponderen las sanciones en función del riesgo real que provoca el incumplimiento de la administración afectada.
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
Con respecto a las exigencias de transparencia e información que recoge el proyecto de ley, nacionalistas y socialistas exigen algunos cambios en los plazos para adaptarse mejor al calendario de tramitación de los presupuestos autonómicos, así como ampliar el acceso a la documentación a todas las administraciones públicas y obligar al ministro de Hacienda a comparecer semestralmente ante la Comisión del ramo en el Congreso para informar sobre el grado de cumplimiento de los objetivos recogidos en la norma.
Por su parte, los partidos de izquierdas como Compromís o IU-ICV-CHA rechazan que el pago de la deuda sea "la prioridad" cuando se ingresa más de lo esperado, reclamando que se permite cierta desviación para garantizar la cobertura de los servicios públicos y que se dé "prioridad absoluta" al pago de créditos que cubren este tipo de servicios. La Izquierda Plural reclama asimismo que se mejore la financiación de las administraciones y que se amplíe hasta 2032 el cumplimiento íntegro de la ley.
Mientras, UPyD exige que las administraciones públicas deban "velar por mantener las prestaciones básicas de los servicios fundamentales" y aboga por quitar cualquier excepción al límite de déficit estructural. Además, pide que un Consejo de Estabilidad Presupuestaria independiente vele por estas medidas.
