¿Es mejor para los trabajadores que una mutua se encargue de la gestión económica de las bajas por enfermedades comunes? La respuesta es no, según los sindicatos mayoritarios de la Diputación Provincial, y sí a juicio del diputado de Recursos Humanos, Juan Jesús Fortes. Lo cierto es que la polémica está servida a causa de la intención de la junta de gobierno del ente supramunicipal de sacar a concurso público y adjudicar a una mutua la gestión y seguimiento de las bajas por enfermedades comunes. Las mutuas tienen la capacidad de denegar, anular o extinguir una baja. La repercusión de ello es que, en caso de que el médico de cabecera considere que el paciente no debe recibir el alta todavía como pide la mutua, el empleado puede quedarse sin cobrar su salario.
Fortes se reunirá mañana con los sindicatos mayoritarios para escucharles y ofrecerles una explicación. El diputado declaró a este periódico que, aunque mantendrá esa entrevista con los representantes sindicales, no cree que haya marcha atrás en la decisión. La medida se prevé que se apruebe en la junta de gobierno que se celebrará el martes. Según dijo, hay múltiples ejemplos en ayuntamientos y en la Junta de Andalucía de mutuas que llevan el seguimiento de las bajas comunes. Añadió que la mutua solo intervendrá en bajas de larga duración (a partir del día 16 de incapacidad temporal) y que la potestad de firmar los partes de alta y de baja se mantendrá en manos de los médicos de la Seguridad Social. «No entiendo a qué viene esta efervescencia. Hay una polémica artificial provocada por algunos sindicatos», subrayó el diputado.
La visión de la presidenta de la junta de personal y secretaria general de la sección sindical de CC OO en la Diputación, Maite Rengel, es diametralmente opuesta. «Lo que se pretende es poner en manos privadas la gestión económica de las bajas por enfermedad común y fiscalizar a los trabajadores cuando estén en situación de incapacidad temporal», aseguró Rengel. Los sindicatos mayoritario critican también que su opinión no se ha tenido en cuenta. «Si esto es tan bueno para los trabajadores, ¿por qué no nos preguntan?», inquirió la sindicalista. En ese sentido, significó que se están recogiendo firmas entre los aproximadamente 1.400 empleados (funcionarios y laborales) de la institución supramunicipal para expresar el rechazo a que una mutua controle las bajas por padecimientos comunes.
Acortar el tiempo sin trabajar
«La función de una mutua es encargarse de las enfermedades profesionales y de los accidentes laborales. Esa es su especialidad: la medicina del trabajo», señaló Maite Rengel. Desde su punto de vista, al darle la gestión económica de las bajas de enfermedades comunes, se pretende presionar a los trabajadores para que acorten el tiempo que están en situación de incapacidad temporal.
«La gente que está de baja ya pasa por dos inspecciones. Una la hace el SAS y la otra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). ¿Para qué pagar una tercera inspección? Porque nos controlen más no nos vamos a curar antes. Lo que hay detrás de todo esto es el objetivo de privatizar los servicios públicos», recalcó Rengel. Y denunció que ya hay casos en los que las mutuas mandan al trabajo a personas con muletas o con los puntos puestos tras una operación.
El diputado de Recursos Humanos, tras precisar que la iniciativa no costará dinero al ente supramunicipal, destacó que si se produjese una discrepancia de criterio entre un médico del SAS y otro de la mutua sobre si un trabajador debe seguir o no de baja, será el servicio médico de la Diputación el que determine quién tiene razón.
«Creemos que la gestión que llevará a cabo la mutua con la que firmemos el concierto tras el concurso público que haremos beneficiará a los trabajadores, puesto que, cuando sea necesario, se acelerará el tiempo para practicar las pruebas que precisen los enfermos», manifestó Fortes, quien negó que se pretenda perseguir a la gente que esté en incapacidad temporal. «Lo que queremos es ayudar a los trabajadores a que se recuperen cuanto antes. Es un hecho que hay que ver con normalidad», apostilló.
La presidenta de la junta de personal afirmó que los sindicatos no están en contra de que se controlen las bajas y se denuncien los abusos, pero no comparten que esa vigilancia la realice una empresa privada que paga el empresario, en este caso la Diputación. «El control ya lo hace la Seguridad Social», recordó Rengel.
