El pasado 29 de Enero, el Consejo de Ministros aprobó el documento sobre la revisión del Pacto de Toledo, en el que planteaba la necesidad de reflexionar sobre si deben ser las cotizaciones sociales las que sigan soportando la financiación de la asistencia sanitaria por accidente de trabajo y enfermedad profesional, que actualmente prestan las mutuas.
Es preciso recordar que el motivo por el cual esta asistencia sanitaria se financia con cuotas sociales, ingresadas por los empresarios pero que se configuran como coste laboral, y por tanto como salario, está en el origen mismo de nuestro actual sistema de Seguridad Social: “La responsabilidad empresarial de la reparación de los daños en la salud provocados en los trabajadores por la actividad laboral, al ser los empresarios propietarios de los medios de producción y beneficiarios de las plusvalías que el trabajo origina”.
Para Comfia-CCOO, modificar este sistema de financiación hacia un modelo impositivo supondría trasladar parte de esta responsabilidad desde los empresarios a la totalidad de la población, a la vez que una nueva rebaja de las cotizaciones empresariales, cuya tarifa por AT y EP ha venido siendo reducida sistemáticamente por este Gobierno en los últimos cuatro años.
LaLey General de la Seguridad Social, en su artículo 86.2 a) establece que la totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales tendrán naturaleza contributiva, es decir, que tanto la prestación económica como la asistencia sanitaria deben financiarse por cotizaciones a la Seguridad Social y no a través de impuestos.
Por otro lado, y a falta de mayor concreción de esta propuesta, se plantean numerosos interrogantes:
¿Se integrarían las redes asistenciales de las Mutuas en los servicios públicos de salud, dependientes de las Comunidades Autónomas?
¿Se someterían los trabajadores accidentados a las listas de espera o se establecerían sistemas de prioridades en función de las contingencias que originen el daño, vulnerando la equidad en el acceso de todos los ciudadanos al sistema público de salud?
¿Afectaría esta medida al empleo en el sector de las Mutuas, castigado especialmente tanto por las modificaciones normativas realizadas por el Gobierno en el último año, como por el descenso de la actividad industrial?
El traslado de la asistencia sanitaria por AT y EP desde las Mutuas a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomos podría suponer un incremento exponencial del gasto en prestaciones de incapacidad temporal.
Comfia-CCOO considera que una presunta modificación de esta magnitud en nuestro sistema de Seguridad Social, requiere de un análisis pormenorizado en el marco del Pacto de Toledo y de un gran consenso.
Las Mutuas prestan una asistencia sanitaria especializada en la atención de los accidentes de trabajo. La inexistencia de listas de espera permite reducir sustancialmente las medias de duración de los procesos de IT respecto de las que tienen los servicios de salud de las comunidades autónomas.
Sin embargo, estas Entidades no están exentas de sombras: las quejas sobre la falta de reconocimiento del origen laboral de determinadas patologías, -especialmente si tienen origen psicosocial-, las posibles altas médicas emitidas antes de la recuperación real del trabajador o la infradeclaración de enfermedades profesionales o derivadas del trabajo, hacen imprescindible acometer reformas de calado que mejoren sus modelos de gestión y la calidad de sus servicios.
Para Comfia-CCOO, es urgente el establecimiento de un sistema homogéneo y externo de gestión de quejas y reclamaciones, con participación tripartita, y con capacidad de proponer soluciones, la aprobación de un decálogo o código ético que garantice a los profesionales sanitarios de las Mutuas que sus decisiones se basen exclusivamente en criterios técnicos y una carta de derechos y deberes de los usuarios, deben ser medidas que complementen otras reformas estructurales:
– La participación activa de los trabajadores usuarios en la gestión de las Mutuas, a través de las organizaciones sindicales mayoritarias.
– La asunción de la actividad preventiva, con cargo a las cuotas de AT y EP, para las empresas de menos de 10 trabajadores y la elaboración de proyectos de investigación, formación y divulgación sobre la identificación y declaración de enfermedades profesionales y/o derivadas del trabajo.
– La colaboración con los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas para poner en común los medios de los que actualmente cuentan las Mutuas, incrementando el valor añadido que deben tener para la sociedad.
