Los accidentes laborales y las enfermedades derivadas del trabajo causan un enorme e intolerable sufrimiento a víctimas, familiares y compañeros y a todo el entorno social de las personas afectadas; sufrimiento que no puede cuantificarse y que ninguna compensación económica es capaz de reparar. Pero sabemos que, además del sufrimiento, estos accidentes y enfermedades suponen un gran coste económico para la sociedad y para las empresas.
Una de las consecuencias directas de la siniestralidad es la pérdida de jornadas laborales, ya que mientras el trabajador o trabajadora está de baja no participa en el proceso de producción. De hecho, los 53.731 accidentes de trabajo con baja registrados en Galicia en el año 2008 sumaron casi un millón y medio de jornadas perdidas, que se traducen en un recorte del valor añadido bruto (VAB) de más de 273 millones de euros.
Otro coste directo es el causado al sistema de la Seguridad Social por el pago de las prestaciones económicas generadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. También en el 2008, el gasto en pensiones alcanzó los 183 millones de euros y la cantidad de prestaciones pagadas por incapacidad temporal a cargo de la Seguridad Social fue de seis millones.
A pesar de que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales gestionan una elevada cantidad de recursos públicos, apenas existe información sobre a cuánto ascendieron las prestaciones económicas pagadas por estas en Galicia. No obstante, y como forma bastante ajustada de aproximación, el coste derivado de la siniestralidad laboral se puede estimar por el importe de las cuotas recaudadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales gestionadas por las mutuas. Concretamente, fue de casi 415 millones de euros en el año 2008.
Más costes
Pero hay más costes. Un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, Origen laboral de la incapacidad temporal notificada como contingencia común , presentado en el Congreso Nacional de Salud y Seguridad de Valencia en el 2001, llega a la conclusión de que el 16% de los procesos del sistema público de salud (contingencias comunes) tienen un origen laboral.
Aplicando este porcentaje a los gastos sanitarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas), se llega a 163 millones derivados de procesos cuyo origen laboral no es reconocido ni por las empresas ni por las mutuas, y que todos pagamos por la vía de los impuestos.
Hay varias razones que explican por qué los empresarios y empresarias no invierten en prevención de riesgos laborales, a pesar de los costes que acarrea no hacerlo.
La externalización de los gastos que generan los accidentes y las enfermedades sería una de esas razones. Las empresas transfieren a la sociedad gran parte de los gastos asociados a los accidentes de trabajo y las enfermedades. Las inversiones y los cambios organizativos para mejorar las condiciones de trabajo son percibidos, por el contrario, como costes propios, directos e intransferibles.
Estímulos insuficientes
Por otra parte, los estímulos derivados de la acción inspectora no son suficientes en términos absolutos ni relativos. El importe total derivado de las sanciones que propuso a la autoridad laboral la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la normativa en el 2008 fue de siete millones de euros, según el informe de ese organismo. O, dicho de forma más clara, los costes de la siniestralidad superan los 1.000 millones; las multas que impone la Inspección de Trabajo solo les suponen a las empresas siete millones.
Una segunda línea de actuación en la penalización a las empresas que incumplen la normativa legal de seguridad en el trabajo es la imposición de recarga sobre las prestaciones que debe recibir la persona afectada cuando se demuestra la responsabilidad de la empresa en el accidente. En el 2008, las recargas por falta de medidas de seguridad e higiene en toda Galicia fueron de solo 2,9 millones.
El importe global de los costes directos de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales supera los mil millones de euros en el año 2008. Una cantidad muy elevada que podría reducirse drásticamente invirtiendo más en prevención para evitar los accidentes y enfermedades profesionales.
Esfuerzo colectivo
En conclusión y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, no cabe sino resaltar que los costes cuantificables de los accidentes laborales suponen un montante ingente que no podemos ni debemos permitir. La sociedad debe hacer un esfuerzo colectivo para reducir la siniestralidad y repartir responsabilidades.
Es necesario que las empresas asuman, de una vez por todas, la importancia que los costes laborales representan para sus empresas y sectores productivos e interiorizarlos como inversión amortizable.
Presiones en el sistema
Las consecuencias más difíciles de cuantificar, como las presiones generadas en el sistema público por siniestralidad laboral no declarada (principalmente enfermedades de origen profesional) deben ser detectadas mediante el control exhaustivo por parte de la propia Administración y sancionado con toda dureza, no solo por lo que supone de malversación de dinero público, sino por la propia indefensión a la que queda sometido el trabajador en el proceso. Es necesario reducir el impacto económico de la pérdida de expectativas laborales y productivas, el precio del sufrimiento humano y sus consecuencias sobre el individuo, la familia y la sociedad y, lo más importante, el coste de la pérdida de vidas humanas.
