Bajas laborales más largas, más numerosas y que afectan a más trabajadores. En esos tres conceptos se resume el elevado absentismo que se registra entre los 67.000 empleados del Gobierno Vasco y de los organismos que dependen de él: una tasa del 5,15%, descontadas ya las ausencias por riesgo en el embarazo, maternidad y paternidad. La media nacional es del 3,24%. Las enfermedades que están en el origen de esa incapacidad temporal duran un 62,5% más que en el conjunto de Euskadi: 71,5 días frente a 44, pese a que no se incluye Osakidetza, con niveles todavía más elevados. En el caso del Servicio Vasco de Salud concurre la justificación de que se trata de plantillas en contacto directo con enfermos.
El viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, explica esta situación por la «impunidad» que, a su juicio, ha existido hasta ahora en ese terreno. Para hacerle frente, el Ejecutivo, en el marco de un plan global para ahorrar 100 millones de euros el próximo año, ha decidido centrar sus actuaciones en lo que denomina «núcleo duro del problema»: un colectivo de trabajadores que sitúa en torno a los 14.500 -menos de una quinta parte del total- y que son «hiperfrecuentadores»; es decir, han cogido 33.200 bajas, a razón de dos o más por periodos inferiores a 20 días en un plazo de tres meses.
El problema es de tal dimensión que tiene relevancia económica, máxime en tiempos de crisis. Según datos oficiales, más de 450.000 jornadas laborales se pierden al año por baja de enfermedad en el Gobierno vasco. Una cifra que representa el 9% de los días que se dejan de trabajar en Euskadi, cuando los empleados que dependen de la Administración autonómica suponen poco más del 7% de la población ocupada.
Plan de actuación
Estas cifras son solo una pequeña muestra del reto al que se enfrentan los responsables de personal del Gabinete de Patxi López, que se han propuesto afrontarlo por medio de la aplicación de un minucioso programa de actuación. Su principal medida fue anunciada el pasado miércoles: consiste en suspender los complementos salariales que cobran los trabajadores de baja, y que en los diez primeros meses de este año sumaron casi 44 millones de euros.
En un momento de fortísimos recortes presupuestarios, cuando el Parlamento vasco ha avalado notables rebajas de la cuantía de las prestaciones sociales y corren peligro muchos servicios por falta de fondos, desde el Ejecutivo se ha apostado por reducir los costes generados por el elevado absentismo en este sector, que se producen por triplicado. Por un lado, los complementos que debe pagar a los trabajadores que están de baja, ya que completa el salario hasta el 100%; por otro, los gastos añadidos que genera la sustitución de los empleados ausentes -por ejemplo, la cotización a la Seguridad Social-, y finalmente los costes administrativos y de gestión que supone todo este proceso. La información facilitada esta semana por el viceconsejero revela que las bajas en la Administración han sido algo más de 48.000 entre enero y octubre.
Según Juan Carlos Ramos, impulsor del plan de control del absentismo, que empieza a alcanzar ahora su velocidad de crucero, «no se puede pasar por alto este sistema de impunidad». Así lo declaró a este diario hace un año, cuando lanzó la alerta sobre la situación. En sectores de trabajos «penosos pueden tener algún sentido» maniobras de las personas para coger o alargar la baja laboral, pero «nuestras condiciones de trabajo son razonablemente buenas para que estas actuaciones tengan que producirse».
De ahí que capitanee desde que llegó al cargo, procedente de la empresa privada Sidenor, una campaña para la normalización de esta faceta laboral, en la que quiere implicar a las centrales sindicales, a los trabajadores y a toda la sociedad.
Un programa de este calibre abarca actuaciones que van desde una definición común sobre lo que es una baja laboral y el absentismo, a la inversión en programas informáticos para gestionar con rapidez la información, pasando por la colaboración con las instituciones, entre otros muchos extremos.
Intercambio de información
Así, Función Pública ha firmado un acuerdo con la patronal Confebask para el intercambio de información, conocimientos y técnicas con el objetivo de conseguir «fórmulas eficaces» para reducir el absentismo; va a proceder a la homogeneización de los criterios de cumplimiento de horarios, permisos y presencias en el puesto de trabajo; pondrá en valor los servicios médicos de empresa para que verifiquen el estado del trabajador de baja mediante un reconocimiento…
La campaña incluye también una serie de medidas coercitivas. La más importante de todas es la retirada de los complementos salariales citados, que en principio el Ejecutivo quiere negociar con los sindicatos y con los que quiere explorar la posibilidad de destinar los ahorros conseguidos por esta vía a incentivos de otro tipo. Además, pretende seguir de cerca los casos particulares, con estudio de las características del puesto de trabajo y otros condicionantes, como factores personales problemáticos, entre otras actuaciones.
Asimismo, ya está en marcha un convenio entre el departamento de Sanidad y el Instituto Nacional de la Seguridad Social que permite mejorar las comunicaciones entre ambas instituciones -el primero es el responsable de conceder la bajas y el segundo, de pagarlas- y que facilitará la transmisión informática de los partes de baja y alta por vía telemática.
