Como en tantos otros asuntos espinosos, la virulencia de la crisis y la necesidad de ajustar gastos se han convertido en un catalizador efectivo para abordar de una vez por todas este problema, que padecen no solo las Administraciones, sino también las empresas del sector privado. Madrid y el País Vasco se han convertido en la avanzadilla de la lucha contra el absentismo laboral en el sector público al adoptar la decisión de penalizar, no la enfermedad, sino el abuso disfrazado de enfermedad. Ambas comunidades han acordado que recortarán el gasto que destinan cada año a sufragar los salarios de los empleados públicos de baja por incapacidad temporal. Una medida cuyo objetivo no es otro que reducir la elevada factura que el absentismo laboral supone para las arcas públicas y poner coto a las bajas reiteradas de corta duración.
Para comprender la magnitud del problema bastan unas cifras orientativas. El Ejecutivo vasco ha reconocido que el año pasado gastó un total de 50 millones de euros en sufragar bajas temporales, sin incluir en esa cifra el coste de sustitución de los empleados afectados. Entre los 67.000 empleados públicos de la región se contabilizaron 50.000 bajas, de las que un 14% fueron de corta duración y repetitivas. Es precisamente ese abuso o, cuanto menos, esa laxitud en cuanto a la normal asistencia al trabajo, y no las bajas por motivos relevantes, lo que se quiere atajar acertadamente tanto en Madrid como en el País Vasco. Así, y mientras hasta el momento los trabajadores públicos percibían el 100% de su salario durante su ausencia, a partir de ahora la cuantía se reducirá durante los primeros días e irá aumentando en función de la duración de la baja. Como excepciones lógicas y razonables se incluyen situaciones especiales, como las bajas por maternidad, hospitalización y cirugía, entre otras, que seguirán siendo tratadas como hasta ahora.
A nadie se le escapa que una medida como esta puede provocar sobre el terreno injusticias puntuales, pese a que se intente evitar por todos los medios y no haya nada más lejos de su objetivo natural. Pero lo cierto es que el absentismo laboral ha pasado de ser una ineficiencia más, entre las toleradas en el seno de una Administración acostumbrada a gastar a manos llenas, a convertirse en una carga insoportable para unas arcas públicas necesitadas de ingresos y sobradas de gastos. Los cálculos de Madrid y el País Vasco cifran entre 20 y 25 millones de euros -la primera- y en 28 millones, la segunda, el ahorro que generará esta medida. Un rédito económico al que hay que añadir el efecto ejemplarizante de declarar la guerra a unos modos y usos que no tienen cabida en una Administración que aspira a regirse por criterios de eficiencia. Probablemente, el paso dado por ambas regiones sea seguido en breve por otras comunidades autónomas. Y probablemente también, un esquema similar termine implantándose en el sector privado, donde el absentismo laboral, especialmente en ciertos sectores, supone una lacra que es necesario erradicar de raíz y cuanto antes de forma efectiva.
Tendencias como la que revela que desde el inicio de la crisis el absentismo ha disminuido apuntan a que estamos ante un problema cuya exagerada magnitud tiene más que ver con el abuso y la disciplina personal que con la salud. La lucha contra las ausencias abusivas o no suficientemente justificadas es uno de los grandes frentes a reformar, ya no solo en la Administración, sino en todo el mercado de trabajo. Es un proceso más de la reforma laboral, que ayer daba un paso adelante con el acuerdo de moderación salarial anunciado por patronal y sindicatos y de cuyo contenido hay que felicitarse, pero que no agota ni mucho menos el camino a recorrer. La flexibilización que precisa la legislación laboral española es de tal magnitud que no bastan pasos adelante, porque es preciso un cambio total de dirección. Las últimas previsiones macroeconómicas no dejan lugar a dudas sobre la dureza del horizonte inmediato que aguarda a España y sobre la necesidad de poner cotos firmes a las barreras y rigideces que dificultan la creación y el mantenimiento del empleo.
