Las principales funciones como delegado territorial se basan en la representación antes las instituciones que operan en la comunidad, el alcance de acuerdos para su buen desarrollo, así como fomentar la constitución de grupos de trabajo entre las mutuas. En la actualidad, AMAT está integrada por las 20 mutuas de trabajo existentes y fue creada en el 1986 para trabajar por los intereses, la coordinación y la orientación de todas ellas. Dispone de diferentes consejos territoriales, representados cada uno por un dirigente de las mutuas como delegado territorial.
Francisco Javier Toca, que ya fue presidente del Consejo de AMAT en Navarra entre los años 1999 y 2002, lleva 7 años desempeñado su función como director autonómico de Asepeyo en Castilla y León, donde la Mutua cuenta con 99.033 trabajadores afiliados pertenecientes a 15.447 empresas asociadas, y 23.403 trabajadores autónomos adheridos.

Dicha reclamación tiene por objeto evitar que resulte de aplicación la reducción salarial recogida en el referido Real Decreto a los trabajadores de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), al personal de las Fundaciones Publicas y a los empleados del Banco de España.

En cada uno de los escritos presentados se detallan los motivos por los cuales en opinión de COMFIA – CC.OO. el Real Decreto vulnera los derechos constitucionales de los trabajadores referidos.

En todos los casos se vulnera el derecho a la negociación colectiva en la vinculación que esta tiene con el derecho constitucional a la libertad sindical, toda vez, que los trabajadores afectados tienen su Convenio Colectivo y los compromisos en ellos establecidos son alterados unilateralmente por el Real Decreto, vulnerando igualmente el derecho reconocido en la Constitución de garantizar la seguridad jurídica.

Se encuentra fuera de toda duda que las Mutuas, como asociaciones de empresarios, mantienen su naturaleza jurídica privada y, por tanto, las relaciones laborales que mantienen con los trabajadores se encuentran dentro del ámbito del Estatuto de los Trabajadores. Lo mismo ocurre con los trabajadores de las Fundaciones del Sector Publico, que no son funcionarios ni tampoco personal laboral al servicio de la administración publica, manteniendo una relación laboral común.

El gobierno no tiene competencias en materia de relaciones laborales y salariales sobre los trabajadores del Banco de España y estos establecen sus condiciones salariales y laborales por medio de su convenio colectivo de empresa y en el marco del principio de independencia de los Bancos Centrales Nacionales frente a los gobiernos de los estados miembros.

La inclusión de los trabajadores de las Mutuas, las Fundaciones y el Banco de España en las medidas de recorte y la exclusión de las sociedades mercantiles o entidades empresariales públicas constituye una discriminación y una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Es por todo ello, que confiamos en que la institución del Defensor del Pueblo respalde nuestro criterio e interponga el referido Recurso de Inconstitucionalidad que permita restablecer los derechos ahora conculcados.

El Consejo de Ministros a propuesta del titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha acordado autorizar a la Tesorería General de la Seguridad Social para que invierta el Fondo de Prevención y Rehabilitación en activos financieros emitidos por personas jurídicas públicas hasta un límite del 90% del importe del citado fondo.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 estableció la posibilidad de invertir el Fondo de Prevención y Rehabilitación, constituido con excedentes de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, con el objetivo de obtener, hasta su uso definitivo, una mayor rentabilidad de los fondos depositados en la cuenta del Fondo de Prevención y Rehabilitación abierta en el Banco de España, para que redunde en una gestión más eficiente de los recursos de la Seguridad Social, evidentemente con un carácter de decisión y no de obligación sujeta a la situación financiera del Sistema y del comportamiento de los mercados financieros.

Actualmente, los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de Prevención y Rehabilitación se acogen en términos de remuneraciones y gastos al Convenio suscrito entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Banco de España, que establece que “el interés nominal a aplicar será igual al tipo Eonia día a día menos siete puntos básicos, aplicado a los saldos existentes al cierre de cada día”.

El Eonia, a fecha 30 de junio de 2010, produce unos intereses del 0,472%, mientras que la deuda pública española a 1 año produce un rendimiento del 2,3%; a tres años, del 3,401%, y a cinco años, del 3,752%. La decisión de materializar transitoriamente el Fondo en activos financieros permitiría obtener una retribución mayor que la que se obtiene por la remuneración del saldo de la cuenta.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quiere que el decreto ley con la reforma laboral contemple la rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social a partir de 2012 para, paulatinamente, llegar en 2015 a un recorte de cinco puntos, una reivindicación histórica de la patronal.
Durante una entrevista concedida a la Agencia Efe, Díaz Ferrán señaló que para 2010 y 2011 los empresarios han renunciado a pedir rebajas en sus cotizaciones por el duro ajuste que, "desde fuera", se le ha impuesto a España, pero dicha rebaja debe quedar comprometida a partir de 2012.
"Hemos querido ser solidarios y colaboradores en ese sentido", subrayó el presidente de la patronal, pero recordó que las empresas españolas pagan 5 puntos más que la media europea y recuperar esos cinco puntos "irá a favor de la creación de empleo".
La CEOE, además, ha presentado propuestas en materia de contratación, despidos, negociación colectiva o absentismo laboral y, a pesar de que reconoce la dificultad de llegar a pactos, mantiene la "esperanza" de que los grupos parlamentarios tengan "altura de miras" y "se den cuenta de lo que necesita España".
Al respecto, manifestó que todas las reformas laborales que se han hecho en otros países europeos han sido "exitosas" y su tasa de paro es inferior a la española a pesar de la crisis.
Sin embargo, España se caracteriza por tener "el doble de paro que la media europea, tanto en tiempos de bonanza como en crisis", añadió.
Afirmó que con el presente decreto ley "no ha habido perdedores" entre empresarios y sindicatos, pero que sí ha habido unos "perdedores claros, que son los cinco millones de trabajadores que están parados" porque han perdido la posibilidad de poder tener un empleo lo antes posible.
Según Díaz Ferrán, los empresarios no saben cómo será la reforma y esperan a su aprobación antes de contratar.
"Sólo gracias a la temporada turística se crearán empleos", subrayó, "porque si no, habría una paralización absoluta de puestos de trabajo".
Por ello, el presidente de la patronal ve "acertado" que el Gobierno, que es "consciente" de esta situación, haga un trámite parlamentario de urgencia y diga que "nadie se va de vacaciones hasta que se apruebe".
Sobre las "carencias" que, en su opinión, tiene el decreto, reiteró que no ha generalizado adecuadamente el contrato de fomento del empleo, no clarifica las causas del despido, ni "toca" el absentismo inadecuado.
Además "sindicaliza" mucho la pequeña empresa y no profundiza en el desempleo juvenil, ni en el contrato a tiempo parcial, penaliza el contrato temporal y pone límite temporal al contrato de obra, lo que "creará conflictos laborales complicados".
En cuanto al contrato de formación, la CEOE cree que debe ampliarse hasta los 30 años, frente los 21 actuales o los 24 que contempla el decreto, porque hay muchos jóvenes que dejan sus estudios, han cumplido 25 y 26 años y todavía no han tenido un contrato adecuado.
Por ello, pidió que a estos colectivos no se les "cierre la oportunidad de tener un contrato de formación de dos años".
Con respecto a la reforma de las pensiones, Díaz Ferrán eludió ahondar en determinadas cuestiones, como la financiación del sistema de la Seguridad Social, porque consideró "prematuro y temerario" opinar sobre aspectos en los que debe pronunciarse antes la comisión del Pacto de Toledo.
No obstante, subrayó que en España hay una caja única y que determinadas partidas que se pagan desde la Seguridad Social deberían ir a los Presupuestos Generales del Estado.
También se mostró partidario de aumentar la edad de jubilación y de que "la correspondencia entre lo que se percibe por la pensión esté más ligado a los años de prestación".
Ello unido a un "trato fiscal muy favorable" que "anime" a los trabajadores a que contraten pensiones privadas.

Sobre la gestión de la Seguridad Social, consideró que "deja mucho que desear", al tiempo que reiteró el ofrecimiento de la CEOE para externalizar la gestión de todos los servicios públicos.