El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula el procedimiento de adhesión de empresas, que libremente así lo decidan, al Plan de Reducción Voluntaria de Accidentes de Trabajo (Plan PREVEA Extremadura) y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas y agentes sociales que participen en dicho plan.

El Plan PREVEA Extremadura va dirigido a las empresas con altos niveles de accidentalidad laboral y que quieran reducirla mediante la aplicación de un programa sistemático basado en un análisis de los accidentes sucedidos y sus causas.

De este modo, los objetivos de este Plan son conseguir la implicación de las empresas para que se reduzca el número de accidentes y la gravedad de los mismos, lograr que la empresa adopte una actitud proactiva, permanente y participativa frente a la reducción de accidentes y proporcionar una herramienta a los actores implicados, como son las empresas, servicios de prevención, mutuas, agentes sociales y administraciones públicas, para que incrementen la eficacia en al consecución de la reducción de la siniestralidad laboral.

PLAN PREVEA

El Plan PREVEA Extremadura consiste en un sistema de ayuda de asesoramiento y apoyo que se basa en tres pilares básicos: compromiso, voluntariedad y participación.

Las subvenciones dirigidas a las empresas estarán dedicadas a financiar la elaboración y confección del programa inicial de situación, los informes periódicos y el informe de cierre, así como las inversiones realizas para la reducción de la accidentalidad en las empresas. En lo que respecta a los agentes sociales, recibirán ayudas para la contratación de técnicos de prevención para el asesoramiento de empresas adheridas al Plan PREVEA y a los agentes de los trabajadores.

Las empresas que puedan acogerse a los beneficios de este plan serán las que tengan domicilio social y fiscal en Extremadura y cuyo Índice de Incidencia supere en un 50 por ciento al de la media del ramo al que pertenezcan. También podrán beneficiarse las empresas que hayan superado los 10 o más accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo y que estén incluidas en la base de datos elaborada por la Dirección General de Trabajo.

Además, las citadas empresas deberán disponer de organización preventiva, haber llevado a cabo evaluación de riesgos en los centros de trabajo de la empresa, contar con el apoyo expreso, por escrito, de sus trabajadores o sus representantes, entre otros requisitos.

Cerca de 300 trabajadores de las mutuas de trabajo en Navarra verán reducidos sus sueldos a partir del próximo uno de junio. Lo mismo que los funcionarios. En el conjunto del país, los empleados de mutuas llegan a los 23.000.

De los casi 300 trabajadores de las mutuas en la Comunidad, la mayoría pertenece a Mutua Navarra (con más de cien trabajadores) y Asepeyo (con más de 55), seguidos de Fremap, Mutua Universal, Maz, entre otros, según los datos ofrecidos por la Comfia (Federación de Servicios Financieros y Administrativos) de CCOO de Navarra.

Las mutuas de Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social están incluidas en el real decreto ley del 20 de mayo, publicado el pasado lunes 24, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. En concreto, aparece en la disposición adicional tercera del texto legal.

Esto ha provocado la protesta de los principales sindicatos del sector, UGT y CCOO, que consideran que están equiparando a los trabajadores de las mutuas con los funcionarios. Juanjo Pérez Capapay, de la Comfia-CCOO Navarra, lamenta que ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 se estableció para estos trabajadores la misma limitación que para el personal laboral del sector público, es decir, que su masa salarial no podría experimentar un crecimiento superior al 0,3%. "Ahora, con la inclusión de las mutuas en el decreto, se continúa con la discriminación y se vulnera flagrantemente el derecho a la negociación colectiva consagrado en nuestra constitución", añadió el representante sindical. Pérez Capapay calificó de "atracazo" el recorte salarial a los trabajadores de las mutuas. "La Administración les impone el mismo recorte en sus salarios que a los funcionarios públicos, pero no les dota de sus garantías de seguridad y estabilidad en el empleo", añadió.

Ana Fernández, de la Federación de Servicios de UGT Navarra, manifestó su "desconcierto" ante esta equiparación con el personal del sector público y lo calificó de "indignante". "Los trabajadores de las mutuas no tienen los privilegios de los funcionarios y se les está equiparando. Supone un ataque a la negociación colectiva de los convenios, tanto estatal como de empresa, y supone una injerencia", explicó.

Para hablar sobre este tema ayer estaban citados en el Sima (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) los sindicatos con la patronal del sector Amat. Juanjo Pérez lamentó que la representación patronal no se hubiese presentado a la reunión, porque "refleja la incapacidad de defender al sector".

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social son asociaciones de empresarios, con naturaleza jurídica privada, que colaboran con la Administración en la gestión de prestaciones públicas.

Por otro lado, desde la óptica empresarial, se trata de un importante factor de absentismo que posibilita el despido objetivo y que genera abundante litigiosidad.

Por estos motivos, Mutua Navarra, junto con Thomson Aranzadi y Caja Navarra, ha organizado la jornada ‘La incapacidad temporal: un examen plural’, que tendrá lugar el próximo martes 1 de junio, en la que se analizarán los cambios experimentados en la legislación sobre la Incapacidad Temporal, desde el punto de vista de las relaciones laborales y también de la Seguridad Social.

Los ponentes serán Antonio V. Sempere, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, socio y coordinador del Área Laboral de Gómez-Acebo & Pombo y Director General de los Foros Aranzadi Social, quien hablará sobre ‘Relaciones Laborales e Incapacidad Temporal’, y Maribel Catalán Parandiet, subdirectora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Navarra, cuya conferencia será sobre ‘Seguridad Social e Incapacidad Temporal’.

La jornada estará presentada por José Ignacio Loitegui, responsable del Proceso Jurídico de Mutua Navarra.

La jornada se desarrollará en Pamplona (Edificio Viálogos.CAN, Vuelta de Aranzadi 1) y Tudela (Cámara Navarra, Plaza Yehuda Ha-Levi), en horario de mañana y de tarde respectivamente.

Más información en Mutua Navarra:
teléfono: 948 194 400

El absentismo laboral en Álava continúa siendo uno de los más altos de Europa. Sólo el pasado año su tasa ascendió al 6,4%, casi medio punto menos que en 2008, pero peligrosamente superior a la media del Estado, que alcanzó el 5,3%, y la europea, que fue del 4,6%.

Los datos fueron dados a conocer por el foro de Gestión de Capital Humano que organiza SEA y que ayer celebró su tercera edición. Según la opinión de los 80 empresarios que conforman este colectivo, es necesario tomar medidas urgentes en el entorno empresarial alavés para atajar el problema de las bajas laborales injustificadas, cuya consecuencia más nociva, en ésta y en el resto de economías, es la pérdida de competitividad.

INFORME DE LA CEOE Aunque ayer no se ofrecieron datos a este respecto, sí existen informes como el de la CEOE que advierten del coste que tiene esta variable sobre una economía como la española. Según la patronal, el absentismo cuesta cada año casi 13.000 millones de euros -aproximadamente el 1% del Producto Interior Bruto (PIB)-, y tiene un importe medio por trabajador de 2.700 euros al año.

En este contexto, los empresarios alaveses reivindicaron ayer ante la administración pública un doble mensaje. Por un lado, una mayor coordinación entre los diferentes servicios públicos y privados que atienden a los trabajadores (atención primaria, mutuas, Osalan…) para mejorar la calidad del servicio y optimizar los recursos de todos los intervenientes. Y por otro, una gestión médica que se incorpore a la gestión ordinaria de las empresas. "Sería una fórmula para tratar rápida y eficazmente al trabajador que presente cualquier patología", advirtieron ayer los empresarios.

UN "OBSTÁCULO" PARA CERCER El absentismo laboral es uno de los principales "obstáculos" para aumentar la productividad de las compañías, según el informe Crecimiento y Productividad, 50 propuestas para mejorar la Productividad, elaborado por el Instituto de la Empresa Familiar. El 37% de las empresas consultadas, al menos, así lo piensa. Otros informes elaborados sobre esta misma cuestión como el de Esade y el de la mutua de accidentes Egarsat señalan que la duración media de las bajas laborales oscila entre los 7,2 días por enfermedad; 3,5 días por motivos personales y 2,2 días por accidente. De las ausencias por razones personales, la mayoría (23%) corresponde a visitas al médico, mientras que un 21,4% las justifica para conciliar la vida personal y profesional. Por último, respecto al perfil del absentista, la definición es la siguiente: se trata de un varón, joven, menor de 30 años y con un perfil académico y profesional de baja cualificación.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha intervenido en el Pleno del Congreso de los Diputados que ha aprobado el proyecto de Ley que regula la protección por cese involuntario de actividad de los trabajadores autónomos que presentó el Gobierno en diciembre de 2009.

En su intervención, Corbacho se ha felicitado por esta aprobación con la que se pone en marcha una iniciativa que calificó de “reivindicación histórica” y de una “conquista de la que toda la sociedad debe estar satisfecha”

El texto aprobado conserva los elementos centrales de la propuesta hecha por el Gobierno en su proyecto de Ley, incorporando algunas aportaciones que favorecen a los trabajadores autónomos beneficiarios de esta protección, como es el aumento hasta los 12 meses del periodo máximo de protección, elevando un poco más la cuantía de la cotización con la que se financia el sistema.

Celestino Corbacho también se ha reunido con las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos y los portavoces de los grupos parlamentarios para expresar la satisfacción por el trabajo realizado por el Congreso, con la aprobación unánime del texto.

El texto será remitido inmediatamente al Senado, con el objeto de que pueda ser aprobada la Ley antes de finalizar en el mes de julio el actual periodo de sesiones. De esta forma, como se contempla en el mandato recogido en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, los autónomos puedan empezar a cotizar por este sistema de protección y, transcurrido un año, aquellos trabajadores autónomos que se vean obligados a cesar en la actividad por causas ajenas a su voluntad, empiecen a percibir las prestaciones correspondientes.

El proyecto aprobado consiste en un sistema específico de protección, para aquellos trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria, basado en tres principios básicos: contributivo, solidario y sostenible financieramente.

Es un sistema mixto, entre voluntario y obligatorio. Tendrán derecho a la Protección por Cese de Actividad los trabajadores autónomos que tengan protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Dos casos:

– Los trabajadores autónomos que obligatoriamente tienen que cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que son los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y los trabajadores autónomos que estén en actividades profesionales con un mayor riesgo de siniestralidad (estas serán definidas en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

– Los trabajadores autónomos que voluntariamente opten por cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

EL PERIODO MÁXIMO DE PROTECCION SE ELEVA A DOCE MESES

La cuantía será del 70% de la base por la que venía cotizando durante los doce meses anteriores. Sobre la base mínima del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 841,80 euros mensuales para 2010, la prestación alcanzaría los 589,26 euros y la prestación máxima puede llegar a 1.397,84 euros en el caso de tener dos o más hijos.

La duración de la protección aprobada por el Congreso de los Diputados ha elevado el periodo máximo de 6 a 12 meses.

Dicha duración estará en función de los periodos de cotización efectuados, un mínimo de 2 meses de prestación por 12 meses de cotización, aumentando hasta un máximo de 12 meses de prestación por 48 meses de cotización.

En los casos de trabajadores autónomos de entre 60 a 64 años, la duración máxima de la prestación de 12 meses se conseguirá con 43 meses de cotización.

Desde el inicio de la situación de cese de actividad hasta el final de percibir la prestación se cotizará a la Seguridad Social por el trabajador autónomo para que este no pierda derechos para las prestaciones por contingencias comunes, en concreto para su pensión.

El Congreso ha aprobado que el sistema incluya medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección, que serán financiadas con el 1 % de los ingresos obtenidos de la cotización que se establezca.

COSTE DE LA PRESTACIÓN

Teniendo en cuenta que se ha ampliado el periodo de percepción de la prestación y que hay que financiar las medidas de promoción de empleo anteriormente mencionadas, también ha tenido que elevarse la cotización inicial, pasando del 1,5 % planteado por el proyecto del Gobierno al 2,2 % aprobado por el Congreso.

El tipo de cotización se actualizará cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en función de la evolución del sistema, que aumentará según se vaya accediendo a periodos más largos de protección, máximo 12 meses.

Como compensación, se recoge una reducción del 0,5% en la cotización por la cobertura de incapacidad temporal, por lo que el trabajador cotizará efectivamente para el primer año sobre un 1,7 %.

Considerando la base mínima de 841,80 euros, el trabajador autónomo abonará inicialmente como mínimo mensualmente 14,31 euros para cubrir esta nueva protección social (calculado sobre bases vigentes 2010).