La Seguridad Social reclama 141 millones de euros en concepto de descuentos indebidos por pago delegado de la prestación de Incapacidad Temporal, correspondientes a 258.454 documentos de deuda no prescrita del periodo 2006-2010.
El pasado mes de abril, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en respuesta a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que consideraba insuficiente el control ejercido por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional sobre los descuentos que practican las empresas por pago delegado de IT, dictó una resolución para establecer un procedimiento de control que evite posibles fraudes. Una indebida aplicación de estas compensaciones por las empresas determina una menor cotización de la debida, una competencia desleal y un coste para la Seguridad Social que no debiera haber soportado.
A partir de la entrada en vigor de la citada Resolución, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha comenzado a aplicar el procedimiento de gestión necesario para reclamar la deuda pendiente y ha enviado a las empresas una carta en la que les ofrece la posibilidad de aplazar el pago de la deuda para facilitar la liquidación de la misma.
Las empresas colaboran en la gestión de la Seguridad Social adelantando el pago de la prestación por Incapacidad Temporal a sus trabajadores y descontándolo posteriormente de las cotizaciones. Esta práctica es lo que se conoce como pago delegado y su finalidad es la de no perjudicar a los empleados de baja laboral, de forma que así se simplifican los trámites burocráticos. A excepción de los quince primeros días de la Incapacidad Temporal, que paga la empresa, la responsabilidad del pago de la prestación corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina (Régimen del Mar) y a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Ton Capella es el nuevo Presidente de Egarsat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con sede central en Sant Cugat del Vallès. Ton Capella sucede en el cargo a Josep Casas, que ha presidido Egarsat durante dos años -desde la fusión entre la sabadellense SAT y la Mútua Egara- y que pasa a desempeñar el cargo de Vicepresidente primero. La designación de Capella, por unanimidad, se produjo en la última junta general ordinaria de mutualistas, celebrada en Sant Cugat, y ha sido ratificada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado hoy presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto ley que el pasado mes de mayo recortó el sueldo a los funcionarios. Pese a la oposición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el tribunal mantiene que existen "dudas" sobre el encaje de esa norma en el derecho a la libertad sindical y el principio constitucional de igualdad, recogidos en la Carta Magna.

Así pues, la Sala considera imprescindible que antes de resolver el conflicto colectivo planteado por los trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es preciso que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esos dos aspectos.

Los sindicatos alegan ante la Audiencia Nacional que el recorte por decreto cercenó su derecho a la negociación colectiva (incluido en el derecho a la libertad sindical) y fue discriminatorio, ya que dejaba fuera del recorte a los trabajadores de Renfe, Adif y Aena.

El pasado 7 de octubre, la Sala de los Social ya expresó sus "dudas" sobre el Real Decreto del 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público y que incluyó la reducción salarial de las personas en régimen laboral del sector público, que supone un recorte medio del 5%.

La CEOE pide que las bonificaciones para incentivar la contratación se financien por los Presupuestos Generales del Estado y no con cargo a las cotizaciones, y que se mantenga la posibilidad de jubilación anticipada con condiciones "flexibles" compatibles con la viabilidad de las empresas.
Así consta en un documento de la patronal sobre la reforma de las pensiones y que ha tratado hoy la Junta Directiva de la CEOE.
En el texto, que se ha enviado a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para que la incluya en sus debates sobre la reforma de pensiones, se precisa que las bonificaciones para la contratación no deberían ir con cargo a las cotizaciones.
La CEOE insiste en la necesidad de que se reduzcan las cotizaciones a cargo de las empresas y para ello considera "necesario y urgente" que se valoren "adecuadamente" dichos costes y que no se haga en términos de tipos medios de cotización, sino de "participación de los costes por cotizaciones calculados sobre el PIB".
Así, según la patronal, se podrá conocer mejor la "desfavorable posición" de las empresas españolas con respecto a la de otros países de la UE.
Por ello, reivindica que la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social no se demore "en ningún caso" más allá de 2014.
Para la patronal, además, deben establecerse mecanismos que permitan reducir de forma coyuntural las cotizaciones en momentos de recesión y alto desempleo.
Otra de las reivindicaciones de los empresarios es que se definan los criterios sobre el montante "razonable" del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en un contexto de crisis como es el actual y que se revise su modelo de gestión.
El aumento de los incentivos fiscales para los sistemas de previsión social complementaria, en particular los planes de pensiones, es otro de sus requerimientos, así como el favorecer el cobro de prestaciones en forma de renta vitalicia asegurada.
Además, cree conveniente incorporar medidas concretas al desarrollo de la previsión social en las pymes.
La CEOE insiste en la necesidad de intensificar la relación entre las aportaciones durante la vida activa y la pensión y que se amplíe a toda la vida laboral el periodo de cómputo para calcular la pensión.
Asimismo pide que la edad de jubilación legal (65 años) coincida lo más posible con la real, estimada en 63,27 años.
Referente a la prestación por incapacidad temporal, la CEOE quiere que pase íntegramente al Instituto Nacional de la Seguridad Social entre el cuarto y el decimoquinto día, sin que afecte a las cuentas de las Mutuas.
También pide una Memoria Económica de la reforma que plantea el Gobierno y el calendario previsto para la misma.