El personal al servicio de la Seguridad Social, 59.188 personas a diciembre de 2009, se redujo en 621 personas (-1%) en relación con el mismo periodo de 2008, según el informe de la Intervención General del Estado sobre Evolución del Empleo en el Sector Público Estatal Administrativo.

Este resultado responde a una política de control del gasto de personal y del gasto corriente, que se basa en una mejor utilización de los recursos y la aplicación de las nuevas tecnologías, que permiten una optimización cada vez mayor del servicio que se presta a los ciudadanos, de forma presencial y telemática con un importante ahorro en los capítulos 1 y 2 de los Presupuestos de la Seguridad Social. Desde el año 2004 el sistema ha reducido sus efectivos en 4.000 personas.

De las 59.188 personas que a diciembre de 2009 trabajaban en la Seguridad Social, 36.347 lo hacían en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes y 22.841 en las Mutuas de Acccidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

La Tesorería General es la entidad que, con 14.793 efectivos, representaba el porcentaje más significativo, el 40,7% del total de las Entidades Gestoras. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, responsable del pago de las prestaciones, cuenta con 12.782 efectivos, y el Instituto Social de la Marina, con 1.850 personas.

El miembro de la Ejecutiva Confederal de CC.OO., Jordi Ribó, ha calificado esta mañana de "paripé" la votación que se desarrollará este martes en el Senado sobre la reforma laboral.

En una rueda de prensa, en la que también ha participado el secretario general del mismo sindicato en La Rioja, Koldo González, el catalán ha desgranado los muchos "retrocesos" y algún avance del texto.

"Hoy no será un gran día", ha afirmado Ribó parafraseando a su paisano Joan Manuel Serrat, debido a la citada votación. "La mayoría de las señorías que hoy votan en el Senado, no conocen la realidad laboral de este país", ya que de lo contrario emitirían un voto negativo, ha opinado el sindicalista.

Ha acusado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de querer "sacar ventaja" de la crisis y de ejercer su presión a través del partido Convergència i Unió (CiU) para "empeorar más si cabe el decreto planteado por el PSOE".

En su opinión, los objetivos de esta entidad deberían ser atraer la inversión productiva y dinamizar el tejido productivo, "que lo hay", ya que España es "un país rico en agricultura e industria". La sociedad española "no se merece expresiones tan cavernícolas" tales que, la precariedad y el abaratamiento del despido" son la solución a la crisis.

Ribó también se ha referido a las recientes informaciones publicadas por el diario ‘La Vanguardia’, según las cuales la agencia de calificación ‘Moody’s’ estaría "preocupada" por el "excesivo" recorte del gasto público. En su opinión, se trata de una muestra más de que el Gobierno central debería "dar marcha atrás" en sus reformas.

LA REFORMA TRAS LAS ENMIENDAS

Ribó ha reiterado las posiciones del sindicato sobre la reforma. Ha afirmado que el texto aprobado el pasado 29 de julio "ha incidido en los efectos negativos" del decreto de reforma aprobado el 16 de junio. En su opinión las enmiendas incluidas, "salvo excepciones, mantienen o incrementan la pérdida de derechos individuales y colectivos de los trabajadores" provocada por el decreto inicial.

El catalán ha desgranado diversos aspectos del texto. Respecto a la contratación, ha criticado que la ley suprime la obligación para las empresas de emitir un "documento justificativo de la condición de trabajador fijo" cuando se superan los plazos del contrato de obra y de encadenamiento. La obligación "se traslada a los Servicios Públicos de Empleo", que deberán emitir dicho documento sólo cuando se superen los plazos de encadenamiento.

Ribó también ha reconocido pequeñas "mejoras". En concreto, ha explicado que los trabajadores que carezcan de representación legal en su empresa, podrán elegir a tres miembros de la plantilla como portavoces o una Comisión de otras tantas personas integrada por los sindicatos. Podrá hacerse, por ejemplo, en caso de ERE o modificación "sustancial" de las condiciones de trabajo, entre otras.

Respecto a las nuevas condiciones que justificarán la extinción de contrato, Ribó ha afirmado favorecen "el poder unilateral y discrecional del empresario para despedir". Ha criticado con dureza que el texto prevé causas como "la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos". En su opinión, son condiciones muy ambiguas, que facilitarían enormemente el despido.

También se ha referido al contrato de fomento de contratación indefinida. Ha criticado que el plazo de inscripción de los demandantes de empleo se reduce de tres a sólo un mes. Además, ha protestado ante la ampliación a siete años del contrato de prácticas una vez acabados los estudios. "Veremos becarios con 35 años", ha vaticinado.

Respecto a las indemnizaciones, el sindicalista ha recordado que la empresa deberá abonar el importe total al trabajador y después solicitar al FOGASA el pago de los ocho días por año, que debe financiar este organismo.

Una "mejora", que no soluciona el problema de los trabajadores que deben acudir a este organismo, en supuesto de insolvencia por parte de los empresarios.

El absentismo ha sido otro de los temas tratados en la reunión. Ribó ha criticado el "inmenso poder que se les quiere dar a las mutuas" a las que se ha tildado de "patronales". El texto contempla que las mutuas puedan destinar parte de sus excedentes a reducir las cuotas que las empresas pagan a la Seguridad Social. "Es una privatización encubierta de la Seguridad Social".

Además, tras la aprobación del texto, será motivo de despido objetivo "las faltas de asistencia justificadas, pero intermitentes", cuando el absentismo del total de la plantilla supere el 2,5 por ciento, frente al cinco por ciento que Como hecho "positivo", ha destacado que se amplían las bonificaciones de las cuotas empresariales a los socios trabajadores de cooperativas y sociedades laborales incluidos en la Seguridad Social.

Por último, el miembro de la Ejecutiva Confederal se ha referido a la negociación colectiva. Ha explicado que en los procesos de negociación, de no haber acuerdo en seis meses entre sindicatos y patronales, el Gobierno podrá adoptar iniciativas legislativas al respecto. En opinión del catalán, esta iniciativa "salta por los aires la negociación colectiva", que en España "no era modélica", pero sí mejor a la actual.

El Ayuntamiento de Mijas concedió ayer la licencia de obra para el primer centro médico y administrativo que Corporación Mutua crea en España, que dará cobertura a unos 15.000 trabajadores del municipio y localidades del entorno como Benalmádena, Fuengirola, Alhaurín y Coín. Se trata de un proyecto de "gran envergadura", según aseguró el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez. "Es un centro necesario y que supondrá un salto cualitativo muy importante tanto para las empresas como para los propios trabajadores", añadió el primer edil.

Corporación Mutua es una agrupación de ocho mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que pone en común y a disposición de las empresas mutualistas y trabajadores protegidos de cada una de las entidades que la integran los medios, los recursos y la red de centros asistenciales, ambulatorios y hospitalarios. El nuevo centro de la corporación se pondrá en marcha a primeros de año en un local de 1.500 metros cuadrados, situado en la Avenida de Andalucía (Las Lagunas). "Es un lugar neurálgico y que la propia empresa ha entendido como la zona idónea para la ubicación del futuro centro por ser donde se concentra la mayoría del tejido empresarial mijeño", comentó Sánchez.

Se trata de un centro de servicios asistenciales y administrativos para el tratamiento y la atención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para el control y gestión de bajas por enfermedad común.