Los órganos de gobierno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no tienen una toma de posición cerrada acerca de la propuesta para reformar el sector sociosanitario de la que se hacía eco ayer este diario.
Como adelantó EXPANSIÖN, la Comisión de Sanidad interna de la institución tiene sobre la mesa una propuesta para acometer cambios profundos en el sector de la sanidad y los servicios sociales, diseñada por una de sus organizaciones.
En concreto, el documento hace alusión a una serie de políticas que ayudarían a que las administraciones públicas puedan ahorrar más de cinco mil millones de euros, entre los años 2011 y 2015. El informe no ha sido objeto de votación por la cúpula de Díaz Ferrán, si bien ya ha sido comentado en varios plenos del Comité Ejecutivo, celebrados esta primavera.
La limitación de las prestacioens económicas a cuidadores informales de los usuarios de la Ley de Dependencia; la colaboración público privada en la gestión de centros y hospitales; el copago por consulta o la racionalización de las oficinas de farmacia son algunas de las medidas explicadas.
El sector sociosanitario mueve anualmente el 9% del PIB, un filón cada vez más valorado por los inversores.

La ley, que establece por primera vez un sistema de protección por cese de actividad para este tipo de trabajadores, ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor dentro de tres meses, lo que dará el pistoletazo de salida para el cobro de estas prestaciones públicas.
Los autónomos deberán solicitar a su Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
La duración de la prestación estará en función de los períodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la situación de cese de actividad de los que, al menos, 12 deben ser continuados e inmediatamente anteriores a la inactividad.
Así, cobrarán la prestación durante el máximo de 12 meses quienes hayan cotizado más de 48 meses, mientras que el plazo se reducirá a 8 meses para quienes tengan un período de cotización de entre 43 y 47 meses.
El período de cobro se irá reduciendo paulatinamente hasta los dos meses para aquellos que hayan cotizado entre 12 y 17 meses, según figura en la ley.
No obstante, se establecen mejoras en los plazos de percepción de la prestación para los trabajadores autónomos que hayan cumplido 60 años, hasta la edad en que puedan causar derecho a la pensión de jubilación.
Le ley publicada contempla inicialmente que los emprendedores cobren una nueva prestación no contributiva de 425 euros durante un máximo de seis meses siempre que hayan cesado en su actividad profesional a partir del 1 de enero de 2009 y que no reciban ninguna otra ayuda pública.
No obstante, el PSOE ya ha iniciado los trámites para eliminar esa posibilidad a través de una enmienda en la reforma laboral, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados y que está pendiente de debatirse en el Senado.

La ley que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre protección por cese de actividad de trabajadores autónomos supone para este colectivo
"un hito histórico". Así lo califica el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que espera que unos 700.000 trabajadores por cuenta propia empiecen a cotizar durante el primer año para tener acceso a la prestación.

Para alcanzar este objetivo, ATA iniciará pronto una campaña informativa que acerque a los autónomos el contenido de la nueva figura de protección social, que entrará en vigor en noviembre. Entonces, por primera vez, estos trabajadores podrán solicitar a las mutuas de la Seguridad Social el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad.

Aquellos que quieran acceder a la prestación tendrán que cotizar el 1,7% por la misma (unos 13 euros al mes para la mayoría de los autónomos, según Amor), además de otro porcentaje por las contingencias profesionales -accidentes de trabajo y enfermedades profesionales-. Estas se mueven entre el 1,5% y el 7% dependiendo del grado de riesgo de la actividad, y también serán obligatorias para tener protección frente al desempleo.

Hoy las cotizaciones por contingencias profesionales son voluntarias para todos los autónomos excepto para los económicamente dependientes y los que realizan trabajos de mucho riesgo (aunque todavía está por concretar cuáles pertenecen a esta categoría).

Es decir, que el autónomo que quiera prestación por desempleo tendrá que inscribirse forzosamente en una mutua y cotizar, por ejemplo, un 3% por contingencias profesionales (esto depende de su actividad) más un 1,7% (que será igual para todos). Actualmente unos 540.000 autónomos de los 3.100.000 que hay en España ya cotizan por accidente y enfermedad.

La duración de la prestación estará en función de los periodos de cotización anteriores al cese de la actividad. Se podrá cobrar, como máximo, durante un año, siempre que se haya cotizado al menos 48 meses, 12 de los cuales de forma continuada e inmediata a la situación de paro. En el otro extremo, el mínimo para recibir la prestación es haber cotizado durante 12 meses, lo que daría derecho a 2 meses de cobro.

Esto se traduce en que un autónomo que se inscriba en noviembre, cuando entra la ley en vigor, no podría empezar a gozar de una hipotética prestación por desempleo hasta noviembre del año que viene. Se trata de los primeros pasos de un nuevo derecho social o, como prefiere Amor, de "un gran paso adelante que va a favorecer a los emprendedores, un colchón para que pierdan el miedo a que sus proyectos no salgan bien".

La ley también contempla el cobro de 425 euros durante un máximo de seis meses para aquellos que hayan dejado de trabajar a partir del 1 de enero de 2009, no tengan ingresos, se encuentren buscando empleo e inmersos en algún proyecto de formación. La medida, propuesta por CIU, trata de ofrecer a los autónomos la misma ayuda que reciben los asalariados que han agotado sus prestaciones. ATA solicita una prolongación de ese plazo de seis meses, en un intento de equipararse de verdad a los asalariados, mientras que el PSOE pretende eliminar esta prestación no contributiva. La cuestión está pendiente de debatirse en el Senado, en el marco de la reforma laboral.

La Seguridad Social reclama 14.123.169 euros correspondientes a 24.640 reclamaciones a varias sociedades en concepto de compensaciones indebidas por el abono de la prestación de Incapacidad Temporal (IT). La Tesorería General de la Seguridad Social ha enviado una carta a las empresas que presentan irregularidades en la liquidación de cotizaciones, por la que se requiere el reintegro de las cantidades indebidamente descontadas por el pago delegado de la prestación de IT. En la comunicación, se recuerda a las empresas afectadas que podrán solicitar el aplazamiento del pago para hacer frente a la deuda reclamada.

Para agilizar el proceso burocrático, cuando se produce la baja de un trabajador por enfermedad, la Tesorería General de la Seguridad Social delega en las empresas el abono de la prestación por incapacidad temporal a los trabajadores que se encuentran en baja laboral y posteriormente estas cantidades se descuentan de las cotizaciones que las empresas deben ingresar en la Seguridad Social.

Siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social dictó el pasado mes de abril una Resolución en la que se establecen diversos procedimientos de remisión de información, de comprobación, control y, en su caso, reclamación de deuda de las compensaciones por pago delegado de la Incapacidad Temporal