El director de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), Manuel Rodríguez Rosario, ha anunciado este jueves la composición de la nueva junta directiva de la entidad, con los nombramientos de al menos seis nuevos miembros, entre los que destacan el nuevo presidente, José Fernando Rodríguez de Azero –presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife– y el nuevo vicepresidente, Sebastián Grisaleña Sánchez, –presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas de Gran Canaria–.

Rodríguez, director gerente de MAC –mutua canaria integrada en Corporación Mutua– ha mostrado en un comunicado su "satisfacción" por la nueva composición de la junta directiva, precisando que la Mutua de Canarias, como entidad colaboradora de la Seguridad Social, asegura así una gran representación del empresariado y de las instituciones canarias, puesto que "la Mutua de Canarias siempre ha sido una referencia del mutualismo en nuestro Archipiélago".

Asimismo, puntualizó que "la nueva junta directiva nos ayudará a hacer frente a los nuevos retos del mutualismo del siglo XXI".

Por su parte, Octavio Calderín, subdirector de MAC, agregó que la nueva junta directiva vive "un momento ilusionante" y destacó "la buena marcha" y la "solidez" de la Mutua de Accidentes de Canarias, "una institución ya casi centenaria y bien enraizada en la sociedad canaria".

El resto de integrantes de la junta directiva de la Mutua de Canarias son Juan Manuel Santana Pérez, en representación del Gobierno de Canarias; Isaac Valencia, por parte del Ayuntamiento de La Orotava; Mario Cabrera González, en representación del Cabildo de Fuerteventura, y María Elena Luis Domínguez y Manuel Ramón Plasencia Barroso, en representación de los ayuntamientos de La Guancha y Alajeró, respectivamente.

Además, esta nueva junta directiva de la Mutua de Canarias, se completa con Domingo González Vega como representante de los trabajadores y Pedro Alfonso Martín en representación de la confederación provincial de empresarios de Santa Cruz de Tenerife.

El resto de representantes de la junta, procedentes de la esfera empresarial regional, son Miguel Ángel Escudeiro Portela (Sucesores de Manuel Escudeiro S.L.), Antonio Díaz Barroso (Cafesa), Francisco Javier Hernández Cabrera (CajaCanarias), Pedro Eustaquio Pérez García (Almacenes La Venta Nueva S.L.), Teodomiro Robayna García (Aguas del Sur, S.A.) y Myriam Martín Sáenz (Motor Ari, S.A).

La Mutua de Accidentes de Canarias, según su memoria de resultados del año pasado, ingresó un total de 72,40 millones de euros, consolidando una cuota de mercado cercana al 22 por ciento. Actualmente, la MAC tiene casi 10.000 empresas afiliadas y unos 130.000 trabajadores protegidos.

Entre las principales novedades impulsadas por su Director Gerente destacan las sinergias establecidas con Corporación Mutua (alianza de ocho de las principales mutuas de la Seguridad Social) y la puesta en marcha de un exitoso teléfono 24 horas para la atención de urgencias médicas. Asimismo, este año la MAC presentó su nueva flota de ambulancias y ha impulsado, a través de su Responsabilidad Social Corporativa y del Foro MAC, las colaboraciones y convenios con numerosas instituciones públicas y privadas y colectivos sociales de Canarias, a través, sobre todo, de la celebración de actividades en sus sedes sociales de Las Palmas de Gran Canaria (Clínica MAC, ubicada en el Paseo de Chil) y Santa Cruz de Tenerife (Casa Elder, en la calle Robayna de la capital santacrucera).

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este jueves en el Congreso por la ministra de Economía, Elena Salgado, reduce en un 8,1 por ciento la partida de Educación para 2011, que recibe un total de 2.840,58 millones de euros.

Según la propuesta del Gobierno, las actuaciones a financiar en este ámbito tienen, entre otros objetivos, mejorar el rendimiento escolar, reforzar la Formación Profesional, internacionalizar las universidades, dotar de mayor autonomía a los centros e impulsar la formación del profesorado y la cultura de la evaluación.

El proyecto recoge un incremento de un 2,6 por ciento, con respecto al ejercicio anterior, en el programa Becas y ayudas a estudiantes, cuyos créditos para transferencias corrientes alcanzan 1.429,85 millones de euros lo que, en su opinión, garantiza que la falta de recursos económicos no afecte al acceso y a la continuidad de estudios de ningún estudiante. Además, el de Préstamos-renta cuenta con una dotación de 104 millones de euros para financiar estudios de Máster y doctorado.

Asimismo, el programa Educa 3 recibe un total de 100 millones de euros, destinados a la creación de plazas para el primer ciclo infantil (de 0 a 3 años). Los presupuestos también recogen unos fondos de 60 millones de euros destinados al Plan PROA, que se materializan en programas de apoyo y refuerzo educativo en centros de primaria y secundaria.

Además, con el objetivo de disminuir el abandono escolar temprano se han presupuestado 45 millones de euros y la cantidad destinada al Programa Escuela 2.0, continuará el proceso de transformación de las aulas tradicionales de 5 y 6 de Primaria y de 1 y 2 de Secundaria, en aulas digitales, es de 100 millones de euros. También se destinarán unos recursos de 32 de millones de euros para impulsar el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Por otro lado, en lo referido a Programa de enseñanzas universitarias –cuyas competencias están transferidas– los presupuestos presentados destinará 399,61 millones de euros (un 6,8 por ciento más que en el ejercicio anterior) a la financiación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Concretamente, el Gobierno ha destacado, como principales medidas, que el Programa Campus de Excelencia Internacional contará con un gasto de 98,34 millones de euros (un 8,7 por ciento más que el año pasado); que el presupuesto de las becas y ayudas para formación, perfeccionamiento y movilidad de profesores será de 102 millones de euros; y que el de las actuaciones para internacionalización del sistema universitario español recibirá un total de 10 millones de euros.

Por último, el Gobierno señala que se han consignado, como parte de la política de impulso a la Formación Profesional, 28 millones de euros para el reconocimiento de competencias profesionales; 19,5 millones de euros para la creación de una plataforma de formación profesional a distancia; y 37,77 millones para un plan estratégico de formación profesional.

Sanidad
El Gobierno destinará el próximo año un total de 4.254,49 millones de euros a la política de sanidad, lo que supone una reducción del 8,2% respecto al ejercicio anterior, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales.

El volumen más importante de estos recursos, con un total de 2.088,33 millones de euros, corresponde al mutualismo administrativo, es decir, el que financia la asistencia sanitaria que prestan estas entidades a través de sus redes asistenciales propias o mediante conciertos con otras instituciones sanitarias. Esta dotación se ha reducido un 0,8 por ciento respecto al año anterior.

Además, el próximo año el Fondo de Cohesión Sanitaria contará con 87,20 millones de euros; el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, percibirá con 30,27 millones; las estrategias de salud recibirán 17,12 millones y al Plan de Salud Bucodental se destinarán 17,12 millones. Por lo que se refiere a las funciones vinculadas con la política farmacéutica de medicamentos y productos sanitarios, las cuentas del Estado les han reservado unas dotaciones de 12 y 2,86 millones respectivamente.

En este sentido, el Gobierno puntualiza que el real decreto de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, aprobado el pasado 26 de marzo, y el real decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público del pasado mayo, "conllevan una disminución del gasto farmacéutico, lo que queda reflejado en los presupuestos de las distintas entidades que desarrollan este tipo de gastos, como sucede con el instituto nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) o con las mutualidades de funcionarios".

Precisamente, los créditos destinados a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ascienden a 1.380,75 millones; los del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, a 228,12 millones para la prestación sanitaria en Ceuta y Melilla, y los créditos del Instituto Social de la Marina, a 32,11 millones. La asistencia hospitalaria prestada por el Ministerio de Defensa en sus propios hospitales militares contará con una dotación de 175,83 millones.

Los presupuestos destinados a sanidad también incluyen 48,93 millones de euros para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y 17,40 millones para la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Finalmente, la Organización nacional de Trasplantes percibirá 3,97 millones para sus actividades.

Investigación
Salgado dijo hoy que el presupuesto para las actuaciones directas en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) se ha recortado un 1,6% en el marco de una reducción general del gasto estatal del 7,9%.

Salgado recordó que las políticas de I+D+i constituyen una prioridad para el Gobierno, por lo que la reducción del gasto en este caso permitirá mantener el Plan Nacional de Investigación y la Estrategia Estatal de Innovación.

En total, el Ministerio de Ciencia e Innovación disminuye sus gastos un 7,7%, frente a la media del 15,6% del conjunto de los Ministerios, si bien Salgado explicó que buena parte de ese recorte se debe a la reducción de las retribuciones. En lo que respecta al presupuesto para Educación, la vicepresidenta subrayó que el importe previsto para becas aumenta el 2,6%, hasta 1.430 millones de euros, lo que permitirá a casi el 57% de los estudiantes acceder a un beca universitaria.

La aprobación de la reforma laboral el pasado día 9 en el Congreso no es el punto final. En las disposiciones adicionales de la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, nombre oficial del texto, se recogen las tareas pendientes tanto para el Gobierno como para los agentes sociales. Entre ellas está el desarrollo de tres reglamentos, varias leyes, algún real decreto y la reforma de la negociación colectiva. El Ministerio de Trabajo ya se ha puesto manos a la obra en un caso: el que supone trasladar de la jurisdicción administrativa a la social los recursos contra los Expedientes de Regulación de Empleo. Los otros puntos son los siguientes:

– Agencias de colocación. El reglamento más urgente a desarrollar es el de las agencias privadas de colocación. Antes de que acabe el año, el Gobierno tiene que desarrollar el que abra la puerta de la intermediación laboral a las empresas privadas. La reforma obliga al Ejecutivo a consultarlo con las comunidades autónomas y con los sindicatos y empresarios.

– Fondo para el despido. El texto aprobado finalmente fija hasta el 18 de junio de 2011 para aprobar una ley que regule el llamado modelo austriaco de despido. Consistirá en un fondo de capitalización que se nutrirá de cuotas sociales empresariales (no subirán las que ya se pagan). El fondo financiará parte del despido de trabajadores indefinidos.

– Formación Profesional. La reforma da seis meses al Ejecutivo para aprobar un real decreto en el que se regule un nuevo sistema de formación profesional.

– ETT en la Administración. Antes del 1 de abril, las Administraciones tienen que negociar los criterios bajo los que se permite a las empresas de trabajo temporal participar en la Administración. También tienen que negociar con los sindicatos cómo estas empresas entran en la construcción y otros sectores de riesgo.

– Negociación colectiva. La reforma laboral pone deberes a los agentes sociales. Les da un plazo de medio año para pactar la reforma de la negociación colectiva. En caso contrario, tendrá que hacerla el Gobierno. Además de estos aspectos, la reforma recoge cambios en la gestión de la incapacidad temporal para las mutuas, la vinculación de políticas activas de empleo y pasivas o modificaciones del sistema de prestaciones cuando baje el paro.

El Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) ha sido sede de una reunión con responsables en prevención y seguridad en el trabajo para presentar el portal Prevencion10.es, una herramienta informática diseñada para aplicar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 en empresas de menos de diez trabajadores, que en Navarra constituyen más del 50% del tejido empresarial, de las que aproximadamente el 30% son oficinas.

La norma permite que el empresario ejerza de responsable de prevención y seguridad laboral en estas microempresas. Esta posibilidad estaba abierta hasta ahora sólo para empresas de menos de 6 trabajadores.

A este fin, se ha creado un sistema de asesoramiento para que el empresario organice la prevención en su empresa, lleve a cabo autoevaluaciones de riesgos y la selección de medidas preventivas apropiadas, a través del portal Prevención10.es. Este portal contiene la plataforma evalua-t, accesible desde la página índex del portal, en la que se ofrece información sobre el procedimiento y formularios específicos para, oficinas, peluquerías, floristerías y tintorerías.

El uso de este sistema informático de asesoramiento exige que el usuario tenga DNI electrónico o certificado digital. Para la puesta en práctica, los empresarios cuentan con la colaboración de graduados sociales, con cuyo colegio profesional hay firmado un convenio de ámbito estatal para este fin.

En el acto de presentación, han intervenido, Alberto Margallo Lana, director gerente del INSL, y Concepción Pascual Lizana, directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). La ponencia técnica ha estado a cargo de Marta Jiménez Águeda, directora de programas estratégicos de este último organismo.

El peculiar sistema de atención sanitaria de los funcionarios que está vigente en España desde 1975 –conocido como modelo Muface– sigue bajo el cerco del Gobierno. Ayer, este periódico adelantó que varios ministerios se muestran partidarios de excluir de este régimen a los empleados públicos que se incorporen a la Administración a partir de una determinada fecha, lo que implicaría que ninguno tendría la opción de elegir cada año entre recibir asistencia en la Sanidad Privada o la Pública.

Un sector del Ejecutivo cree en cambio que todavía no ha llegado el momento para dar el paso, especialmente tras la ira desatada en los sindicatos a raíz del tijeretazo y la reforma laboral.
Sin embargo, las intenciones de una parte del Gobierno no se detienen en el simple debate sobre el modelo y, por lo que parece, tampoco se circunscriben sólo a los nuevos funcionarios que se incorporen a la Administración. Fuentes gubernamentales aseguraron ayer a LA RAZÓN que el pacto por la Sanidad que está fraguando el diputado de IU Gaspar Llamazares a instancias del Ministerio de Sanidad incluirá un punto sobre los regímenes especiales. El objetivo, aseguran, es que la subcomisión creada para alcanzar tal pacto en el Congreso actúe como «parapeto» del Ejecutivo, instando al mismo a que pacte un proceso de integración de las mutualidades públicas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
De acuerdo con las mismas fuentes, esta iniciativa implicaría la desaparición de Muface como sistema, y la integración de sus afiliados dentro del Sistema Sanitario Público. En total, habría alrededor de 1,2 millones de funcionarios públicos afectados por el cambio, aunque la cifra se elevaría hasta superar los dos millones, teniendo en cuenta a sus familiares y beneficiarios.
De subcomisión a subcomisión
Fuentes del Ejecutivo remarcan no obstante que no sería la Subcomisión para el Pacto de Estado por la Sanidad la que determinaría tal transformación, sino que correspondería dar el paso definitivo a la Subcomisión del Pacto de Toledo.
Los planes del Gobierno no se detienen en el conocido globalmente como Modelo Muface, un régimen en el que figuran los funcionarios de la Administración Civil del Estado, los que trabajan en la Administración de Justicia (se denomina entonces Mugeju) o el personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil (entonces se llama Isfas). La idea es utilizar también la Subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado en la Sanidad con el fin de «reconsiderar el papel de las mutuas en el sistema de salud, en referencia a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

CEOE, con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha puesto a disposición de los empresarios, de forma gratuita, nuevas mejoras en la herramienta informática denominada Programa para la Coordinación de Actividades Empresariales (PCAE), que les ayudará en la coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales, y que actualmente cuenta con más de 1.300 empresas registradas.

Durante el primer semestre de 2010, y atendiendo a las solicitudes recibidas por parte de los empresarios, se han realizado las siguientes mejoras:

Rediseño de los servicios generales de la herramienta: Con la inclusión de una nueva barra superior, que permite el rápido acceso a la selección del centro de trabajo, a la descarga del manual de usuario y a la consulta de las FAQS. También se ha mejorado el menú principal para facilitar el acceso a las diferentes secciones del programa.

Informes: Se ha incluido en el programa una sección de nuevos informes, desde donde se pueden realizar consultas sobre el estado de la documentación, y hacer el seguimiento de los centros de trabajo, así como de los trabajadores que concurren en los mismos, por diferentes criterios y opciones de búsqueda.

Ayudas: Se ha actualizado el contenido de todas las ayudas que ofrece el programa en cada una de las secciones.

Se ha modificado la ficha de empresa: Desde el 20 abril, por el artículo 11 y por la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1109/2007 del 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 del 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, se establece que las empresas que no tengan al menos el 30% de su plantilla contratada con carácter indefinido, no podrán ser subcontratadas para desarrollar trabajos de construcción. Anteriormente sólo se requería tener un mínimo del 20% de los trabajadores contratados de forma indefinida.

Gestión de histórico de documentos: Se ha implementado un histórico de documentos que permite mantener una copia fechada de los diferentes documentos empleados en el proceso de coordinación.

Nuevo servicio de alerta documental: Este nuevo servicio informa al usuario correspondiente de los documentos que han caducado y de los que lo harán en menos de 15 días. Dicha información, estará siempre presente y actualizada en la página de inicio de la herramienta.

Registro de actividad: Se ha desarrollado un registro con todas las actividades realizadas en la herramienta por cada usuario, de forma que cada empresa pueda consultarlas en cualquier momento.

Control de acceso: Desde este módulo la empresa podrá realizar un control de acceso de los trabajadores temporales en su centro de trabajo, comprobando si están autorizados para ello. Toda la información de los accesos, quedará registrada para facilitar posteriores consultas o verificaciones.

Gestión de documentación obligatoria: Este módulo permite configurar y gestionar la documentación obligatoria, que en su caso, la empresa Titular/Principal solicite a las empresas concurrentes en sus centros de trabajo.

Toda la información relativa al programa PCAE, así como el Manual de Usuario y la Guía Práctica para la Coordinación de Actividades Empresariales se encuentra en www.pcae.es.