La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras, continuando con su campaña de acciones contra los recortes salariales impuestos por el Real Decreto Ley 8/2010 interpodrá, ante la sala de lo social de la Audiencia Nacional, Demandas de Conflicto Colectivo por incumplimiento del Convenio Sectorial contra aquellas Mutuas en las que el proceso negociador para la aplicación de la reducción del 5% en la masa salarial haya concluido sin acuerdo y no se esté garantizando la percepción íntegra de las tablas salariales del Convenio, que establecen las percepciones mínimas para 2010 de las personas que trabajan en empresas del sector.

Del mismo modo, los Conflictos Colectivos se harán extensivos a las Mutuas en las que no se haya abierto el proceso de negociación colectiva para determininar la distribución y aplicación individual de la reducción del 5% en la masa salarial que establece el apartado Tres del artículo 25 de dicha norma legal, y que ha sido confirmada por los oficios emitidos por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

En ambos casos, COMFIA-CCOO solicitará a la Audiencia Nacional la inaplicación directa del recorte del 5% sobre las nóminas individuales de los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas, o subsidiariamente, que garantice la percepción íntegra de los salarios establecidos en las tablas del Convenio, fruto de la negociación colectiva entre los legítimos representantes de los trabajadores y de las empresas.

De la cifra de 694,46 millones de aportación de las mutuas a los fondos de la Seguridad Social, 69.253.390,73 euros pasarán al Fondo de Reserva. Esta cantidad, según el artículo 73.3 del Reglamento General de Recaudación, procede del excedente de la gestión de las contingencias comunes de las mutuas, una vez que han dotado en su cuantía máxima la reserva específica. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera los 62.500 millones de euros.
El Fondo de Prevención y Rehabilitación recibirá 625.207.726,74 euros. Esta cantidad proviene del exceso de excedentes de las mutuas en su gestión de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que después de cubrir la provisión y reservas obligatorias, deben destinar el 80% del exceso de excedentes a prevención y rehabilitación. El Fondo de Prevención y Rehabilitación se aproxima a los 4.500 millones de euros.
Hasta el año 2004 no se produjo ninguna aportación de las mutuas al Fondo de Reserva y las aportaciones al Fondo de Prevención y Rehabilitación representaban aproximadamente el 10% de las aportaciones actuales (41,72 millones de euros en 2003 y 62,38 millones en 2004).
Las aportaciones son establecidas por las auditorías practicadas por la Intervención General a las cuentas de las Mutuas, y este año coinciden en un 99% con las propuestas formuladas por las entidades. La Seguridad Social considera que este dato, muy positivo, confirma que tras varios años de profundización en los procedimientos de control contable e inspección, las Mutuas ya presentan un nivel de transparencia similar a los departamentos de la Administración. En el año 2004 las Mutuas no estaban incorporadas a los sistemas de información contable permanentes de la Administración, y sus cuentas, muy descontroladas, daban origen a innumerables litigios.
El destino de los excedentes que generan las mutuas está regulado legalmente con el objetivo de que estas cantidades sirvan a las mutuas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones tanto en la cobertura de contingencias comunes, profesionales y accidentes de trabajo, como en la dotación de los fondos mencionados.

Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional podrán compensar a las empresas que promuevan programas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo o a flexibilizar el cambio de puesto de trabajadores enfermos, informó hoy el Ministerio de Trabajo.

La compensación se realizará a cargo de los excedentes de las mutuas y se destinarán a compensar los gastos en que incurran las empresa por poner en marcha dichos programas, que además deberán ser pactados entre empresarios y trabajadores.

Se trata de una de las medidas incorporada a la reforma laboral durante su tramitación parlamentaria para mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, de la que han informado los responsables de la Seguridad Social a los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales en la Comisión de Seguimiento celebrada este jueves.

Según informó Trabajo, esta medida ya existe, fruto de acuerdos emanados del diálogo social, para los programas de disminución de la siniestralidad laboral y de las enfermedades profesionales. Pero no existía aún para enfermedades que, sin pertenecer a los listados de enfermedad profesional, guardan relación con las condiciones de trabajo, tales como muchas de las patologías psicosociales.

Para el reconocimiento de este incentivo se exigirá un plan pactado, en el ámbito de la empresa, con la representación de los trabajadores.

La Administración de Seguridad Social ha ofrecido a representantes de trabajadores y empresarios pactar la regulación de estos procesos de colaboración, a fin de conseguir que la reducción del absentismo pase no sólo por el control, sino por la mayor flexibilidad de la jornada, el cambio de condiciones de trabajo, y la reubicación de los trabajadores enfermos, que mejoren la salud integral de los trabajadores.

Las mutuas también podrán anticipar procesos de rehabilitación derivados de lesión o enfermedad común de los trabajadores, y evitar que las listas de espera dilaten su recuperación con perjuicios para su salud.

En la reunión también se dio cuenta de la inclusión durante la tramitación parlamentaria, de una enmienda que garantiza el cobro en dinero líquido del salario mínimo interprofesional, evitando descuentos abusivos por salario en especie que afectaban a los colectivos más desfavorecidos (empleadas de hogar, contingentes extranjeros y otros).

CCOO y UGT acusaron hoy al Gobierno de modificar de forma unilateral materias de la Seguridad Social y de incumplir el Pacto de Toledo sobre pensiones.

En un comunicado conjunto, los sindicatos señalan que el Ejecutivo ha utilizado la tramitación parlamentaria de la reforma laboral para modificar "unilateralmente" materias de seguridad social.

Entre ellas destacan por "grave" la posibilidad de que las mutuas puedan gestionar una reducción de cotizaciones por contingencias comunes, "que son las que sirven para pagar las pensiones", subrayan.

Según CCOO y UGT, la actitud del Gobierno a favor del recorte de la protección social de los trabajadores y los pensionistas ha quedado patente "de nuevo" hoy en la reunión "de oficio" de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de medidas en materia de la Seguridad Social de los interlocutores sociales en el Ministerio de Trabajo.

En este sentido recuerdan la decisión de congelar las pensiones para 2011, la supresión del régimen transitorio de la jubilación parcial o el fortalecimiento de la gestión privada de las bajas laborales por enfermedad común por parte de las mutuas.

Ambos sindicatos acusan al Gobierno por su "falta de interés e incapacidad" a la hora de cumplir los compromisos del acuerdo de julio de 2006 en Materia de Seguridad Social, que todavía están bloqueados y que suponen mantener "sine die" la desprotección de los trabajadores agrarios y de las empleadas de hogar.

El incumplimiento, añaden, impide también la posibilidad de rebajar la edad de jubilación a los trabajadores en actividades penosas, tóxicas o peligrosas e insalubres.

Los sindicatos manifiestan su "preocupación" por que el Gobierno propone una reforma de pensiones basada únicamente en acuerdo parlamentario y excluye el papel que el Pacto de Toledo "reserva" a la participación de sindicatos y empresarios.

Por ello, reiteran su rechazo a una reforma del sistema de pensiones "unilateral, sin consenso ni acuerdo social" que "refuerza la necesidad" de ir a la huelga general del día 29.

Díaz Ferrán, que someterá previamente sus propuestas al comité ejecutivo, planteará revisar el Pacto de Toledo. En ese sentido, solicitará que se alargue la edad de jubilación, así como los años de contribución para calcular la cuantía de la pensión. El documento elaborado por la cúpula de la patronal no determina los años de ampliación; pero todo indica que respalda el proyecto del Gobierno de elevar la jubilación a los 67 años y el periodo de contribución a los últimos 20. Asimismo, la organización está a favor de la separación de fuentes de la Seguridad Social y de un tratamiento fiscal más adecuado para las pensiones privadas.
En cuanto a la huelga general, la CEOE se declara totalmente en contra y pedirá al Ejecutivo que se garantice el derecho a trabajar, así como que se adopten unos servicios mínimos apropiados con vigilancia de los piquetes. Según fuentes de la patronal, "la huelga es política, inoportuna, desacertada y en contra del poder legislativo, que ha aprobado una ley".
La patronal además exigirá al Gobierno que no contemple, en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, ninguna subida de impuestos y que se baje el gasto corriente.
En el orden del día de la junta directiva se recogen también otras cuestiones como el nombramiento como vicepresidente de Joan Gaspart en sustitución de Gonzalo Pascual a propuesta de Díaz Ferrán.