Unión de Mutuas ha puesto a disposición de los empresarios, trabajadores y fabricantes de equipos de la industria del mueble y la madera un manual de ergonomía, para implantar en las empresas sistemas de trabajo diseñados de manera ergonómica. El manual Ergomad supone una novedosa herramienta en prevención laboral que investiga los problemas de salud en el sector de la madera y mueble provocados por una situación deficiente de las condiciones ergonómicas en el diseño y uso de las máquinas. Ergomad se presentó en Benicarló, en el transcurso de una jornada en la que participaron el presidente de Asociación de Empresarios del Baix Maestrat, ACEBM, Juan Manuel Urquizu, el responsable de I+D+i de Unión de Mutuas, Javier Murcia, y la coordinadora de Ergonomía de Unimat Prevención, Consuelo Casañ.

Durante los últimos años, se viene registrando una creciente importancia de los problemas asociados a unas condiciones ergonómicas inadecuadas del trabajo, causantes de los trastornos músculo-esqueléticos. En la fabricación de muebles, según datos del Ministerio de Trabajo, el 38% de las bajas se deben a lesiones del sistema músculo-esquelético.

El manual detecta y evalúa factores de riesgo ergonómico, realiza un diagnóstico de las máquinas del sector des de un punto de vista de la ergonomía y recopila las correspondientes propuestas de mejora.

Se trata de la primera herramienta dirigida al sector que recoge el cumplimiento de los requisitos y principios ergonómicos basados en las directivas europeas, en las normativas UNE-EN de AENOR y los sistemas de certificación.

La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Asepeyo ha sido distinguida en la categoría de gran empresa en la V Edición del Premio Empresa Flexible 2010, que ha tenido lugar esta semana en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Estos galardones, creados por Comunicación de Valor Añadido y Sodexo, y patrocinados por, entre otros, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Manpower y ESADE, distinguen a aquellas empresas que cuentan con políticas de integración y flexibilidad destacadas.

Ricardo Alfaro, director de Recursos Humanos de Asepeyo, ha recogido este premio de manos de María del Carmen Navarro, directora general para la igualdad en el empleo y contra la discriminación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Esta nueva edición del Premio Empresa Flexible 2010, que se enmarca en la IX Campaña hacia el equilibrio de la vida profesional y personal, ha contado con la participación de entidades que han participado en las categorías de gran, mediana y pequeña empresa.

Durante los últimos años Asepeyo ha apostado por su compromiso con la responsabilidad social interna mediante el establecimiento de políticas que favorezcan la conciliación de la vida profesional y personal, y el bienestar de sus empleados. Entre otras acciones, la Mutua ha publicado el Plan de Igualdad Asepeyo Monalisa, según el cual ha firmado este año un protocolo de actuación para prevenir las situaciones de acoso sexual en el trabajo, se ha adherido al Charter de la Diversidad, una iniciativa que fomenta las políticas de igualdad, anti-discriminación y gestión de la diversidad en las empresas, y ha firmado el Primer Convenio Colectivo de la Mutua.

La importancia de algunas decisiones a veces pasa desapercibida para la mayor parte de la opinión pública en función de la complejidad del asunto. Así creo que ha ocurrido con la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de sendas enmiendas relativas a la regulación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y apoyadas por CIU y por el PSOE, durante la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
Trataré de arrojar algo de luz para dejar constancia de la importancia y trascendencia en el alcance de dichas enmiendas. El gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero pretendía una expropiación encubierta de las mutuas por la vía de trasladar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social los excedentes de estas centenarias entidades público-privadas, gestionadas por asociaciones de empresas, que protegen de contingencias a mas de 16 millones de trabajadores en el conjunto del Estado. En definitiva, la pretensión del Gobierno español no era otra que la de publificar las reservas que estas entidades, colaboradoras de la Seguridad Social, generan en la prestación de servicios para la recuperación de las lesiones y enfermedades ocasionadas por el trabajo y el pago de las correspondientes prestaciones a las trabajadoras y trabajadores.
Gracias a las enmiendas aprobadas no solo se ha conseguido frenar esa pretensión sino que se ha logrado que las mutuas continúen aportando niveles de mejora en las prestaciones que gestionan ya que ofrecen una atención rápida y eficiente, tal y como lo perciben los millones de usuarios cuando se manifiestan a través de las diferentes herramientas de medición de la satisfacción.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende que con las modificaciones introducidas en el Proyecto de Ley se ha corregido el rumbo de las pretensiones del Gobierno español al sentar las bases para que las mutuas puedan seguir ejerciendo el cometido para el que nacieron y que se diluye el riesgo de verse abocadas a desaparecer por el pretendido estrangulamiento económico al que se les quería someter.
Sin lugar a equivocarnos, podemos asegurar que a día de hoy las mutuas tienen más futuro que nunca. Y ello porque a través de las enmiendas aprobadas se han conseguido una serie de modificaciones que van a mejorar su funcionamiento. A expensas de cómo quede finalmente el texto de presupuestos, destacaría cinco grandes efectos positivos de dichas enmiendas.
En primer lugar, se ha simplificado el número de reservas que tenían las mutuas, y que obedecían a una regulación que había quedado obsoleta. De este modo se va a pasar de 5 a 2 reservas: una para Contingencias Profesionales y otra para Contingencias Comunes. Esta simplificación va a facilitar y a favorecer una mayor transparencia. Pero esta unificación se va a llevar a cabo manteniendo los actuales niveles de solvencia de estas entidades; o lo que es lo mismo, sin retirar ni un euro de las mismas, lo cual garantiza su solvencia, la calidad de sus servicios y el pago de las prestaciones.
Un segundo aspecto positivo que se va a conseguir con las enmiendas aprobadas es la confirmación de las actuaciones de las mutuas como entidades sin ánimo de lucro, ya que los excedentes no se distribuyen sino que revierten al propio sistema, bien sea al Fondo de Prevención y Rehabilitación, para impulsar actuaciones de fomento de prevención y primar la mejora de los resultados de siniestralidad, o a la dotación de reservas. Pero todos los excedentes siguen quedando en el propio sistema.
En tercer lugar destacaría que, con las mejoras que hemos pactado, se consigue otro efecto beneficioso para el conjunto del sistema mutual. Me refiero a que a partir de ahora se habilita la posibilidad de que se produzcan reducciones de cotización por Contingencias Comunes, siempre y cuando se reduzcan los costes de la incapacidad (baja de enfermedad) por debajo de unos niveles que en su momento se determinarán reglamentariamente.
Otro aspecto positivo que conlleva esta corrección a la Ley de Presupuestos, es el hecho de que se garantiza que las mutuas puedan seguir prestando ayuda de asistencia social a favor de las y los trabajadores o sus derechohabientes que hayan sufrido accidentes o enfermedades profesionales con grandes secuelas. Aspecto este de vital importancia y que a veces se quiere infravalorar, no sé si con deseos siempre confesables.
Finalmente, y como consecuencia de la situación económica que nos está tocando vivir, las y los trabajadores de las mutuas van a ver congeladas sus retribuciones durante 2011, pero se les va a mantener sus políticas de recursos humanos, políticas y sistemas de gestión de personas que garantizan los contrastados niveles de calidad asistenciales que prestan a las personas accidentadas o que han contraído una enfermedad de origen laboral. No hay que olvidar que gracias a la profesionalidad de las plantillas de las mutuas, se están consiguiendo niveles de atención sin listas de espera y duraciones de curación de procesos hasta tres veces inferiores a los del resto de sistemas públicos sanitarios.
Más allá de haber conseguido evitar un desastre en el sistema, tal como pretendía inicialmente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, creo que las modificaciones que durante el trámite parlamentario hemos introducido aportan criterios de racionalidad, de confianza, de mayor seguridad y garantía para aspectos tan importantes en la vida de las y los trabajadores como son la protección de las contingencias profesionales, las prestaciones económicas, seguimiento de bajas de enfermedad y la promoción de actividades de prevención en la salud y en la seguridad laboral .
Cuando hoy se están cuestionando los sistemas públicos que garantizan el denominado Estado del Bienestar, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro con responsabilidad mancomunada público-privada y que colaboran con la Seguridad Social, se hacen absolutamente necesarias en la prestación de los servicios a sus empresas asociadas, a sus trabajadoras y trabajadores dependientes y a los autónomos adheridos.

Ayer 22 de diciembre se ha procedido a la firma del Plan de Igualdad de La Mutua de Accidentes de Trabajo, Fraternidad Muprespa, que constituye el marco de actuación de la Mutua en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, para el periodo 2011-2013.
El Plan de Igualdad parte de un Diagnóstico de situación de la entidad, que ha permitido identificar la situación de partida de Fraternidad Muprespa en cada una de las áreas de actuación previstas en la Ley de Igualdad.
Tanto el Diagnóstico de situación como el Plan de Igualdad han sido el resultado de un intenso trabajo realizado en el seno de la Comisión de Igualdad de forma consensuada con la representación de los trabajadores.
La Dirección de la Mutua se congratula especialmente de haber sido capaces de consensuar no solo el propio Plan sino también el diagnóstico previo. La Entidad es firme defensora de los principios que sustentan la Ley de Igualdad y de que su aplicación no es algo novedoso o sorpresivo para nuestra Mutua sino, más bien, al contrario: Fraternidad Muprespa siempre ha procurado trabajar con premisas de responsabilidad y no discriminación, sin perjuicio de ir poniendo en marcha de forma progresiva y a lo largo de toda la vigencia del Plan las medidas y herramientas que nos permitan mantener y mejorar de forma continua nuestra actuación en esta materia.

Con más de 225.000 bajas laborales al año, el País Vasco es la comunidad autónoma que registra la mayor duración media por baja de incapacidad temporal (37 días) y genera los mayores costes por este concepto (una media de casi 60 euros por afiliado y mes), según se puso de manifiesto en una jornada que la revista MEDICAL ECONOMICS celebró el pasado jueves en Bilbao con la participación de expertos de la Administración y Universidad del País Vasco y la colaboración de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Los costes generados por incapacidad tempral (IT) en Vizcaya, 59 euros de media por afiliado y mes de enero a agosto de este año, son los más altos del Estado español, duplicando prácticamente a los registrados en Madrid y Barcelona, según desveló Antón Borja, profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, en dicha jornada, que congregó a representantes de la medicina de Atención Primaria, las mutuas de accidentes de trabajo, empresas, Osakidetza e Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La Jornada fue inaugurada por Pilar Collantes, directora del Instituto Vasco de Salud Laboral (Osalan), quien aseguró que la IT "constituye un problema de primera magnitud en Euskadi". Por su parte, Xabier Elexpe, jefe del Servicio de Inspección Médica del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, dijo que el absentismo por IT "es el mayor en las comunidades costeras", destacando que el País Vasco ocupa en este concepto el tercer lugar tras Galicia y Murcia. Y agregó que el absentismo laboral entre el funcionariado de Euskadi triplica a la media global del País Vasco.

La Jornada contó asi mismo con la participación de Iñaki Igarzábal, presidente de la Sociedad Vasca de Medicina y Seguridad del Trabajo, y Juan Ignacio Goiria, presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, así como de destacados médicos de Atención Primaria y de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo.

Incentivar el retraso de la jubilación, elevar la base de cálculo, erradicar el fraude y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas son las grandes líneas del documento del Pacto de Toledo.

Pero, además, hay cambios importantes, como igualar a los autónomos con los trabajadores del Régimen General, concienciar a la población sobre el dinero que se paga por su futura pensión o saldar las deudas entre el Estado y la Seguridad Social.

Lainformacion.com ha tenido acceso al documento sobre el que han trabajado todos los grupos políticos y sobre cuyas recomendaciones el Gobierno reformará las pensiones en enero.

Aquí tienes los doce grandes puntos que se remitirán al Ministerio de Trabajo y que el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, convertirá en ley:

1-. Separar las fuentes de financiación: El Pacto de Toledo recomienda que las pensiones no contributivas y sus complementos mínimos se asuman con cargo a Presupuestos, mientras que la Seguridad Social sólo se hará cargo de las pensiones contributivas, que se financiarán exclusivamente con cotizaciones. Cualquier modificación de éstas, además, deberá garantizar la sostenibilidad del Sistema. También se recomienda saldar la deuda del Estado con la Seguridad Social y que vayan contra Presupuesto el coste de las bonificaciones de políticas activas de empleo, las jubilaciones anticipadas y las ayudas a sectores determinados.

2- Mantener el poder adquisitivo de los pensionistas: Además de censurar la congelación de las pensiones, el Pacto de Toledo pide garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, pero abre la puerta a que éste, en vez de garantizarse aplicándole la subida del IPC, se haga conforme a la evolución de los salarios, de la economía o de las cotizaciones. También propone que la Seguridad Social sólo se haga cargo de los incrementos ligados al IPC, y que cualquier otra subida de las pensiones vaya contra Presupuestos.

3-. Fondo de Reserva: El Pacto de Toledo pide que se materialice de manera inmediata la incorporación al Fondo de Reserva de los excedentes pendientes y que se le confieran mayores recursos materiales y personales.

4-. Integración de los Regímenes Especiales: Equiparar la protección social de los autónomos con los trabajadores del Régimen General es una de las principales reclamaciones del Pacto de Toledo, que propone ofrecer incentivos a la continuidad de los autónomos dentro del mercado laboral una vez alcanzada la edad de jubilación, equiparar sus condiciones en el terreno de la jubilación anticipada o del trabajo a tiempo parcial y aproximar las bases de cotización los ingresos. También propone integrar a los becarios, empleados del hogar, y trabajadores de los Regímentes del Mar y Agrario al General; y terminar con la situación especial de las Clases Pasivas (funcionarios).

5.- Adecuación de las bases y periodos de cotización: Además de modificar este enunciado (en la anterior redacción del Pacto de Toledo era Mejora de las bases de cotización), los partidos proponen elevar el tope máximo de cotización y de pensión; y recomiendan que las bases se adecuen con la evolución de los salarios, las cotizaciones y las prestaciones; también dejan abierta la puerta a que, en casos excepcionales, se añadan o minoren los periodos o bases de cálculo.

6-. Incentivos al empleo: Convencidos de que las bonificaciones al empleo se han convertido en un coladero con pocos resultados, los partidos proponen limitar estas ayudas a situaciones y colectivos que se quieran favorecer puntualmente. No obstante, recomienda centrar estas políticas en los mayores de 55 años con empleo, para evitar que sean expulsados de la vida laboral y favorecer una edad de retiro más tardía.

7-. Modernización e información al ciudadano: Para concienciar a toda la población sobre la importancia de ahorrar para la jubilación y del coste que esto tiene para el Sistema, el Pacto de Toledo propone incluir en la nómina qué porcentaje se destina a la jubilación y cuánto dinero aporta también la empresa. Además, propone usar Internet para formar a la sociedad en esta materia y recomienda enviar una carta a todos los trabajadores todos los años informándoles de cuál sería su pensión proyectando su situación laboral de ese momento a futuro.

8-. Gestión del Sistema: Para garantizar un mejor funcionamiento del Sistema, los partidos proponen una mayor coordinación entre los sistemas asistenciales autonómicos y la Seguridad Social; así como la adopción de fórmulas que mejoren la eficiencia y el control de las Mútuas Profesionales. También piden simplificar las cotizaciones por contingencias profesionales e impulsar la política de fraccionamiento y aplazamiento de pago de la Seguridad Social por parte de las empresas para garantizar el empleo.

9-. Lucha contra el fraude: La lacra de la economía sumergida es uno de los principales agujeros de la Seguridad Social, por eso, el Pacto de Toledo propone combatir todas las versiones de empleo irregular u oculto con la elaboración de planes conjuntos entre la Agencia Tributaria, la Haciendas Forales, el Ministerio del Interior y la Seguridad Social. También recomienda un mayor seguimiento de las prestaciones de incapacidad laboral e invalidez, para evitar absentismo injustificados; una mayor colaboración con la Mútuas para reducir las bajas; reforzar las inspecciones del Ministerio de Trabajo; elevar las sanciones y luchar contra la afiliación en regímenes inferiores al empleo que realmente se está llevando a cabo.

10-. Contributividad: Para reforzar el principio de contributividad (cada unos con nuestra cotización estamos colaborando con las pensiones de otros), los partidos piden una mayor adecuación entre la pensión que percibe cada persona y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida laboral para conseguirla, lo que supone, de facto, elevar el número de años cotizados y los ejercicios que se tienen en cuenta para calcular la jubilación (actualmente 15 años). No obstante, admite que deben adecuarse fórmula para evitar que los trabajadores de mayor edad que se queden sin empleo vean mermada su pensión.

11-. Edad de jubilación: Aunque rechaza imponer por ley el retraso de la edad de jubilación, la Comisión del Pacto de Toledo sí que admite que deben articularse todas las medidas necesarias para, voluntariamente, aplazar la salida del mercado laboral. En este sentido, propone que las prejubilaciones sólo sean aceptadas en casos de personas con carreras muy largas o de colectivos concretos, activas incentivos que prolonguen la vida laboral, regular el contrato de relevo y la cotización a tiempo parcial, impedir con mecanismos legales que se obligue a jubilarse a gente mayor que quiera seguir en activo, establecer políticas de empleo dirigidas a recolocar a los trabajadores de mayor edad que se han quedado sin empleo y dar mayor relevancia a toda la carrera de cotización, no sólo a los últimos 15 años. Además, para aquellos que accedan a jubilarse más allá de los 65 años y cuya pensión ya sea la máxima, propone darle un incremento mensual en su futura pensión.

12-. Prestación de viudedad y orfandad: Consciente de la nueva realidad española -incorporación de la mujer al mercado laboral, divorcios, parejas de hecho, familias monoparentales…-, la Comisión propone reformular íntegramente prestaciones por muerte y supervivencia, especialmente viudedad y orfandad. No obstante, como prioridad se marcan garantizar el poder adquisitivo de las viudaes mayores de 65 años cuya principal fuente de ingresos sea la pensión del cónyuge. Además, aunque defiende que la pensión del cónyuge tiene un carácter contributivo hacia la pareja, también admite que deberá analizarse la nueva realidad en función de la renta, edad y número de hijos del cónyuge superviviente.