El 4 de octubre de 2006 se suscribió un convenio de colaboración entre la Diputación General de Aragón, los Ayuntamientos de Jaca, Fraga, Ejea, Tarazona, y MAZ (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11), mediante el que se constituía el CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO DE ALTA RESOLUCIÓN. (C.A.S.A.R.)
El C.A.S.A.R., acerca al ciudadano la asistencia sanitaria especializada, resolviendo en los centros sanitarios ubicados en las localidades mencionadas, un alto porcentaje de patologías, evitando en gran medida el traslado de los pacientes a los grandes hospitales y mejorando la presión asistencial en éstos.
Desde el año 2007 MAZ se ha hecho cargo de la asistencia de traumatología, para la población asignada por el Departamento de Salud al centro de Fraga, realizando nuestros traumatólogos las consultas externas en dicha localidad, y las intervenciones quirúrgicas en el Hospital MAZ-Zaragoza; mientras, se construían nuevos Centros de Alta Resolución en Fraga, Ejea, Tarazona y se comenzaba a reformar el Hospital de Jaca.
Finalizada la construcción de los nuevos Centros de Alta Resolución en Ejea, Tarazona y Fraga, ha sido posible instaurar en los mismos la práctica de Cirugía Ambulatoria, que permite aumentar la resolución de patologías en las localidades de residencia de los pacientes. Por lo que MAZ ha llevado su colaboración, desde el 11 de enero de 2010 a las localidades de Tarazona y Ejea, realizando tanto las consultas externas de traumatología, como los procesos quirúrgicos que permiten su realización mediante la fórmula de Cirugía Ambulatoria.
A su vez el nuevo Centro de alta Resolución de Fraga nos ha permitido añadir, a la colaboración que ya veníamos haciendo, la realización de Cirugía Ambulatoria, habiendo comenzado las primeras cirugías el 27 de octubre de 2010.
Además los pacientes de dichas localidades que precisan de cirugía con hospitalización, son intervenidos en el Hospital MAZ-Zaragoza.
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El absentismo laboral representa unas pérdidas que superan el 1 por ciento del producto interior bruto (PIB), según datos de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), que este martes celebra, en su sede, una jornada informativa en la que se abordará la incidencia que esta situación tiene en las empresas.

Según asegura la CEC en un comunicado, a diario 1,1 millones de trabajadores en España no acuden a sus puestos de trabajo, sea por razones justificadas o injustificadas.

Estos datos se analizarán en el encuentro organizado este martes por la CEC y al que asistirá el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Horacio de Andrés Alvarez, y la responsable del proceso de contingencia común de Mutua Gallega, Isolina Rodríguez.

También asistirán Raquel Vázquez Mourelle, subdirectora xeral de la Consellería de Sanidade, y José Antonio Neira Cortés, director del Departamento de Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). La presentación de los conferenciantes estará a cargo del presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña, Antonio Fontenla Ramil.

Como consecuencia de los recortes salariales impuestos por el Real Decreto-Ley 8/2010 a los cerca de 20.000 trabajadores del Sector de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el día de ayer en la Audiencia Nacional, a iniciativa de los Magistrados, se propuso la celebración del primer juicio por Conflicto Colectivo planteado por FeS-UGT, para pactar posteriormente en acuerdo entre las partes en los sucesivos días ante la Audiencia Nacional el resultado definitivo de una hipotética cuestión de constitucionalidad ante el alto tribunal.
En la práctica, se trata de unificar judicialmente las cerca de 20 demandas de conflicto colectivo presentadas por FeS-UGT por vulneración del Derecho a la Negociación Colectiva establecido en la Constitución Española, pretendiendo la suspensión de las actuaciones emprendidas, así como que se declare el derecho de los Trabajadores de Mutuas, sujetos al Convenio Colectivo de Seguros, Reaseguros y Mutuas conforme a las tablas salariales de 2010.
FeS-UGT considera que estos recortes salariales, obedecen a la imposición de la Secretaría de Estado de la Seguridad y en concreto al Director General de Ordenación de la Seguridad Social, ya que no quieren reconocer la regulación laboral de este sector con un Convenio Colectivo específico para los trabajadores de Mutuas en nuestro país, legitimado legalmente desde hace más de 30 años.
FeS-UGT estima que sólo desde el absoluto desconocimiento de lo que es la Negociación Colectiva en nuestro país se pueden perpetrar semejantes ataques a las condiciones laborales de los trabajadores de Mutuas en nuestro país. Solicitamos de la Sª de Estado de la Seguridad Social que paralice dichos recortes salariales, así como los múltiples despidos que se están produciendo actualmente en las Mutuas de Accidentes de Trabajo (tal y como se comprometió públicamente en diversos foros el Sr. Octavio Granados) y que garantice el empleo en el sector, desbloqueando las contrataciones de trabajadores y regule las condiciones del Sector, tal y como demanda FeS-UGT.

Cada día, más de seis malagueñas embarazadas se dan de baja por el riesgo que su puesto de trabajo puede suponer para ellas o el feto. Estar en contacto con agentes químicos, manipular cargas, la exposición a radiaciones o permanecer continuamente de pie son situaciones laborales que pueden resultar peligrosas a partir de un determinado momento de la gestación. Para evitarlas, la Seguridad Social contempla una prestación que permite a farmacéuticas, sanitarias, empleadas agrícolas, peluqueras o dependientas ausentarse de su trabajo a partir de una semana concreta, sin ningún coste para el empresario, siempre que la circunstancia de riesgo sea certificada por los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o de las mutuas.
Unas 215 mujeres de media, entre trabajadoras por cuenta propia y ajena, obtienen la baja por este motivo cada mes en la provincia, según los últimos datos publicados por el INSS. Es la cifra más elevada de toda Andalucía y la quinta más alta del país, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia; incluso supera a las prestaciones concedidas en toda Castilla-La Mancha y casi iguala a las otorgadas en la comunidad de Castilla y León.
Teniendo en cuenta los partos que tienen lugar en Málaga cada año, así como los abortos voluntarios y las muertes fetales tardías, según datos del Instituto Nacional de Estadística, supone que aproximadamente una de cada diez embarazadas deja de trabajar por riesgo durante la gestación, una de las proporciones más altas de toda España, muy distante, por ejemplo, de Sevilla, donde hay una baja por cada 40 partos, o de Barcelona, con una cada 32.
En un año, estas bajas han aumentado un 12,5% en Málaga, según los datos del INSS, mientras que las mutuas, que asumen la mayor parte de estas prestaciones tras determinar si corresponden o no, han registrado un aumento del 20,5% a nivel nacional, según cifras facilitadas por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). En la provincia malagueña, estas entidades han aprobado un total de 1.320 prestaciones por riesgo durante el embarazo en el primer semestre del año, con un coste de 4.505.746 euros.
Conscientes del incremento registrado en este tipo de prestaciones en Andalucía y del elevado número de procesos iniciados en Málaga, la mutua Asepeyo ha puesto en marcha una mesa de trabajo multidisciplinar con médicos y técnicos de seguridad e higiene para analizar por qué despunta Málaga en este sentido e informar a las empresas. «Este recurso no se está utilizando todo lo correctamente que se debería. Antes de solicitarlo habría que estudiar la posibilidad de cambiar a la mujer de puesto de trabajo o adaptar el que tiene a su circunstancias», explica el director autonómico de Asepeyo en Andalucía, José María Pérez Tocornal, quien considera que el aumento de estos procesos «es un fracaso de la prevención». «Si se tomaran medidas para que los trabajadores estuvieran siempre protegidos este recurso se utilizaría menos», explica.
Bajas sin cubrir
Sobre la situación concreta de Málaga, el también delegado territorial de AMAT en Andalucía argumenta que se debe, en parte, al gran número de comercios existentes en la provincia, en los que trabajan numerosas dependientas que permanecen de pie un tiempo prolongado. Este sector, junto al sanitario, es el que acumula más bajas. En total, Asepeyo ha aprobado 478 prestaciones por riesgo en el embarazo y la lactancia en lo que va de año en Málaga. El coste que tiene ese recurso en la capital es del 5,42% sobre el total de cuotas que ingresa la mutua, siete veces más que hace dos años y superior al de las incapacidades temporales por accidente de trabajo. «También puede ocurrir que hay un mayor conocimiento de la normativa porque las empresas informan a las mujeres», dice Pérez Tocornal.
Hipótesis con la que no están muy de acuerdo los sindicatos. A juicio de Carmen Martín, técnica de la Secretaría de la Mujer de CC.OO., no se trata de que las empresas se preocupen más de sus trabajadoras, sino que «intentan quitarse a una empleada cuya baja no cubren y así se ahorran un sueldo y evitan que tenga ausencias por motivos de su embarazo para visitas médicas o por una incapacidad temporal, sobre todo en crisis».
Los empresarios disienten totalmente de este argumento y explican el incremento de casos por «la mayor sensibilización que existe en torno a la mujer embarazada, tanto en la sociedad en general como en el entorno empresarial», según apunta el secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara.
Tanto UGT como CCOO coinciden en que se trata de un «logro sindical». «Estos datos suponen el reconocimiento al esfuerzo realizado para conseguir nuestros derechos laborales y dar un pasito más en el camino hacia la igualdad», señala Cristina Alamán, responsable de la Secretaría de la Mujer de UGT en Málaga.

El departamento de Salud y Consumo mantiene convenios de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la gestión de la Incapacidad Temporal (IT). Una de las actividades esenciales es la formación de los médicos de Atención Primaria de cara a esta prestación.
Por ello se han convocado actividades formativas en forma de sesiones. La sesión “Incapacidad Temporal: Actualización Normativa y de Gestión” pretende dotar a los participantes de los conceptos fundamentales en materia clínico-laboral de la Incapacidad Temporal, de forma que les permita optimizar la gestión de dicha prestación, favoreciendo la integración de las culturas clínica y de gestión de recursos públicos. Del mismo, modo trata de facilitar la tarea del médico en el trámite administrativo para el inicio, seguimiento y finalización de los procesos de IT.
La sesión la imparten médicos inspectores del departamento de Salud y Consumo, médicos inspectores de la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS y médicos de MAZ y otras mutuas con presencia en nuestra Comunidad Autónoma.

Se realizan sesiones formativas sobre cada sector sanitario, en horario de 9 a 14 h, con un máximo de participantes de 40 personas en Zaragoza I, II, III y 30 personas en los sectores Huesca, Barbastro, Calatayud, Teruel y Alcañiz. En ellas participan médicos de Atención Primaria, médicos de Atención Continuada, Facultativos de Salud Mental y Residentes de último año.
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