Las cumbres de la UE y México, primero, y con toda Latinoamérica, después, han coincidido con la ofensiva del presidente del Gobierno español y coyuntural de la UE, José Luis Rodríguez Zapatero, en redondear las medidas de ajuste, anunciar impuestos a los ricos, aclarar el futuro de las pensiones y apremiar a los agentes sociales para la reforma laboral. Se lo exige el guión de la UE, y Zapatero amenaza con legislar si no hay acuerdo antes de que acabe mayo.

Es, precisamente, de lo que hablan internamente en la patronal, a la vista de que el diálogo social no lleva buen camino. Mientras, los sindicatos subrayan que quieren un acuerdo, aunque no están dispuestos a que se llegue al mismo a costa de que se abarate el despido y se bajen las cotizaciones sociales. Es decir, un lío de difícil solución.

Y quién les iba a decir que a ese lío se apuntarían también las mutuas de accidentes de trabajo, un sector muy implantado en España que maneja las bajas de más de 13 millones de trabajadores. Las mutuas han puesto el grito en el cielo porque, en su opinión, el documento Revisión del Pacto de Toledo, elaborado por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, deja al sector "herido de muerte".

El documento, que ha transitado en silencio desde que fue aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de enero pasado, plantea un cambio drástico en la financiación de la asistencia sanitaria a través de las cotizaciones sociales que realizan las mutuas por "un modelo basado en impuestos o mixto". Es decir, que pase al Sistema Nacional de Salud.

Esta modificación, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), supone la desintegración de la protección integral de los riesgos profesionales, "al extraer el eslabón de la asistencia sanitaria de la prevención, prestaciones, rehabilitación y reinserción". Y, por eso, la asociación, que agrupa a las 20 mutuas existentes, se reunió el pasado lunes para trazar una estrategia de presión y pedir que no se lleve a efecto tal cambio. El pleno instó al presidente de la asociación, Pedro Barato, que es también vicepresidente de la CEOE, para que solicite su comparecencia en la mesa del Pacto de Toledo.

Además, Barato debe pedir a su jefe, Gerardo Díaz Ferrán, que no olvide incluir este capítulo en las negociaciones del diálogo social. La gran patronal quiere reducir las cotizaciones sociales; pero que se haga por otras vías, sostienen.

Según la asociación, la propuesta supone reducir del 32,5% al 32% las cotizaciones sociales de las empresas, lo que supone un ahorro de unos 1.400 millones de euros. Sin embargo, ese ahorro se vería descompensado por el aumento del absentismo como consecuencia del incremento de los días de baja laboral. O sea, mayor coste que la baja de cotizaciones.

"Habría que tener en cuenta los efectos indirectos de la medida, que se traducirían en aumento de las jornadas perdidas, incremento de las prestaciones directas a cargo de las empresas, gastos de sustitución del personal, así como pérdida de productividad y competitividad", dicen las mutuas, que aseguran que lo que quieren es reorientar la propuesta. Fuentes de Trabajo aducen que el documento no deja de ser una propuesta que debe estudiar la Comisión del Pacto de Toledo y que, por tanto, todavía no se pueden tomar conclusiones.

Las mutuas ponen datos sobre la mesa. Los procesos de baja gestionados por las mutuas duran para las mismas patologías hasta cinco veces menos que los gestionados por los servicios públicos de salud. En total, con datos de 2008, la siniestralidad laboral supuso un coste de 8.500 millones de euros y se perdieron 17,5 millones de jornadas por accidentes de trabajo (en 2007 fueron 21,5 millones). El tratamiento en los servicios públicos supondría un aumento del 30%, es decir, 5,5 millones de jornadas perdidas más.

Otra denuncia que maneja la patronal es que Trabajo propone que las reservas acumuladas por las mutuas, que se elevan a unos 3.000 millones, "sirvan de mecanismo financiero transitorio" para evolucionar al modelo de financiación a través de impuestos directos. Esa financiación transitoria hasta que el control pase a los sistemas públicos supone una merma de fondos de la Seguridad Social, según las mutuas.

Asturias pierde 21 millones de horas de trabajo al año por las bajas laborales. La cifra la puso ayer sobre la mesa el secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, en unas jornadas celebradas ayer en Oviedo sobre el absentismo laboral y a la que asistieron más de un centenar de empresarios. La patronal asturiana reclamó que las mutuas de las empresas tengan competencias en la gestión de las bajas de los trabajadores.

Las bajas por incapacidad temporal suponen en España la pérdida de 8,2 billones de horas laborales al año, afirmó Alberto González. «Mejorar la gestión y control de la incapacidad temporal supondría un ahorro estimado en nuestro país de entre 700 y 900 millones de euros», calculó el secretario general de la patronal asturiana.

«El absentismo por incapacidad temporal es un problema realmente importante, no sólo empresarial sino también social, sobre el que hay que tomar medidas», afirmo González.

Una posible solución, explicó pasaría porque las mutuas estuvieran más implicadas en los procesos de gestión de la incapacidad. «Está demostrado que estos procesos son más eficaces a través de mutuas que a través del sistema público», apostilló el secretario general de la patronal.

La patronal defiende desde hace mucho tiempo que las mutuas laborales deben tener capacidad para dar las bajas laborales y las altas. También se pretende buscar fórmulas que permitan, a través de las mutuas, acelerar los plazos de espera que a veces se alargan en el tiempo para hacer determinadas pruebas a un trabajador, y que por ello puede estar meses de baja.

El Instituto de Salud Laboral Asepeyo Cartuja ha acogido la primera edición del encuentro de grandes dependientes de Andalucía y Extremadura.
En el transcurso de esta jornada, que ya se ha celebrado con anterioridad en Coslada (Madrid) y en Barcelona, se ha dado a conocer, desde una óptica eminentemente práctica, la función social de la Mutua. Se ha abordado la labor desarrollada por los trabajadores sociales de Asepeyo y se ha realizado un análisis de las necesidades de los grandes dependientes a través de entrevistas personalizadas a cargo de terapeutas ocupacionales de la Mutua, en las que se han evaluado, entre otros temas, la movilidad, el apoyo en las tareas domésticas o las posibilidades de mejoras en la adaptación de la vivienda del paciente dependiente.
El proyecto Cuidar, dirigido al cuidador de personas dependientes en hospitales y domicilios particulares y cuyo objetivo es el de dar apoyo al cuidador para el desarrollo de sus actividades con mayor seguridad y eficiencia, ha sido el tema principal de los tratados en este encuentro.
Asepeyo lleva a cabo su función social a través de la Comisión de Prestaciones Especiales, el órgano de participación que resuelve la concesión de ayudas sociales, y que tiene como finalidad la mejora de las condiciones de calidad de vida y atención de situaciones de especial necesidad de los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Asimismo, la Comisión promueve la integración social de las personas con minusvalía causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional y la sensibilización y el apoyo profesional mediante ayudas económicas. De entre las ayudas que concede, destaca la especial atención a los casos de gran invalidez, la adaptación y rehabilitación de viviendas, la adecuación de vehículos propios, las ayudas familiares, y ahora también la adecuada formación del cuidador.
Durante el 2009, la actividad de esta Comisión aumentó en un 96,7% el número de casos atendidos en Andalucía y Extremadura, con un total de 366. El importe que se destinó a estas ayudas ascendió a 861.793 euros, un 93,65% más que en el ejercicio anterior.

El Instituto de Salud Laboral Asepeyo Cartuja ha acogido la primera edición del encuentro de grandes dependientes de Andalucía y Extremadura.

En el transcurso de esta jornada, que ya se ha celebrado con anterioridad en Coslada (Madrid) y en Barcelona, se ha dado a conocer, desde una óptica eminentemente práctica, la función social de la Mutua. Se ha abordado la labor desarrollada por los trabajadores sociales de Asepeyo y se ha realizado un análisis de las necesidades de los grandes dependientes a través de entrevistas personalizadas a cargo de terapeutas ocupacionales de la Mutua, en las que se han evaluado, entre otros temas, la movilidad, el apoyo en las tareas domésticas o las posibilidades de mejoras en la adaptación de la vivienda del paciente dependiente.

El proyecto Cuidar, dirigido al cuidador de personas dependientes en hospitales y domicilios particulares y cuyo objetivo es el de dar apoyo al cuidador para el desarrollo de sus actividades con mayor seguridad y eficiencia, ha sido el tema principal de los tratados en este encuentro.

Asepeyo lleva a cabo su función social a través de la Comisión de Prestaciones Especiales, el órgano de participación que resuelve la concesión de ayudas sociales, y que tiene como finalidad la mejora de las condiciones de calidad de vida y atención de situaciones de especial necesidad de los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Asimismo, la Comisión promueve la integración social de las personas con minusvalía causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional y la sensibilización y el apoyo profesional mediante ayudas económicas. De entre las ayudas que concede, destaca la especial atención a los casos de gran invalidez, la adaptación y rehabilitación de viviendas, la adecuación de vehículos propios, las ayudas familiares, y ahora también la adecuada formación del cuidador.

Durante el 2009, la actividad de esta Comisión aumentó en un 96,7% el número de casos atendidos en Andalucía y Extremadura, con un total de 366. El importe que se destinó a estas ayudas ascendió a 861.793 euros, un 93,65% más que en el ejercicio anterior.

Esa es la visión que impregna la propuesta de reforma laboral que ha hecho el Gobierno. El Gobierno no ha dado a luz una reforma, sino un documento de ideas y propuestas, a debatir entre y con los agentes sociales, lo cual nos parece muy bien. Pero creemos que no es lo que nuestra economía y nuestra situación social necesitan en estos momentos, necesitamos algo más. Creemos que la reforma laboral que necesitamos debe tener como objetivo principal que se contrate más y que se despida menos. Que las empresas vuelvan a contratar y a crear empleo y que los ajustes competitivos y de productividad no se traduzcan, en la medida de lo posible, en destrucción de empleo. En definitiva, suprimir resistencias a la contratación laboral y frenar la destrucción de puestos de trabajo.

Para ello estamos persuadidos que el fomento de la contratación ha de producirse otorgando al empresario un marco de certidumbre, de manera que si existe una razón económica o productiva para contratar, contrate, ya que el ordenamiento jurídico le va a permitir tener la garantía de que cuando esa razón desaparezca, podrá deshacer la contratación en unos términos razonables y seguros.

El empleo no se crea con incentivos, sino generando las condiciones para que se cree. Y esas condiciones exigen unas nuevas reglas de contratación y de despido, una revisión de los actuales controles administrativos y judiciales de las decisiones empresariales y un marco normativo para la gestión de las relaciones laborales en la empresa sea mucho más flexible y adaptable sin costos económicos añadidos. Para ello y en materia de contratación creemos que como hace muchos años venimos reclamando desde Adegi es necesario un nuevo modelo de contrato indefinido, el contrato estable, con una indemnización intermedia entre el temporal y el indefinido. Asimismo apostamos por el impulso del contrato indefinido a tiempo parcial, un contrato que combina acertadamente en nuestra opinión mecanismos de flexibilidad y de estabilidad pero que es escasamente utilizado por las empresas; el 14% de los contratos celebrados en Gipuzkoa son de este tipo, frente al 27% de la media europea. Creemos que necesitamos homologarnos con los países que competimos en materia de costes de extinción de contratos, causas y procedimientos administrativos y judiciales.

Junto con las mejoras en materia de contratación citadas es preciso que la reforma laboral aborde seriamente y adopte medidas de control del absentismo laboral, que es una de las causas de la baja productividad de las empresas, favoreciendo una participación mayor de las Mutuas en el seguimiento y gestión de las bajas y la estandarización de periodos máximos de duración para la patologías más frecuentes.

Apostamos por una Negociación Colectiva que supere los aspectos derivados del salario y la jornada y que aborde otras materias como la contratación y la flexibilidad interna, adaptación a nuevas realidad empresariales y a nuevas formas de organización del trabajo.

Hay que mejorar la flexibilidad interna de las empresas, tanto respecto a las llamadas modificaciones sustanciales del contrato de trabajo como en lo que se refiere a la movilidad funcional y geográfica, siempre que existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, a fin de dar una respuesta ágil a las necesidades derivadas de éstas.

Junto con las medidas citadas es preciso propiciar la intermediación privada en el mercado de trabajo, en la línea de otros países europeos.

En materia de Expedientes de Regulación de Empleo creemos que hay que modificar los procedimientos actuales que elevan sustancialmente los costes, y apostar por nuevos caminos en los términos de los demás países europeos de nuestro entorno. Con las reformas citadas Adegi considera que aumentará la competitividad de nuestras empresas, se modernizará y agilizará el mercado laboral, y mejorará la capacidad de nuestras organizaciones y las personas que las integran para adaptarse a las consecuencias de una crisis de dimensiones y alcance desconocidos.