El Fondo de Reserva, que al finalizar 2010 totalizaba 64.375,14 millones de euros, ha experimentado un incremento de 2.440 millones de euros en el último ejercicio, un 3,79%. Este crecimiento de la conocida como hucha de las pensiones en el último año se explica tanto por la aportación de los excedentes de gestión por contingencias comunes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por un total de 222,41 millones de euros, como por los rendimientos netos generados por el Fondo, que alcanzaron 2.217,44 millones de euros.
Los 66.814,99 millones de euros del Fondo representan el 6,22% del Producto Interior Bruto y suponen una garantía extra de seguridad para los pensionistas.
El Fondo de Reserva, creado estratégicamente para proteger posibles situaciones de dificultad económica, mediante la Ley 24/1997 posteriormente reforzada con la Ley 28/2003, es una garantía del sistema de pensiones, que seguirá creciendo este ejercicio como consecuencia de los rendimientos de las inversiones realizadas.
El importe del Fondo de Reserva invertido en activos financieros públicos a precio de adquisición asciende a 65.830,04 millones de euros y está compuesto por deuda española en un 89,76% y deuda extranjera (Alemania, Países Bajos y Francia) en un 10,24%. El detalle de los activos financieros que componen la cartera presenta, a precio de adquisición, la siguiente composición y distribución:
La rentabilidad de los activos en cartera al cierre del pasado ejercicio sitúa el tipo medio ponderado sobre el valor nominal de su Tasa Interna de Rendimiento (TIR) por tipo de activo en el 3,94%.
El informe completo se puede consultar en www.seg-social.es

La visión de la Cátedra es constituirse como una institución de referencia en Patologías del Trabajo en España, en los ámbitos formativo, profesional, académico, investigador e innovador. Pretende recoger todas las experiencias y conocimientos, tanto nacionales como internacionales; así como servir de plataforma de la investigación e innovación en esta área de conocimiento.

Los valores que se pretenden impulsar desde la Cátedra de Innovación e Investigación en Patologías del Trabajo responden a dos tipos. En primer lugar, aquellos que se dirigen a los profesionales, tales como capacitación continua e integral, mejora de la competitividad profesional y conservación y protección del medio ambiente. En segundo lugar, los que se dirigen a la sociedad, como por ejemplo, compromiso con la organización, innovación (búsqueda de nuevas ideas, tecnologías y procedimientos que mejorar la actuación de los profesionales) y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y, esencialmente, la Cátedra de Innovación e Investigación en Patologías del Trabajo comparte los valores de la Universidad a la que se adscribe.

Los agentes físicos –posturas forzadas, ruido o presión, entre otras- están en el origen de la mayor parte de las enfermedades profesionales, con una incidencia de un 82,2% sobre el total. El tramo de edad más vulnerable a las patologías profesionales se sitúa en torno a los 40-44 años y varía para hombres y mujeres, según las conclusiones que refleja la estadística de enero y febrero del Sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS), publicadas en www.seg-social.es.

Las enfermedades profesionales se agrupan según los agentes causantes en seis grupos: químicos, físicos, biológicos, por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, enfermedades de la piel causadas por agentes y sustancias no comprendidos en ningún apartado anterior y agentes carcinogénicos.

Entre enero y febrero de este año se han emitido 3.140 partes de enfermedad profesional de los cuales 1.727 corresponden a hombres y 1.413 a mujeres, el 55% y el 45%, respectivamente. Casi la mitad, el 48,31%, se emitieron sin baja laboral.

Por grupos de edad, el 17,4% de los partes se concentran entre los 40 y los 44 años, seguidos del 15,5% que representan los que tienen entre 35 y 39 años. Hay diferencias de género en cuanto a la edad en que tienen mayor incidencia las enfermedades profesionales. Entre las mujeres el mayor número de partes de enfermedad profesional se concentra entre los 40 y los 49 años, mientras que para los hombres, entre los 35 y los 44 años.

Por géneros, los hombres, con el 44,52%, son los más afectados por el grupo de agentes físicos, el 37,74% en el caso de las mujeres. En este grupo se produce el mayor porcentaje de bajas laborales por enfermedades profesionales con el 41,82%.

Según la actividad económica, el 44,24% de los partes de enfermedades profesionales con baja laboral corresponde a la industria manufacturera; el 13,56% al comercio, reparación de vehículos de motor y artículos personales y de uso doméstico; el 8,38% a la construcción; y el 7,89% a actividades administrativas y servicios auxiliares.

El Observatorio de Enfermedades Profesionales se creó como consecuencia de la actualización del cuadro de Enfermedades Profesionales (Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre) y desarrolla el sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social (CEPROSS). Este sistema mejora el flujo de información entre las distintas administraciones, instituciones, organizaciones y entidades interesadas en el cuidado y prevención de riesgos laborales.

Además, el CEPROSS incorpora un servicio de alertas que ofrece la posibilidad de detectar, en tiempo real, aquellas empresas que superan los límites de alerta establecidos. A través de estos sistemas, la Seguridad Social desarrolla una vigilancia permanente que permite detectar los problemas de salud laboral y realizar un diagnóstico precoz.

Se acompaña con información en archivo PDF, que también puede ser consultada en www.seg-social.es (Estadísticas – Observatorio de las Enfermedades Profesionales).

Así consta en las enmiendas parciales presentadas por ambos partidos al proyecto de ley, que se debatirán este lunes en la Comisión de Hacienda del Congreso y con las que coincide también la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Precisamente éste es el escollo fundamental en el camino del respaldo a la norma planteada por el Ejecutivo por parte del PSOE, que ha amenazado incluso con votar en contra en el Pleno del día 12 si no se corrige este punto.

Además, el PSOE e IU-ICV-CHA también plantean entre sus enmiendas que "cuando la ratio de deuda pública sobre el PIB esté muy por debajo del 60% y los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas sean bajos se podrá alcanzar un déficit estructural máximo del 1%" con el objetivo de "fomentar el crecimiento potencial de la economía española". La Izquierda Plural incluye entre estos supuestos que el paro sea muy elevado o el PIB esté muy por debajo de lo previsto, y CC-NC y UPN proponen diferentes formas de aplicar ese superávit en determinadas circunstancias a fomentar el crecimiento y el empleo.

De igual manera, el PSOE pide que se autorice déficit en casos excepcionales como catástrofes naturales o reformas estructurales con gran impacto presupuestario sin fijar ningún límite, en contra del 0,4% incluido por el Gobierno en la normativa. CC-NC incluye entre las excepciones la existencia de mucho desempleo.

Los nacionalistas catalanes, por su parte, defienden esta medida alegando que el Gobierno debe transponer el Pacto Fiscal en su literalidad y que, renunciar a cierto margen de déficit, comportaría "renunciar a algunos instrumentos que España va a necesitar para impulsar su crecimiento económico y la creación de empleo".

Por otra parte, el PSOE pide también que cuando la Seguridad Social incurra en déficit, se apliquen las reservas de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales o el Fondo de Prevención y Rehabilitación antes de recurrir al Fondo de Reserva.

Medir el déficit estructural

Además, quieren que el equilibrio o el superávit se compute "a lo largo del ciclo económico" -al igual que pide el PNV- y que se mida con una metodología y procedimiento propio que el Gobierno debería aprobar en un máximo de tres meses mediante real decreto, teniendo en cuenta "la posición cíclica de la economía, la influencia de esa situación en los ingresos y gastos públicos y la normativa europea vigente".

Algo similar requieren para el cálculo de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo, en la que se basan otras estimaciones y que a juicio de los socialistas debería tener en cuenta "el crecimiento medio del PIB durante nueve años y la inflación de referencia".

Por su parte, CiU y el resto de partidos nacionalistas reclaman que los gobiernos autonómicos participen de todas las decisiones, como cuándo se dan situaciones excepcionales, cómo se establecen los objetivos individuales y de conjunto, qué se considera incumplimiento o qué sanciones se aplican, los mismo que la metodología a utilizar para calcular las previsiones de gastos e ingresos.

Asimismo, reclaman que a la hora de aprobar los techos de gasto y los objetivos de estabilidad individuales para las comunidades autónomas se tenga en cuenta su situación económica, el nivel de competencias asumido, el grado de endeudamiento y "las necesidades o déficit en infraestructuras o equipamientos necesarios".

Responsabilidad proporcional a las transferencias

El proyecto de Ley establece también que en 2020 todas las administraciones deberán cumplir los límites de deuda y déficit. Sin embargo, tanto PSOE como CiU difieren del Gobierno en el tránsito hasta ese objetivo. Por ello, ambos proponen que cuando la deuda supere el 60% del PIB "se reducirá la diferencia, al menos, una veinteava parte en promedio anual".

Sin embargo, los nacionalistas catalanes quieren que no se impida a las administraciones incumplidoras acudir al endeudamiento porque eso podría llevar a "colapsos" además de impedir el fomento del empleo. Además, proponen reducir un 0,8% anual el déficit del conjunto de administraciones para alcanzar el objetivo marcado.

Asimismo, exigen que a la hora de determinar la imputación de responsabilidades por incumplimientos se tenga en cuenta si parte del déficit autonómico se deriva de no haber recibido las transferencias comprometidas, algo que también reclama ERC. CiU pide asimismo que se compense a las administraciones afectadas por decisiones que se tomen en otro nivel de Gobierno en materia de financiación.

En cuanto al gasto, el grupo catalán pide que la nueva regla también entre en vigor en 2020 y que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinen "a constituir un fondo de reserva" que se podrá destinar a reducir deuda o a "no realizar nuevas apelaciones de crédito cuando se cumpla el objetivo de deuda".

Depósito del 0,1% en el banco de España

CiU, PSOE e Izquierda Plural también coinciden en pedir al Ejecutivo que el depósito que las administraciones incumplidoras deberán abrir en el Banco de España -que CC-NC rechaza- se reduzca a la mitad, hasta el 0,1%, "por coherencia con la norma europea" según los socialistas y aplicando criterios de proporcionalidad en función del grado de incumplimiento y del peso de la administración en el conjunto del Estado, según los nacionalistas catalanes, que además exigen que se limite a una vez por ejercicio la posibilidad de aplicar esta medida.

En materia de medidas coercitivas, los socialistas exigen la retirada del artículo de ‘medidas forzosas’, lo mismo que CiU y BNG, que consideran que esta parte del articulado conculca la autonomía financiera y va más allá de lo que marca la UE. En este sentido, el PNV rechaza que sea el Estado el que ajuste a las comunidades y pide que se limite a vigilar.

Además, CiU reclama que se ponderen las sanciones en función del riesgo real que provoca el incumplimiento de la administración afectada.

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

Con respecto a las exigencias de transparencia e información que recoge el proyecto de ley, nacionalistas y socialistas exigen algunos cambios en los plazos para adaptarse mejor al calendario de tramitación de los presupuestos autonómicos, así como ampliar el acceso a la documentación a todas las administraciones públicas y obligar al ministro de Hacienda a comparecer semestralmente ante la Comisión del ramo en el Congreso para informar sobre el grado de cumplimiento de los objetivos recogidos en la norma.

Por su parte, los partidos de izquierdas como Compromís o IU-ICV-CHA rechazan que el pago de la deuda sea "la prioridad" cuando se ingresa más de lo esperado, reclamando que se permite cierta desviación para garantizar la cobertura de los servicios públicos y que se dé "prioridad absoluta" al pago de créditos que cubren este tipo de servicios. La Izquierda Plural reclama asimismo que se mejore la financiación de las administraciones y que se amplíe hasta 2032 el cumplimiento íntegro de la ley.

Mientras, UPyD exige que las administraciones públicas deban "velar por mantener las prestaciones básicas de los servicios fundamentales" y aboga por quitar cualquier excepción al límite de déficit estructural. Además, pide que un Consejo de Estabilidad Presupuestaria independiente vele por estas medidas.