Merece la pena pagar un poco más a la hucha común durante la vida laboral para asegurarse una cobertura, aunque sea pequeña, si determinadas circunstancias obligan a cerrar el negocio o dejar de prestar el servicio. Bajo esta premisa, el 18,16% de los autónomos de la provincia de Burgos ya están cotizando a la prestación por cese de actividad, conocida como «el paro de los autónomos», que el Ministerio de Trabajo puso en marcha en noviembre del año pasado.
Según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Burgos, y fechados a 31 de julio, el total de trabajadores por cuenta propia que se han sumado a esta nueva cobertura en la provincia alcanza los 5.324 del total de 29.301 personas dadas de alta en el régimen de autónomos. La estadística del Ministerio de Trabajo, en este caso a 20 de abril, reflejaba una media mayor de cotizantes al cese de actividad en el conjunto de España (un 20,5%) y en Castilla y León (un 19,90%).
El porcentaje puede interpretarse desde varias vertientes. La administración estima que todos son bienvenidos, pues se trata de una medida que lleva menos de un año en vigor y que espera ver crecer en los próximos tiempos, cuando en otoño se abra un nuevo plazo de inscripción tras el que venció el 30 de julio. Pero algunas organizaciones de autónomos, expertos y asesores en materia laboral, subrayan que las cifras deberían ser mayores y que las reticencias se deben a las condiciones que impone la Ley.
Para poder percibir la prestación los autónomos deben elevar su cotización un 2,2 por ciento, lo que supone un mínimo cercano a los 19 euros mensuales que puede incrementarse dependiendo de las bases de cada cotizante. Además, tienen que haber cotizado un mínimo de un año, por lo que los primeros perceptores no llegarán hasta el mes de noviembre, cuando se cumpla un año de la entrada en vigor del texto que la regula.
Con todo ello, cuando llegue el momento de cobrar la prestación recibirán el 70% de la base regulador de los 12 últimos meses (la mínima para el año 2011 está establecida en 850 euros). Y deberán cumplir varios requisitos. Por ejemplo, unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un año completo, superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos años consecutivos y completos. En ningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos.
También serán válidos los casos de ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los tribunales que comporten, al menos, el 40% de los ingresos de la actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior.
Violencia o divorcio
Igualmente la declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, por «causas de fuerza mayor», pérdida de la licencia administrativa, violencia de género determinante del cese de la actividad o por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, si el autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge o de la persona de la que se ha separado.
De no cumplir alguno de los requisitos anteriores, la baja de un autónomo se considerará como baja voluntaria de la actividad, y esto le impedirá acceder a la prestación por mucho que haya cotizado. Semejantes exigencias han llevado a algunos asesores a desaconsejar el pago de la prestación.
Quienes se deciden tendrán derecho a 2 meses de protección si han cotizado entre un año y 17 meses, a tres meses si llevan pagando entre 18 y 23 meses, y así sucesivamente hasta llegar a un máximo de 12 meses si han cumplido un periodo de cotización de más de 4 años (en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el máximo es de 24 meses de paro si han cotizado 6 años o más).
En su día, la Federación de Autónomos de Castilla y León (Feacyl) se felicitó por la entrada en vigor de la protección por cese de actividad e insistió en que el colectivo debe entenderlo «como una prestación y no como un subsidio». Al poco de su entrada en vigor la propia Federación firmó un convenio con Ibermutuamur para informar a los empresarios sobre las novedades legales y garantizar que serán las mutuas las que lo gestionen. Dentro de tres meses, cuando los primeros perceptores comiencen a cobrarlo, podremos comprobar si sus resultados son satisfactorios.
