La Asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha elaborado un nuevo documento de propuestas dirigidas a favorecer la reactivación y competitividad de la economía de la comunidad. El nuevo documento, que ya ha sido presentado al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se estructura en torno a tres aspectos que se consideran indispensables para alcanzar los objetivos marcados: política económica, administración y educación.
Así, en el apartado de política económica, y teniendo en cuenta que cerca de un 75% de las empresas familiares asociadas a EFCL tienen dificultades para acceder a la financiación, la asociación aboga por aumentar el apoyo para maximizar la utilización de los instrumentos existentes en la ADE y facilitar el acceso recursos financieros. En concreto, propone aligerar sensiblemente el nivel de garantías y las gestiones burocráticas a realizar para obtener el apoyo de la administración autonómica en la tortuosa tarea de disponer de la liquidez suficiente para asegurar las empresas y los puestos de trabajo.
Mercado laboral
El mercado laboral es otro de los aspectos abordados por EFCL en sus propuestas. La organización ha constatado que son «pocas» las empresas que utilizan el Servicio Público de Empleo para efectuar contrataciones. Por ello, propone revisar su funcionamiento e incluso estudiar la externalizacion de algún servicio. También defiende el desarrollo de una política activa en el seguimiento de las denegaciones de las ofertas por parte de los desempleados y el diseño de un calendario laboral que favorezca la productividad de las empresas, coordinándolo con el calendario escolar.
Los empresarios familiares se proponen igualmente hacer frente a la alta tasa de absentismo que registran en sus centros de trabajo con medidas como la sensibilización del colectivo médico sobre la repercusión de sus decisiones de «bajas», la promoción de mayores competencias a las mutuas, la concesión simultánea de la baja y el alta médica en ciertos casos y la realización de inspecciones de trabajo más activas, con sanciones más duras para el fraude encubierto.
Otras de las medidas propuestas por EFCL en el ámbito de la política económica se refieren al fomento de la I+D+i,. Además, y dado que cerca del 60% de las empresas asociadas están valorando el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) como una vía alternativa para su financiación y crecimiento, solicita ayudas para facilitar la salida a dicho mercado, como la deducción del 20% en el IRPF de las inversiones realizadas en el MAB.
Sistema funcionarial
Respecto a la administración, y más allá del debate sobre la conveniencia o no de la reducción del número de funcionarios, EFCL se inclina por una revisión del sistema funcionarial de modo que se logre una mayor optimización a través de criterios de motivación y liderazgo,
A su juicio, la actividad pública debe poner el foco de su objetivo en la creación de valor a través de la optimización de sus recursos y contribuir de forma activa al aumento de la competitividad de la actividad económica en general.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que según un estudio de la Cámara de Comercio de Valladolid son más de 25.000 las normas que debe cumplir un empresario, propone coordinar el sistema para reducir su número y el tiempo de respuesta administrativa. Para ello, entre otras medidas, pide aplicar al resto de sectores productivos el real decreto vigente para el sector servicios según el cual se permite el comienzo de la actividad siempre y cuando se cumpla la normativa, siendo la prueba a posteriori.
En cuanto a la contratación pública, EFCL considera que la Junta debe tener «especial sensibilidad» con las empresas de la región. Así, propone planificar un plan de internacionalización para el sector, fomentar y favorecer la formación de asociaciones y consorcios mixtos entre ingenierías, promotoras y constructoras para acometer proyectos globales y de mayor dimensión y aplicar una fiscalidad reducida en las principales operaciones vinculadas a la promoción, informa Ical.
Según precisa EFCL, es preciso adoptar todas estas medidas para hacer atractivos el país y la comunidad a la inversión extranjera lo que, en su opinión, no pasa por incrementar la presión fiscal ni a empresas, ni a particulares. Además, indica que hay que «huir de titubeos» en el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas.

Miguel Angel Díaz Peña como Director General de Ordenación de la Seguridad Social, “resuelve definitivamente la problemática suscitada en relación a los gastos de transporte cuando las Mutuas citan al enfermo para reconocimiento médico, se debe compensar sin esperar al agotamiento del período máximo de Incapacidad Temporal”.

(Adjuntamos Informe del Ministerio sobre la compensación a los trabajadores de los gastos de transporte por las comparecencias solicitadas por las Mutuas para la realización de exámenes o valoraciones médicas)

Así dicta la resolución definitiva de la Seguridad Social, después de la petición de CCOO en el INSS y pese a que tras publicarse en el BOE (1), aún las Mutuas sabotearon esta directriz, asumiendo el pago exclusivo de los desplazamientos de los trabajadores que han agotado los 12 meses de Incapacidad Temporal.

Para CCOO este informe que resuelve definitivamente la obligación de pago por las Mutuas de los gastos de transporte desde la primera citación, es una “pequeña victoria, que las Mutuas trataran de ignorarla, si el enfermo no lo reclama”.

La ofensiva de las Mutuas por aumentar su gestión de la enfermedad común, gracias a las bonificaciones concedidas por el Gobierno, está llevando a que se incremente la presión sobre los trabajadores enfermos para que cojan el alta antes de su curación, incluso eliminando prestaciones económicas o acusando de fraude a la Seguridad Social, un fraude que alude no sólo a los enfermos sino también a los profesionales sanitarios de Osakide-tza.

En este contexto, CCOO anima a los trabajadores y delegados sindicales a levantar un frente de rechazo en las empresas a la gestión de la incapacidad temporal por enfermedad común por parte de estas entidades patronales que gestionan nuestras cuotas de Seguridad Social, “con un total desprecio a los enfermos”.

Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, visitó el martes 21 de diciembre la sede central de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) en Santa Cruz de Tenerife. El presidente del Ejecutivo, que fue recibido por Manuel Rodríguez, Director Gerente de MAC, visitó la sede central de la Mutua y, una vez en el salón de actos, presentó el libro “Canarias decide”, cuyo autor es Victoriano Ríos, un volumen que narra la historia del nacionalismo canario. Manuel Rodríguez agradeció al presidente del Gobierno de Canarias el apoyo que ha mostrado siempre a la Mutua de Accidentes de Canarias-Corporación Mutua, tras recibirlo a su llegada a las instalaciones. En el transcurso del acto, en el que se dieron cita numerosas personalidades políticas, el presidente del Gobierno de Canarias agradeció a MAC su disposición a colaborar con el Ejecutivo autónomo. Tras la presentación del volumen, tanto Manuel Rodríguez como Octavio Calderín, subdirector de MAC, departieron con los invitados, entre los que destacaban Flora Marrero, parlamentaria de Coalición Canaria; Santiago Pérez, diputado socialista; Javier González Ortiz, portavoz de Coalición Canaria; Pedro Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria; Manuel Hermoso, expresidente del Gobierno de Canarias, y el periodista Juan Manuel Bethencourt, entre otras personalidades.

La Comisión del Pacto de Toledo ultima esta semana el informe de recomendaciones sobre la reforma de las pensiones sin haber alcanzado un acuerdo sobre la edad legal de jubilación y la insistencia del Gobierno de elevarla hasta los 67 años.

Los partidos políticos que componen esta Comisión cerrarán el martes el dictamen de recomendaciones sobre la reforma del sistema público de pensiones que, previsiblemente, saldrá adelante sin consenso mayoritario y con tres votos particulares de IU, ERC y BNG.

La izquierda ya ha anunciado que mostrará así sus discrepancias ante el acuerdo de PSOE, PP y CiU sobre la recomendación de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 15 años actuales.

Sobre este aspecto el secretario de Estado de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado ha avanzado que, aunque el Ejecutivo aún no tiene nada decidido, un aumento en 20 años no supondría ahorro a corto plazo y sólo lo generaría alrededor del 3% a medio plazo.

El PP ha manifestado que apoyaría un aumento gradual de los años de cálculo de la pensión, aunque ha sido muy crítico con la prolongación de la edad legal de jubilación.

En este sentido achaca una falta de concreción en el texto de la Comisión que no dice expresamente que esta edad debe ser a los 65 años.

En este punto el PSOE ha dejado la puerta abierta para que sean el Gobierno y los agentes sociales los que negocien una propuesta que para el Ejecutivo debe pasar por ampliar esa edad dos años más a través de medidas flexibles.

El Jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, insiste en que la jubilación legal pase por los 67 años, aunque precisa que se incorporarán "factores de flexibilidad razonables".

Zapatero mantendrá esta decisión porque la considera necesaria, aunque antes quiere hablar con todos los partidos políticos.

De momento el portavoz del PNV en la comisión del Pacto, Emilio Olabarría, ha dicho que su partido está "abierto a cualquier posición".

Zapatero considera que ante un momento histórico para el futuro de la economía hay que hacer ahora sacrificios que se convertirán en el futuro en confianza, prosperidad y empleo.

Sin embargo, el Pacto de Toledo deja plasmado por escrito que la mayoría de los partidos no recomiendan ampliar la edad de jubilación, aunque sí estén de acuerdo en acercar la edad real (actualmente en los 63 años) a la edad legal, y en incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Asimismo, el dictamen de la Comisión contiene recomendaciones específicas para frenar las prejubilaciones anticipadas y sobre una mayor correlación entre las prestaciones y las contribuciones que han hecho los trabajadores a lo largo de su vida laboral.

Sobre las pensiones de viudedad, existe un acuerdo unánime para aumentar la base reguladora de la pensión para aquellas personas mayores de 65 años cuyo ingreso principal, que no único, sea esta prestación, aunque el informe no recomienda ningún porcentaje de aumento de dicha base.

Precisamente, el martes la comisión cerrará este punto que también podría incluir una elevación en la edad de orfandad para cobrar este tipo de pensión.

Otro de los puntos en los que podría existir consenso es en el cambio de la naturaleza de las mutuas de accidentes de trabajo para mejorar su gestión y ser más transparentes frente a la Seguridad Social.

El dictamen de la comisión pasará previsiblemente en la semana del 27 de diciembre a la Comisión abierta del Pacto de Toledo para ser votado.

Posteriormente, el Gobierno presentará su proyecto de Ley que tendrá que negociar con los agentes sociales en enero para que, según marcó en su agenda, la reforma de las pensiones esté aprobada el 28 de ese mismo mes.

A principios de abril de este año, Luis Roldán Alegre asume el cargo de director gerente de la Mutua tras 11 años de gestión de Esteban Gil Bayona. ‘El nuevo director quería ampliar la visibilidad de MAZ para que la población se beneficie de toda la información de salud y prevención que generamos, como noticias, estudios que se realizan en nuestros hospitales, cursos de formación…’.

La mutua que lleva 105 años trabajando en España, ya trabaja con una amplia red en España de más de 100 centros con 1.400 trabajadores, pero lo más referente de MAZ es su Hospital de Zaragoza ‘con gran prestigio’, la Clínica suma Barcelona y el Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante en Valencia. También cuenta con una Unidad de Hombro y Codo, y otra especializada en Microcirugía y Reimplantes, precursora en España. Tanto trabajo en el sector sanitario, y toda la HOSPIinformación que se consigue en el día a día o con los análisis e investigaciones que llevan a cabo los profesionales que trabajan en relación con MAZ, no tenía la suficiente visibilidad en la sociedad. ‘Creemos que la sociedad se puede favorecer mucho de toda la información que tenemos, queremos que la conozcan y así mejorarán su calidad de vida’ ha destacado la coordinadora del Departamento de Comunicación.

Hasta abril, era Julio Glerigué el jefe del departamento de Comunicación de MAZ, y Pilar le ayudaba en ocasiones puntuales. Hoy Julio sigue siendo el máximo responsable, pero cuentan con 3 personas más ‘no son periodistas, pero porque nosotros nos encargamos de acumular toda la información y estructurar en parte el plan de Comunicación. Por eso decidimos contratar a la agencia Inforpress, para que ellos hicieran la labor más periodística’ detalla Pilar Mayayo. De momento, Yolanda Domingo, directora de Cuentas de Inforpress, ha confesado al equipo de prsalud que aún están ‘aterrizando’ en el nuevo proyecto.