De esta forma, todas las competencias relativas a accidentes de trabajo que hasta ahora se atribuían a los tribunales civiles o contencioso-administrativos se verán en los de lo social.
Asimismo, el orden social será el competente para velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan producido daños concretos por eventuales incumplimientos.
En un comunicado, el grupo parlamentario socialista ha subrayado que con esta ley se conseguirá dar una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan suscitar en el ámbito laboral.
Además, ha considerado que permitirá una mejor defensa de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios y ante los servicios públicos que gestionan las prestaciones a las que tienen derecho, como la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal.
Por su parte, el grupo parlamentario catalán (CiU) ha destacado en otro comunicado que la ley permitirá la aceleración de los litigios relacionados con los procesos de valoración y reconocimiento del derecho a percibir la prestación por dependencia, que se tramitará por la vía social en lugar de por la contencioso-administrativa.
Con este objetivo, según CiU, el Gobierno deberá desarrollar en el plazo de tres años una legislación específica que posibilite este aspecto de la ley y fije su entrada en vigor.

La Subdirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo e Inmigración ha presentado los datos de avance sobre accidentes de trabajo correspondientes al período enero-mayo 2011.

En los primeros cinco meses del año hubo 24.141 accidentes de trabajo menos que en el mismo periodo de 2010, lo que supone una reducción del 9%. De ellos, los accidentes en jornada que requirieron baja laboral se redujeron un 8,5%; los accidentes graves de este tipo disminuyen un 11,8%, y los mortales un 4%. El número de accidentes in itinere baja un 13,1%.

En el avance publicado hoy se observa un descenso de 25,8 puntos en el denominado “Índice de incidencia”, es decir, del número de accidentes en jornada con baja por cada 100.000 afiliados con cobertura de accidentes. Destaca que el descenso del índice de incidencia es muy superior el producido entre el número de trabajadores afiliados medios a la seguridad social con sus riesgos profesionales cubiertos en el mismo periodo, lo que evidencia que esta disminución de la siniestralidad es superior a la producida por la pérdida de actividad.

La reducción acumulada hasta mayo alcanza a todos los sectores, excepto el agrario, con una reducción de más de 42 puntos en el índice de incidencia tanto en la industria como en la construcción, y de casi 19 puntos en el sector servicios. En los últimos 8 años el índice de incidencia acumula un descenso del 40 por 100.

Los datos publicados hoy proporcionan una evaluación muy aproximada de la tendencia de los accidentes laborales, que continúa siendo claramente a la baja gracias al esfuerzo y el trabajo conjunto de todos los agentes implicados en la lucha contra la siniestralidad laboral, así como a las actuaciones de fomento de la seguridad y salud en el trabajo impulsadas por el Gobierno.

En este sentido, cabe recordar la firma el pasado mes de marzo de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio del Interior, con objeto de reforzar la línea de colaboración emprendida por el INSHT y la DGT en 2009 para aunar la seguridad laboral y la seguridad vial, ya que, según los últimos datos consolidados, correspondientes al año 2009, un 34 por 100 de las muertes por accidente de trabajo se produjeron en un accidente de tráfico.

En el marco de este convenio se están promoviendo planes de movilidad y seguridad vial en las empresas, cuya realización se incentiva al contemplarlos entre los requisitos que podrían dar acceso a la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales de las empresas.

La Seguridad Social va a ajustar la proporción de cotización que se destina a pensiones y enfermedad común, debido al aumento de las primeras y a la caída de la Incapacidad temporal, según una Orden Ministerial que actualmente estudia el Consejo de Estado.

Esta es una decisión que toma todos los años la Administración de Seguridad Social. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional administran la cuota, pero la decisión corresponde al poder legislativo y al poder ejecutivo, ya que se trata de recursos del sistema público de pensiones.

En Seguridad Social no existe una cuota separada para las prestaciones económicas por enfermedad común, con la misma se financian las pensiones y la incapacidad temporal. Todos los años se determina por una Orden Ministerial sobre cotizaciones, firmada por el Ministro a propuesta de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, qué parte de las cuotas sobre contingencias comunes se va a usar para la financiación de las prestaciones por incapacidad y qué parte se destina a pensiones.

Este año, al conocerse las primeras estimaciones sobre la liquidación del Presupuesto de las Mutuas durante 2010, se ha comprobado que el excedente de esta fracción de cuota por incapacidad derivada de enfermedad común se había multiplicado por 3,5 respecto de 2009, pasando de 88 millones de euros a 312 millones de euros. La incapacidad por enfermedad común arrojaba déficit antes de 2004 y ahora alcanza superávit.

La mejora tiene su origen en la progresión constante de las medidas de control y las modificaciones legislativas operadas desde 2004, que han permitido que en esta crisis económica, al contrario que en las anteriores, la Incapacidad Temporal no se haya convertido en una prestación refugio del desempleo sino claramente una prestación en la que cada vez existe un menor abuso, tanto por parte de trabajadores como por parte de empresarios (un programa de control al mal uso de prestaciones por parte de las empresas motivó la reclamación de más de 130 millones de euros correspondientes a los últimos cuatro años, que se ha realizado en los últimos seis meses).

La caída en el gasto de las prestaciones de Incapacidad Temporal, del 14% sobre el pasado año, que a su vez continuó caídas producidas en 2008 y 2009, coexiste con un incremento del gasto en pensiones del 5%, que se pagan con la misma cuota, es evidente la conveniencia de evitar que sobre una misma cotización existan a la vez superávits en una fracción y tensiones financieras en la restante.

De ahí que se hayan reajustado estas fracciones, que pasarán a ser un 0,05% inferiores en la parte tocante a las prestaciones económicas derivadas de enfermedad común en 2011, y un 0,05% superiores en la fracción de cuota de pensiones.

La medida proyectada tendrá como efecto dejar el superávit de 2011 en los mismos términos que en 2010, es decir, por encima de los 300 millones de euros, el superávit más elevado de la historia de la Seguridad Social.

Este superávit continuará creciendo, pero en términos moderados para no perjudicar el crecimiento de las pensiones ni de otras prestaciones.

Como una medida desesperada para frenar la caída de las cotizaciones sociales, el Ministerio de Trabajo ha preparado una orden para ingresas 275 millones de euros de las mutuas que de accidentes de trabajo, informa el diario Expansión.

La forma de hacerlo será sencilla, simplemente reducirá el porcentaje de estas instituciones para gestionar los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes (IT) pero la excusa es muy poco creíble. Según el ministerio la recuperación del empleo hará aumentar los ingresos de las mutuas en un 10% cuantía suficiente para gestionar las bajas sin la necesidad de la aportación del Estado.

El Gobierno alude a un escenario laboral que se aleja de la realidad. Tanto es así que prevé que los ingresos que cubrirán las bajas temporales por parte de las mutuas ascenderán a 3.307,19 millones, una cifra que supera en un 10% a la que aparece en las Cuentas aprobadas para este año.

Estos datos se traducen en una rápida recuperación del empleo que requeriría un aumento de número de cotizantes medio de 700.000 trabajadores para todo 2011.

Esta explicación no termina aquí, Trabajo asegura que como está demostrado que en épocas de crisis los empleados son más reticentes a cogerse bajas, es lógico que para 2011 deba destinar un 7,5% menos en los presupuestos, que los que le correspondieron en 2010, a esta partida.

Pero a realidades complicadas, soluciones extraordinarias. El Ministerio de Trabajo han preparado una orden, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que le permitirá arañar 275 millones de euros a las mutuas de accidentes de trabajo. El cómo llevarán a cabo la operación es sencillo: simplemente reducirán el porcentaje de recursos con el que cuenta estas instituciones privadas para gestionar los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes (IT). Actualmente, de todo el dinero que aportan trabajadores y empresas para cubrir este tipo de bajas, la Seguridad Social traspasa una parte a las mutuas, ya que de ellas dependen la cobertura de 11,5 millones de personas.
Pues bien, es detrayendo una parte de esos ingresos que corresponden a las mutuas para la gestión de bajas laborales de donde la Seguridad Social espera obtener ese colchón financiero
Pero el capítulo más enrevesado tiene que ver con las razones que esgrime Trabajo para llevar a cabo el golpe. La primera: que la evolución del gasto en prestaciones por IT de los trabajadores por cuenta ajena “se ha venido reduciendo de manera importante”. Y así es, la previsión es que en 2011 se dedique a este capítulo 2.476 millones, un 7,5% menos que el año pasado. Entre otros motivos, porque está demostrado que en épocas de crisis la gente es menos propensa a cogerse bajas.
El segundo motivo va por otros derroteros. El Gobierno alude a que los ingresos previstos para cubrir bajas temporales por parte de las mutuas ascenderán a 3.307,19 millones, una cifra que supera en un 10% a la que aparece en las Cuentas aprobadas para este año.
Se trata de una lectura optimista que presupone una recuperación exprés del mercado laboral, que requeriría un aumento de número de cotizantes medio de 700.000 trabajadores para todo 2011 (1.400.000 para lo que queda de año), un escenario alejado de la realidad.
La controversia de este recortazo no se queda ahí. El encaje de bolillos que pretende llevar a cabo el Ejecutivo hará que para muchas mutuas no cuenten con el dinero suficiente para gestionar las prestaciones por IT, lo que podría traducirse en un déficit en la gestión de esta prestación. Esta medida supondrá tener que aplicar parte de las reservas de estabilización para tapar esos número rojos, con lo que se verá mermada su solvencia.
Otra consecuencia es que algunas entidades no podrán dotar el límite mínimo del 5% de su resultados a la denominada reserva de estabilización.
Una lista de intentos
Es la cuarta vez que el Ejecutivo mercadea con las mutuas para intentar sacar algún rédito (ver apoyo).
El cerco de Trabajo se basa en que estas asociaciones de empresarios tienen dinero sobrante (4.850 millones de euros), lo que justificaría que se use para otros fines. Pero el planteamiento conlleva problemas de bulto. Y es que el dinero que atesoran las mutuas en sus reservas tienen el objetivo de garantizar su propia solvencia. En todo caso, dicen los empresarios, se podrían bajar las cotizaciones. Al fin y al cabo, si sobra dinero, ¿para qué seguir manteniendo el mismo nivel de cotizaciones sociales?