El presidente de la entidad, José Vicente Morata, ha asegurado en la junta general ordinaria de la mutua, celebrada esta mañana en Valencia, que “cada una de las más de 200.000 jornadas laborales que Umivale ha transformado en productivas en beneficio de sus empresas representa para nosotros un inmenso motivo de satisfacción y el refuerzo diario necesario para seguir apostando por una economía y un tejido empresarial más sano y, de esa manera, más competitivo”.

Entre los principales factores que incidieron en la importante reducción en 2010 de las jornadas perdidas por razones de salud, Morata ha destacado el significativo descenso de la siniestralidad laboral, que en 2010, en términos de tasa de incidencia, supuso un 5,7% respecto al año anterior. Con ello, y tras más de una década de reducciones acumuladas, se ha conseguido disminuir la siniestralidad laboral de una tasa en 1999 del 96,6 por mil trabajadores, al 42,3 por mil actual, es decir, un descenso superior al 56,2%.

Según señala Umivale en un comunicado, "estos datos reflejan el constante trabajo y esfuerzo de todos los actores comprometidos en implementar la cultura preventiva en nuestra sociedad y en particular, confirman la misión del grupo Umivale de proteger la salud de su población protegida, labor en la que están comprometidos sus 1.000 profesionales".

Durante la celebración de la junta general, se han dado a conocer también los ingresos consolidados de la entidad, que en 2010 superaron los 415,3 millones de euros, y un resultado financiero de 19,3 millones de euros.

Umivale tiene entre sus clientes de referencia a empresas como Banco Santander, BBVA, Banesto, Bankia, Bankinter, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Mercadona, Comsum o Prosegur.

si un empleado fallece en su puesto de trabajo, su viuda, además de percibir la prestación que asigna la Seguridad Social y el posible recargo, podría tener derecho a cobrar una indemnización superior a 100.000 euros en conceptos de daño moral y patrimonial. Sin embargo, en la mayoría de casos los familiares no reclaman estas compensaciones "por desconocimiento legal o por el dolor que produce el suceso", explica Marta Checa, abogada especialista en este tipo de procesos.

La cifra de accidentes laborales mortales se reduce cada año una media de un 10% en la CAV, según Osalan, pero aún así las cifras son para tener en cuenta. En lo que va de año, una veintena de personas han perdido la vida en su puesto de trabajo en el País Vasco, originadas por motivos diversos. Si el empresario demuestra que no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido, tanto el cónyuge como los descendientes directos tienen derecho a cobrar, al menos, la prestación de viudedad u orfandad que les corresponda. Además, algunas empresas tienen contratado un seguro que entra en juego en este tipo de casos y que incrementaría esta cantidad sin que el empresario se vea obligado a abonar ni un solo euro.

recargo de prestación Hasta aquí, el proceso para cobrar es sencillo y se suele producir de manera regular con el asesoramiento de un sindicato o de una mutua. Sin embargo, para acceder a un extra en la prestación mensual es necesario que se clarifique que la empresa tuvo algún tipo de responsabilidad en el siniestro al no tomar las medidas de prevención suficientes.

Para acceder a este recargo es suficiente con que la inspección de trabajo investigue las causas del accidente y levante un acta de infracción. Si se confirma dicha falta, la cantidad de la prestación se incrementa entre un 30 y un 50% cada mes.

Desde CC.OO.-Euskadi apuntan que "a veces puede ser un error llegar a la vía judicial" por mucho dinero que se pueda conseguir demandando a la empresa. "Simplemente con la ayuda de un sindicato se puede demostrar que las medidas de prevención no han sido las adecuadas y lograr el recargo en la prestación, que también supone mucho dinero todos los meses", asegura Jesús Uzkudun, responsable de Salud Laboral de Comisiones.

Este extra que oscila entre el 30 y el 50% de la prestación varía en función de la gravedad de la culpa del empresario, quien debe hacer frente a este recargo a modo de penalización. En los casos de accidentes que no son mortales, así como cuando se detecta una enfermedad laboral, la cuantía de la baja también se incrementa de esta manera si se demuestra que la empresa no tomó las medidas de precaución necesarias.

acciones legales Además de este recargo en la prestación, los familiares del trabajador fallecido pueden solicitar al empresario una indemnización por daño moral y patrimonial, aunque para ello es necesario recurrir a la vía judicial -conviene hacerlo antes de seis meses desde que ocurrió el accidente-.

Sin embargo, según la abogada Marta Checa, muchas familias renuncian a ello al desconocer cuáles son sus derechos y cuáles las acciones legales que deben emprenderse. "Los momentos posteriores al fallecimiento son tremendamente duros para sus familiares cercanos, quienes en ocasiones se ven incapaces de llevar adelante cualquier acción reclamatoria", afirma Checa.

Al dolor y al desconocimiento de la ley, la letrada añade otro factor fundamental. "La incertidumbre del resultado judicial y por supuesto su elevado coste económico también pueden impedir el ejercicio del derecho por parte de los perjudicados", expone. Y es que la justicia tiene sus plazos y no siempre es sencillo determinar quién es el responsable de un siniestro mortal. Por ello, la información que obtengan del abogado que asesore a los familiares será esencial a la hora de decidir si inician acciones legales contra la empresa o no, como explica Checa. En un siniestro mortal, si el juez determina que hay daño moral por parte del empresario, este habría de pagar más de 108.000 euros al cónyuge, 45.000 euros a cada hijo menor de edad y 9.000 euros a cada ascendiente de la víctima mortal.

Por otro lado, el valor del daño patrimonial lo debe fijar el juez teniendo en cuenta las pérdidas económicas que ha producido la muerte del familiar. Entran en juego factores como la convivencia y la dependencia económica. En este sentido, también hermanos y otros damnificados cercanos a la víctima podrían reclamar al juez una indemnización por daño moral o patrimonial.

una barrera Las mutuas desempeñan un papel fundamental diagnosticando enfermedades laborales como la silicosis. "Hay un registro en el que figuran toda las empresas que han trabajado con amianto. Diagnosticar una enfermedad laboral de este tipo es relativamente sencillo", indica Uzkudun. Sin embargo, CC.OO.-Euskadi denuncia que en muchas ocasiones las mutuas actúan como una barrera recurriendo sentencias en que la propia seguridad social daba la razón al trabajador o a la familia de este.

"Si la mutua obliga al trabajador a ir a juicio le está obligando a costearse un perito médico y le puede salir carísimo el juicio", lamenta Uzkudun, que explica que muchas mutuas también hacen esto "en casos de accidentes in itinere e infartos", por lo que apuesta por "una mayor democratización y presencia sindical" en las mutuas.

"Las mutuas siempre se han resistido a reconocer que el accidente se ha producido por causas laborales, esto no es nuevo, aunque con la crisis lo están haciendo aún más", indican desde ELA. "El problema es que este comportamiento se está extendiendo ahora a la seguridad social, que se resiste a dar bajas y, algunas veces, llega incluso a dar las altas antes de tiempo", explica Janire Landaluce, del gabinete técnico de ELA.

No obstante, como recuerdan los sindicatos, las mutuas ofrecen ciertos servicios para familiares de víctimas que a veces se desconocen a través de su comisión especial de prestaciones. Dicha comisión cubre los gastos derivados del traslado de un familiar a un centro hospitalario de otra ciudad, por ejemplo, y ofrece otros servicios como atención psicológica a familiares en caso de accidente laboral, entre otros beneficios.

El Ministerio de Trabajo ha elaborado un borrador de orden por la que se regula la prestación de servicios sanitarios por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que obligaría a estas entidades a derivar sus pacientes al sistema público si carecen de instalaciones propias para atenderles o si no es posible derivarlos a otras mutuas profesionales.

La aprobación de dicho borrador supondría un grave perjuicio para el sector sanitario privado y para el empresariado en general por los siguientes motivos:

• Supondría un aumento de las listas de espera de la Sanidad Pública por lo que la ciudadanía tendría hospitales públicos más saturados, además de suponer un aumento del déficit público de la Administración Pública.
• Supondría un grave perjuicio para los trabajadores ya que deberían acudir a centros públicos en lugar de centros privados.
• Supondría una perdida de competitividad del empresariado ya que aumentaría la duración de las bajas laborales al tener que derivarse a los hospitales públicos antes que a los privados.
• Supondría un aumento de costes para las Mutuas ya que el coste de la Sanidad Pública es mucho más alta que el de la Sanidad Privada.
• Supondría unas perdidas millonarias al sector hospitalario privado español, el cierre de muchos centros asistenciales privados y por tanto la perdida de cientos de puestos de trabajo.

Por todo lo anterior la Patronal exige la retirada inmediata del proyecto de orden y la participación del sector en un nuevo proyecto en el cual se prime el bienestar del trabajador lesionado y la eficiencia y eficacia de los centros asistenciales.

Entre otros artículos de la orden, deben destacarse los siguientes:

Artículo 1. Se definen modalidades de prestaciones en lugar de definir un sistema asistencial único (público y privado).
Artículo 2. Solamente podrán celebrarse o mantenerse conciertos de asistencia sanitaria con medios privados cuando las mutuas no dispongan de recursos sanitarios o no exista convenio con el sistema público, en el área de influencia.
Artículo 3. En el caso de inexistencia o insuficiencia de servicios sanitarios de mutuas o Administración Pública en el área de influencia, da prioridad a la ampliación y creación de centros de las Mutuas, antes que a la posibilidad de aprovechar los recursos privados.
Artículo 10. En el caso de que las mutuas no dispongan de recursos, ni existan instalaciones de otras mutuas o no exista convenio con el sistema Público, podrán prestar dichos ser vicios mediante conciertos privados, siempre que se ajusten a la Ley 30/2007 de 30 de octubre.
Artículo 11. Requisitos de los medios privados para concertar con las mutuas. c)Hallarse inscrito en el correspondiente Registro que se llevará a efectos en la D. G. de Ordenación de la S. S.
Artículo 12. Condiciones económicas de los conciertos. En ningún caso superen la mínima de las tarifas que aplique la entidad concertada.

Durante años los trabajadores y empresarios se han beneficiado de las ventajas del sector privado sanitario en cuanto a agilidad y eficiencia para resolver las lesiones de los trabajadores lesionados y por tanto la patronal considera un grave error el intentar coartar la colaboración del sector privado ya que supondrá graves perjuicios para los trabajadores, empresariado y administración.

Por todo ello la Federación Nacional de Clínicas Privadas ha iniciado los contactos pertinentes para intentar evitar la aprobación de dicha orden en los términos actuales.

Con el último vuelo del transbordador Atlantis, que despegará hoy de Cabo Cañaveral, finalizan los 20 años de colaboración entre la mutua MAZ y la NASA. El hospital de Zaragoza fue elegido por la entidad estadounidense en 1992 para la potencial asistencia médica a las tripulaciones ante posibles aterrizajes de emergencia en la Base de Zaragoza, que posee la pista más larga de Europa.

Además de los servicios asistenciales a las tripulaciones de los transbordadores y naves, el acuerdo de la MAZ y la NASA también cubría las necesidades del personal de la NASA de apoyo en tierra que, cada vez que ha habido un lanzamiento, se ha desplazado a Zaragoza.

Asimismo, la artritis reumatoide es una de las enfermedades reumáticas más incapacitantes, y en Canarias 8.900 personas padecen esta patología.

Por ello, la Sociedad Canaria de Reumatología (Socare), en colaboración con la Fundación Abbott, organizará por primera vez en Lanzarote el Cinefórum sobre Enfermedades Reumáticas, con la proyección de los cortometrajes ‘Clara no lo esperaba’ y ‘Diario de Manuel’. El acto tiene como objetivo informar sobre las enfermedades reumáticas y el impacto que éstas tienen en el paciente y su entorno laboral y personal, así como aumentar el conocimiento en el manejo de la enfermedad entre los propios pacientes.

Para la doctora Ángeles Gantes, reumatóloga del Hospital Universitario de Canarias y que participará en la reunión, patologías como la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante son “muy incapacitantes”, por lo que, a su juicio, resulta “muy importante el diagnóstico y el tratamiento temprano para evitar los daños articulares irreversibles que se producen en las primeras fases de la enfermedad”. De ahí deduce que la celebración de actos como el organizado por Socare son “muy importantes para aumentar el conocimiento de estas patologías”.

Por su parte, el doctor Eduardo Girona, presidente de Socare, será el encargado de presentar esta jornada, que se celebra el viernes 15 de julio, a las 18:00 horas, en el Hotel Diamar de Arrecife. Durante la sesión, los asistentes tendrán la oportunidad de resolver, directamente con el especialista, todas sus dudas en relación con la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante, dos de las enfermedades reumáticas más frecuentes y que están representadas en los cortometrajes que se proyectarán.

Para el Dr. Eduardo Girona, presidente de Socare, “la formación e información del paciente con enfermedad reumática es clave para que pueda hacer frente a la misma”.

La Sociedad Canaria de Reumatología(Socare), fundada el 11 de noviembre de 1991, es una asociación de carácter científico, cuyos objetivos son mantener un foro abierto para los reumatólogos de las Islas Canarias, desde donde se promueva el conocimiento de la Reumatología.