La mutua MAZ participa activamente en el desarrollo de una eficiente aplicación de eSalud, denominada Historia Clínica Electrónica. Se enmarca en el proceso de evolución tecnológica e implantación de una orientación que MAZ lleva a cabo actualmente. Dentro de este plan, está participando en el desarrollo de la aplicación de Historia Clínica Electrónica. Este módulo del proyecto Sextante permitirá al personal sanitario de MAZ disponer de forma segura, ágil y unificada de la información sanitaria. Además, les proporciona los medios más modernos para desempeñar la gestión médica necesaria tanto en despacho como en movilidad. En los puestos fijos, se trabajará desde una aplicación WEB a través de la intranet y, gracias al despliegue de la WiFi corporativa de Telefónica, desde los "tablet", los médicos y enfermeras podrán acceder también a estos datos en movilidad, cuando estén en el quirófano, el pasillo o las habitaciones. Desde la aplicación móvil, se habilitará la captura de ciertos datos en el punto donde se genera, para facilitar su labor y mejorar la calidad de la información. Por ejemplo, en quirófano, se consultan los resultados de las analíticas y toda la historia del paciente a través del iPad. Este mismo dispositivo sirve, en planta, a las enfermeras para tomar las constantes del enfermo y consultar toda la historia clínica.

Esta aplicación interna tan novedosa permitirá ahorrar papel y acceder a toda la historia clínica del paciente de forma inmediata y segura. Por otro lado, evitará que se pierdan datos o que no estén disponibles de forma inmediata, cuando se quieran consultar. Se acabó la letra ilegible.

De forma paralela, se implantará la firma digital en los actos médicos a través de una plataforma de firma suministrada por Telefónica. Esto permitirá asegurar la veracidad y seguridad de la información. Tanto la ergonomía propia de la aplicación de escritorio como la de la versión móvil se han estudiado meticulosamente para que sean plenamente funcionales en cada dispositivo sobre el que se ejecutarán. El objetivo es que cada anotación en la historia clínica se registre asociada a una firma digital que garantice la integridad, autenticidad, no repudio y fecha y hora en que se realizó. Las actuaciones médicas se registrarán a través de un PC o un dispositivo móvil (iPad) y se firmarán en dicho dispositivo utilizando un certificado digital reconocido. El servidor de la plataforma de firma verificará la validez del certificado.

Este proyecto fue finalista junto con otros 2 en la Categoría de Aplicaciones en Movilidad para usuarios Internos entre mas de trescientas aplicaciones, en el evento Movilforum Telefónica 2011 que se celebró en Valladolid los pasado 28 y 29 de Noviembre.

Si acepta plenamente los seis pequeños pactos a los que han llegado los agentes sociales, eso impediría, por ejemplo, que el Ejecutivo legislara sobre dos aspectos que según los expertos deben modificarse mucho más intensamente. Se trataría del sistema de formación profesional para el empleo y la solución a la falta de acuerdo en la negociación de los convenios colectivos. En el primero de los casos, patronal y sindicatos han pactado prorrogar la situación actual, y en el segundo, limitar solo en parte la prórroga automática de los convenios (ultraactividad) a través del uso del arbitraje. Aceptar estos minipactos contravendría también la promesa electoral de Mariano Rajoy de limitar las prejubilaciones.
Dicho esto, si el Ejecutivo cumple su programa electoral, tendrá que posicionarse sí o sí, al menos en dos cuestiones fundamentales: los costes laborales (bonificaciones a la contratación y despido) y contratación; y, en segundo lugar, acerca del peso de los convenios de empresa en la estructura de la negociación colectiva.
Respecto al primero de los asuntos, se espera que el Gobierno cree un nuevo contrato "para la crisis". Si finalmente tiene en cuenta el modelo de contrato que estaban negociando patronal y sindicatos, este será de carácter indefinido pero tendrá una duración de entre dos y cinco años. Y su indemnización por despido estará entre los 20 días que defiende la patronal o los 30 que piden los sindicatos y con un máximo de una o dos mensualidades. En este punto hay una gran incógnita que marcará la diferencia: si se optará por que este nuevo contrato no sea solo para la crisis y sustituya los dos actuales contratos fijos, con lo que erradicaría la histórica indemnización por despido de 45 días por año.
Otra de las decisiones complicadas será optar o no por bonificar la contratación. Es una política que Rajoy defiende para los jóvenes pero que se ha demostrado bastante ineficaz en los últimos tiempos y de la que están en contra los interlocutores sociales.
En materia de negociación colectiva, y en concreto la apuesta popular de dotar de más poder a los convenios de empresa, el equipo de Rajoy deberá decidir si se pone en contra con ello a buena parte de la patronal y los sindicatos, que a través de los resquicios legales que les dejó la última reforma de los convenios están pactando en un 80% de los casos que sean los convenios sectoriales de ámbito superior a la empresa los que primen sobre el resto.
Otras incertidumbres son si el Ejecutivo dará entrada de lleno a las empresas de trabajo temporal en la intermediación del mercado de trabajo o si dotará de mayor poder a los médicos de las mutuas para dar altas.
Nada podrán hacer los responsables económicos del Gobierno acerca de la política salarial del sector privado, ya que esto compete exclusivamente al ámbito de la negociación colectiva. Aunque también en este punto podrán actuar con nuevos mensajes de contención salarial en el sector público.

Activa Mutua continuando con el objetivo de la reducción de los accidentes de trabajo ha formalizado el compromiso de reducir los accidentes de tráfico tanto en la propia entidad, como entre el colectivo de sus empresas y trabajadores asegurados.
Las cifras no dejan indiferente a nadie y la Entidad ha decidido hacer su aportación para reducir estas cifras: en el año 2010, a nivel estatal se produjeron 645.964 accidentes laborales, de los cuales 102.002 fueron accidentes de tráfico, es decir, supusieron el 16 por ciento del total de accidentes laborales y un 35 por ciento del total de accidentes mortales laborales.
Por esta razón, Activa Mutua ha suscrito la Carta Europea de Seguridad Vial, desde donde se invita a empresas e instituciones a realizar acciones concretas, evaluar resultados y concienciar a los trabajadores con el objetivo de la reducción de los accidentes de tráfico.
El periodo de adhesión inicial es de tres años, en ese tiempo, Activa Mutua se compromete a realizar actuaciones, entre otras: realizar campañas en materia de seguridad vial, ofrecer jornadas formativas presenciales y on- line sobre esta temática, asesorar a las empresas y a elaborar e implantar el Plan de Movilidad y Seguridad Vial en la propia empresa.

Con fecha 11 de Enero de 2012, el Comité de Dirección deFraternidad-Muprespa,ha aprobado el Plan de Responsabilidad Social Corporativa, para el periodo 2012-2014, en el que se concretan los compromisos adquiridos por la Mutua con sus Grupos de Interés, en materia de políticas económicas, sociales y medioambientales.
Fraternidad-Muprespa considera que su actividad debe estar sustentada en la integración de una cultura responsable, en su modelo de gestión y en todas sus líneas de actuación. La Responsabilidad Social Corporativa no se puede limitar a ser un eslogan; ha de ser una guía de conducta para toda la Organización, manteniendo y fomentando un comportamiento ético tanto para la propia institución como para sus empleados. Los objetivos del Plan de RSC se concretan principalmente en: la creación de Comités y Códigos Éticos basados en la integridad, la honestidad y la confianza; en valores que rigen las decisiones y las actuaciones de la Mutua en relación con los trabajadores, las empresas, los colaboradores, los proveedores y la sociedad en general; en nuevas políticas y protocolos de actuación; en la promoción de la Seguridad y Salud Laboral; en el Desarrollo de la I+D+i; en la formación permanente, en la promoción de la igualdad de género; en la conciliación laboral; en el impulso de las buenas prácticas sanitarias; en la minimización del impacto ambiental; y por supuesto en la comunicación e información de la RSC a sus más de 300.000 empresas asociadas. Todos estos factores forman parte de los compromisos que esta mutua ha adquirido consigo misma. Confiamos en poder desarrollarlos exitosamente, con la implicación de todos los miembros de la entidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, diversos nombramientos en los ámbitos de la Inmigración y Emigración, Seguridad Social y Empleo.

En el primero, se ha nombrado a Marina del Corral secretaria General de Inmigración y Emigración. En Seguridad Social, se han designado los responsables del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), María Eugenia Martín Mendizábal, y de Ordenación, Rafael Antonio Barberá de la Torre. Finalmente, se ha nombrado a María de los Reyes Zatarain del Valle, directora general del Servicio Público de Empleo Estatal y a Pablo Hernández-Lahoz Ortiz, secretario General Técnico del Departamento.

Marina del Corral (1964) es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Comenzó su andadura profesional como responsable jurídico de la Organización no Gubernamental CIPIE, cuyo cometido básico es la integración de la población latinoamericana en España. Ha trabajado como abogada asociada en el despacho Cuatrecasas, en las oficinas de Bruselas y Barcelona, y durante años ha llevado la Dirección de los Servicios Jurídicos en España de la multinacional farmaceútica Sanofi-Aventis.
La Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) estará al cargo de María Eugenia Martín Mendizábal, quien ya ostentó este cargo entre 1997 y 2000. Martín Mendizábal (1959) es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social, grupo A. En la actualidad era directora General del Instituto Madrileño del Menor y la Familia en la Comunidad de Madrid. Anteriormente fue directora general del Servicio Regional de Empleo de la misma Comunidad, diputada del Partido Popular por Álava en el Congreso de los Diputados, secretaria primera de la Mesa del Senado, donde había sido elegida también por Álava, gobernadora civil y subdirectora de Invalidez en la Dirección Provincial del INSS en la misma provincia.

Rafael Antonio Barberá de la Torre (1963) es el nuevo director General de Ordenación de la Seguridad Social. Licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, es master en Economía por la Universidad de Southampton (Reino Unido), MBA en Dirección de Empresas Financieras por el Instituto de Estudios Financieros y de Seguros, profesor titular de Universidad y director del Departamento de economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido responsable del Departamento de Caución en Fianzas y Crédito, Cia. De Seguros y Reaseguros, S.A., asesor del área económica del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y asesor en la Secretaría de Estado de Economía.

La Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal, María de los Reyes Zatarain del Valle (1965) es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social desde 1990. Desde esa fecha ha ejercido de Letrado en varias Direcciones Provinciales, ha desempeñado el puesto de Directora General de Organización Administrativa en el Ministerio de Administraciones Públicas, de Secretaria General de la Tesorería General de la Seguridad Social, asesora en el Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y vocal del Consejo de Administración de Sistemas Técnicos de Loterías del Estado STL y del Consejo de Administración de RED.es.

Al frente de la Secretaría General Técnica del Ministerio estará Pablo Hernández-Lahoz Ortíz (1977), licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade), abogado del Estado, master oficial de Intervención de la Administración en la Sociedad por la UNED. Como abogado del Estado ha desempeñado su tarea, entre otras entidades, en el Servicio Jurídico del Estado de Barcelona, en los Ministerios de Trabajo e Inmigración, Educación, Política Social y Deporte y Sanidad, Política Social e Igualdad. Es autor también de diversas publicaciones.