Los representantes de la mutua participaron con la presentación de dos ponencias. Una estaba referida al ‘Proceso de Prestación por riesgo laboral en situación de embarazo y lactancia. Criterios médicos de reconocimiento de la prestación’, que fue expuesta por el subdirector médico de Contingencias Profesionales de Ibermutua, el doctor Valentín Sanz Sanz.

En ella se analizaba el proceso de solicitud de la prestación, con el informe técnico del puesto de trabajo, los cambios que se hubiesen realizado en el mismo y el reconocimiento final de la prestación. También se apuntaron las consecuencias e identificación de los factores de riesgo (como las radiaciones ionizantes, las vibraciones, las temperaturas extremas, el ruido, los riesgos ergonómicos o la práctica de ciertas actividades deportivas),  así como los criterios y guías de apoyo.

La segunda ponencia abordó la ‘Valoración del riesgo durante el embarazo y la lactancia’, y fue presentada por Manuel Cabezas Rivas, técnico de prevención y analista de puestos de trabajo de Ibermutua en la zona de Granada/Almería, quien explicó cómo se lleva a cabo el informe sobre los puestos de trabajo, especificando los criterios técnicos y metodológicos empleados.

En ambas intervenciones se desgranaron importantes aspectos de  la evolución de la prestación en nuestro país, el procedimiento de solicitud de la prestación y la valoración de los riesgos laborales de acuerdo a la 2ª Edición de la Guía de Ayuda para la Valoración del Riesgo Laboral durante el embarazo, editada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con la participación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)  y la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo (AMAT).

Fruto de la fusión entre Ibermutuamur y Mutua Gallega, Ibermutua protege a un colectivo de más de 1,5 millones de trabajadores y da cobertura a cerca de 170.500 empresas, contando con cerca de 120 centros propios en todo el país y situándose como la tercera mayor Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.

Un centenar de personas han asistido a la jornada que Unión de Mutuas ha organizado en Valencia, en colaboración con la Federación Empresarial del Metal, FEMEVAL, con el objetivo de analizar el impacto que en materia laboral están teniendo las diversas reformas  laborales que han entrado en vigor en 2019.

La mutua ha contado como ponentes con el presidente del Comité Económico y Social de la CV y catedrático de Derecho del Trabajo, Carlos Alfonso,  y con la profesora  titular de Derecho del Trabajo de la Universitat de Valencia, Gemma Fabregat.

La jornada ha sido presentada por el secretario general de FEMEVAL, Alejandro Soliveres, y la directora territorial de Unión de Mutuas, M.ª Ángeles Capilla.

Durante el encuentro se han abordado las medidas para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio, el decreto ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas de gran calado en materia social, laboral y de empleo, así como las novedades que ha supuesto la entrada en vigor del Salario Mínimo Interprofesional.

En cuanto al SMI, la titular de Derecho del Trabajo Gemma Fabregat, ha manifestado que el incremento ha quedado fijado en 14 pagas a 900 euros, con lo que nunca cabe computar como cantidad a cobrar menos de 12.600 euros. Por lo tanto, “los convenios están afectados”, y tendrán que adaptarse en lo necesario para llegar al salario mínimo en cómputo anual de “12.600 euros más complementos salariales”, ha aclarado Fabregat.

Sobre las medidas contenidas en el decreto ley 28/2018, de 28 de diciembre, el presidente del Comité Económico y Social de la CV y también catedrático del Derecho del Trabajo, Carlos Alfonso, ha analizado como  puntos claves  la revalorización de las pensiones, y las medidas que afectan al trabajo autónomo en cuanto a las nuevas cotizaciones y prestaciones.

Respecto a las medidas sobre el trabajo autónomo, Carlos Alfonso ha señalado que “este año el autónomo cotiza menos,  el 30% por todas las contingencias, ya que se obliga a todo el mundo a cotizar y por tanto se pueden reducir las cuotas”, aunque ha recordado la ampliación progresiva de cotización por contingencias profesionales hasta el 1’3% y por cese de actividad hasta el 0’9%, en total una subida el 2’2% para el año 2021.

Sobre las prestaciones ha asegurado que hay incrementos de gastos, “en parte a cargo de las mutuas”.  En este sentido ha manifestado la obligatoriedad de concertar la protección por contingencias profesionales, IT y cese de actividad  “con una sola mutua”, ante lo cual,  en situación de IT con prestación, el autónomo dejará de cotizar a partir del día 61, haciendose cargo de la cotización la entidad colaboradora con la Seguridad Social.  

También como medida importante ha destacado la duplicación de la duración de la prestación por cese de actividad  pudiéndose cobrar hasta 24 mensualidades, según periodos cotizados, aunque “hasta los 12 meses cotizados no generarán prestación”.

Asimismo, Carlos Alfonso ha recordado que en estos momentos “hay casi medio millón de autónomos que tienen la obligación”, hasta el 31 de marzo  y con efectos uno de junio, “de cambiar de la Seguridad Social a cubrir sus contingencias con una mutua”.

También, el catedrático y presidente del CES-CV, ha advertido de “la medida antifraude” debido a la diferencia de cotización entre el autónomo y el trabajador por cuenta ajena, por lo que ha explicado que para evitar la reconversión de trabajadores por cuenta ajena en trabajadores por cuenta propia  “se aplicará una  sanción grave”,  de 3.126 euros hasta los 10.000 euros según grado, remarcando que se trata de “una infracción por cada trabajador afectado”.

La sesión ha finalizado con un debate abierto en el que los asistentes, entre profesionales del Derecho, autónomos mutualistas y asesores laborales, han expuesto los casos a los que se enfrentan día a día, han cambiado impresiones y han podido despejar sus dudas en torno a las cuestiones analizadas.  

El Real Decreto 860/2018, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas, establece un programa de actividad dirigido al asesoramiento a empresas y trabajadores autónomos sobre la aplicación de los medios de coordinación existentes para la prevención de los riesgos laborales.

Como complemento de dicho programa, el Área de Prevención de FREMAP ha editado el "Manual de Coordinación de Actividades Empresariales".

Con este manual, FREMAP pretende aportar una forma diferente de conceptualizar la coordinación de actividades empresariales, basada en la experiencia y en la aplicación práctica y efectiva de la prevención, que sirva de ayuda a la implementación de la CAE de las empresas asociadas y en las actividades que efectúan los trabajadores autónomos.

Fraternidad-Muprespa y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA, firmaron este miércoles un acuerdo de colaboración con el objetivo de trabajar conjuntamente para mejorar la atención a personas que, a causa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, adquieran una discapacidad. 

Esteban Mate, subdirector general de Gestión de la Mutua y Javier Font, presidente de FAMMA, fueron los encargados de firmar el acuerdo, que contempla, entre otros puntos, asesorar a los mutualistas en lo relacionado con supresión de barreras, tanto en la adaptación del puesto de trabajo, como en las viviendas particulares de los trabajadores accidentados. También estipula el asesoramiento por parte de FAMMA sobre la obtención del certificado de grado de discapacidad y el fomento de la autonomía personal de los trabajadores. 

Esteban Mate aseguró que para Fraternidad-Muprespa es un “lujo” contar con la experiencia de FAMMAy Cocemfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en la que se integra. “Queremos ayudar a los trabajadores de las empresas que protegemos. Lo mejor del acuerdo es contar con la experiencia de FAMMA y con un elemento más de apoyo para la gente que lo necesite”. 

Por su parte Javier Font destacó que “todo el conocimiento que podamos poner a disposición de Fraternidad-Muprespa será bueno para que el ciudadano pueda tener la mejor calidad de vida posible y que, para una familia, no sea una carga tener una circunstancia que ha propiciado una discapacidad, sino que sea algo a tratar, a normalizar, con la que convivir”.

Este acuerdo, que nace del deseo de cumplir con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, tiene una vigencia inicial de dos años. Las acciones que acometerán ambas partes en el futuro serán fruto del consenso de los miembros de la comisión bilateral que pondrá en marcha los planes de actuación concretos.  

FAMMA, organización sin ánimo de lucro, está integrada por 48 entidades y representa a más de 194.000 personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, ámbito al que se circunscribe este acuerdo.