Las federaciones de Servicios Públicos; Transportes, Comunicaciones y Mar; Servicios; y Trabajadores de UGT presentaron un recurso de incostitucionalidad al Defensor del Pueblo contra el RealDecreto-Ley 8/2010 de medidas para reducir el déficit público. En particular contra su Capítulo I, las decisiones adoptadas en materia de empleo público; disposiciones adicionales 3º (Aplicación del recorte a las mutuas de accidente de trabajo y enfermedad profesional; y 9º que regula las normas especiales para determinadas entidades del sector público.

Estudio jurídico
A la denuncia adjunta un análisis jurídico en el que tras analiza las circunstancias concurrente y los efectos que derivan del Real Decreto, en el que UGT ha llegado a la conclusión de que su contenido podría “atentar” con varios principios recogidos en la Constitución.
Desde UGT se expresa la “preocupación” por lo que consideran una “importante merma” en los derechos económicos de los empleados públicos de España.

Según Randstad, el miedo a perder el empleo está provocando un descenso del absentismo laboral y un incremento del llamado ‘presentismo’, es decir, mayor presencia en la oficina, aunque no se produzca un aumento de la productividad.

La intensidad laboral y el estrés causado por la crisis está provocando la aparición de nuevas patologías laborales, como el ‘burnout’ o ‘síndrome del quemado’ (relacionado con esfuerzos laborales que no se ven compensados); la adicción al trabajo o la fatiga crónica.

Otras patologías relacionadas con el estrés son la ergodependencia (no poder dejar de trabajar ni un solo día durante periodos muy largos) y el tecnoestrés, relacionado con el uso de Internet y las nuevas tecnologías en el trabajo.

Físicamente, el tecnoestrés se manifiesta a través de dolores de cuello o cervicales, y un síntoma del mismo puede ser consultar el correo electrónico de manera autómata.