Mutua de Andalucía y de Ceuta (Cesma) en su Junta General de Asociados, celebrada en Ceuta el 23 de julio de 2010, ha nombrado a D. Remigio González Martínez como nuevo presidente de la Entidad.
D. Remigio González Martínez es un conocido empresario ceutí que, con este nombramiento, mantiene una larga trayectoria de vinculación a la mutua en la que venía ejerciendo las funciones de tesorero.
Su predecesor, D. José Ibáñez Rodríguez, dijo adiós a un largo y fecundo período, más de treinta años como miembro de la Junta directiva de Cesma. De su etapa al frente de la Mutua merece hacer un balance extraordinariamente positivo puesto que ha supuesto para Cesma, su consolidación como la mutua de accidentes de trabajo de referencia en Andalucía, así como la sustancial mejora de las instalaciones sanitarias, la ampliación de los centros administrativos y sobre todo la reciente sede social de Ceuta que representa la nueva imagen de Cesma de cara al futuro.
Mutua de Andalucía y de Ceuta, tras sus más de setenta y cinco años de existencia, cuenta con doscientos empleados y, tiene asociadas en torno a 20.000 empresas, atendiendo a un colectivo aproximado de 100.000 trabajadores, lo que demuestra el amplio respaldo obtenido en su labor diaria de prestación de servicios, una labor ejercida con profesionalidad.

El número de accidentes laborales en Baleares ha bajado un 10,22 por ciento en el primer semestre del año, según datos de UGT en las islas, descenso que el sindicato achaca no a una mayor responsabilidad por parte de los empresarios sino a la caída de la actividad productiva y al paro.

Estas cifras han sido presentadas hoy por el sindicato, con motivo de la puesta en marcha de la campaña de sensibilización y de información "Mano a mano por la prevención, mano a mano por tu salud y seguridad", que se realizará en Mallorca hasta este viernes.

El sindicato señala en un comunicado que esta campaña responde a que "todavía queda mucho por hacer en esta materia" en las islas, donde reclama al Govern que ponga en funcionamiento el Instituto Balear de Salud Laboral "tal y como contempla su programa electoral".

La campaña de UGT consiste en un autobús articulado de 18 metros que, desde ayer y hasta el viernes, recorrerá los distintos puntos de la isla con el objetivo de informar a los trabajadores sobre las enfermedades profesionales, los perjuicios para la salud de las malas posturas y los riesgos psicosociales del trabajo.

Entre enero y junio de 2010, el Ministerio de Trabajo ha reconocido a 182 personas de las islas una enfermedad profesional mientras que durante el 2009 este reconocimiento se concedió a 402 trabajadores.

UGT critica que la cifra de enfermedades profesionales dictaminadas durante estos primeros meses del año hayan descendido porque, a juicio del sindicato, la "tendencia debería ser al alza" dado que en el año 2006 se aprobó el decreto de enfermedades profesionales con el fin de que este tipo de dolencias afloraran.

"El problema es que las mutuas camuflan las enfermedades profesionales como enfermedades comunes para que los gastos los cubra la Seguridad Social", denuncia UGT Baleares.

De hecho, Baleares está por debajo de la media en el reconocimiento de enfermedades profesionales: en las islas hay una por cada 1.999 trabajadores, mientras que en el conjunto del Estado la media está en una por cada 1.623.

Por comunidades, la que sale mejor parada en esta estadística es Navarra con una enfermedad profesional por 246 trabajadores, y la que peor, Andalucía con una enfermedad por 5.000 empleados.

En el archipiélago la mayoría de las enfermedades profesionales, el 86 por ciento, son causadas por agentes físicos debido a los movimientos repetitivos, fatiga y dolor de tendones, detalla el comunicado de UGT.

No coincidentes

Mª Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo “en funciones”, no interpondrá Recurso de Inconstitucionalidad contra el RDL 8/2010, que recorta el salario de los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas, y de sus entidades y centros mancomunados, sin entrar a valorar los elementos fundamentales que justifican el déficit constitucional del Decreto Ley.

La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras solicitó, el pasado 10 de Junio al Defensor del Pueblo, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo, de conformidad con lo establecido en el artículo 162.1 a) de la Constitución, el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional y los artículos 10 Uno y 29 de la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo.

A nuestra solicitud, siguieron las formuladas posteriormente por otras organizaciones y federaciones sindicales, asociaciones y colectivos profesionales y multitud de personas trabajadoras a título individual.

La Defensora del Pueblo “en funciones” ha emitido una única resolución negativa en la que acumula la totalidad de las reclamaciones presentadas y en la que solo dedica a las especiales características del sector de Mutuas dos breves referencias, extremadamente vagas y carentes de una mínima argumentación jurídica.

Los fundamentos generales utilizados por la Defensora del Pueblo para justificar su negativa son prácticamente idénticos a los utilizados en 2002, frente al Decretazo del Gobierno de Aznar, cuando tampoco interpuso el recurso ignorando los fundamentos esenciales que, posteriormente, dieron lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional 68/2007, de 28 de Marzo, que reconoció la incostitucionalidad de aquel Decreto Ley.

Una nueva sentencia del Alto Tribunal contraria a la resolución de esta Institución pondría en entredicho su misión fundamental: la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones restrictivas de los Gobiernos en materia de derechos socio-laborales.

Por lo que respecta a la afectación del Decreto Ley a las personas que trabajan en las Mutuas y en sus entidades y centros mancomunados, la resolución se limita a indicar que, estas, se encuentran incluidas en el sector público estatal, según la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

Para Comfia-CCOO, la Defensora del Pueblo debería haber dedicado algunos minutos más a salir de su ignorancia pues, no existe norma legal alguna que sitúe a las Mutuas, ni a sus entidades y centros mancomunados dentro del sector público de forma plena, sino exclusivamente de forma parcial: Solo a efectos presupuestarios, según la Ley 47/2003 General Presupuestaria y solo a efectos contractuales, según la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, quedando excluidos expresamente los contratos laborales, en este caso.

Desde Comfia-CCOO vamos a continuar adoptando iniciativas jurídicas, administrativas y sindicales para defender el derecho a recibir íntegramente nuestro salario.