Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional podrán compensar a las empresas que promuevan programas tendentes a mejorar las condiciones de trabajo o a flexibilizar el cambio de puesto de trabajadores enfermos, informó hoy el Ministerio de Trabajo.

La compensación se realizará a cargo de los excedentes de las mutuas y se destinarán a compensar los gastos en que incurran las empresa por poner en marcha dichos programas, que además deberán ser pactados entre empresarios y trabajadores.

Se trata de una de las medidas incorporada a la reforma laboral durante su tramitación parlamentaria para mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, de la que han informado los responsables de la Seguridad Social a los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales en la Comisión de Seguimiento celebrada este jueves.

Según informó Trabajo, esta medida ya existe, fruto de acuerdos emanados del diálogo social, para los programas de disminución de la siniestralidad laboral y de las enfermedades profesionales. Pero no existía aún para enfermedades que, sin pertenecer a los listados de enfermedad profesional, guardan relación con las condiciones de trabajo, tales como muchas de las patologías psicosociales.

Para el reconocimiento de este incentivo se exigirá un plan pactado, en el ámbito de la empresa, con la representación de los trabajadores.

La Administración de Seguridad Social ha ofrecido a representantes de trabajadores y empresarios pactar la regulación de estos procesos de colaboración, a fin de conseguir que la reducción del absentismo pase no sólo por el control, sino por la mayor flexibilidad de la jornada, el cambio de condiciones de trabajo, y la reubicación de los trabajadores enfermos, que mejoren la salud integral de los trabajadores.

Las mutuas también podrán anticipar procesos de rehabilitación derivados de lesión o enfermedad común de los trabajadores, y evitar que las listas de espera dilaten su recuperación con perjuicios para su salud.

En la reunión también se dio cuenta de la inclusión durante la tramitación parlamentaria, de una enmienda que garantiza el cobro en dinero líquido del salario mínimo interprofesional, evitando descuentos abusivos por salario en especie que afectaban a los colectivos más desfavorecidos (empleadas de hogar, contingentes extranjeros y otros).

CCOO y UGT acusaron hoy al Gobierno de modificar de forma unilateral materias de la Seguridad Social y de incumplir el Pacto de Toledo sobre pensiones.

En un comunicado conjunto, los sindicatos señalan que el Ejecutivo ha utilizado la tramitación parlamentaria de la reforma laboral para modificar "unilateralmente" materias de seguridad social.

Entre ellas destacan por "grave" la posibilidad de que las mutuas puedan gestionar una reducción de cotizaciones por contingencias comunes, "que son las que sirven para pagar las pensiones", subrayan.

Según CCOO y UGT, la actitud del Gobierno a favor del recorte de la protección social de los trabajadores y los pensionistas ha quedado patente "de nuevo" hoy en la reunión "de oficio" de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de medidas en materia de la Seguridad Social de los interlocutores sociales en el Ministerio de Trabajo.

En este sentido recuerdan la decisión de congelar las pensiones para 2011, la supresión del régimen transitorio de la jubilación parcial o el fortalecimiento de la gestión privada de las bajas laborales por enfermedad común por parte de las mutuas.

Ambos sindicatos acusan al Gobierno por su "falta de interés e incapacidad" a la hora de cumplir los compromisos del acuerdo de julio de 2006 en Materia de Seguridad Social, que todavía están bloqueados y que suponen mantener "sine die" la desprotección de los trabajadores agrarios y de las empleadas de hogar.

El incumplimiento, añaden, impide también la posibilidad de rebajar la edad de jubilación a los trabajadores en actividades penosas, tóxicas o peligrosas e insalubres.

Los sindicatos manifiestan su "preocupación" por que el Gobierno propone una reforma de pensiones basada únicamente en acuerdo parlamentario y excluye el papel que el Pacto de Toledo "reserva" a la participación de sindicatos y empresarios.

Por ello, reiteran su rechazo a una reforma del sistema de pensiones "unilateral, sin consenso ni acuerdo social" que "refuerza la necesidad" de ir a la huelga general del día 29.

Díaz Ferrán, que someterá previamente sus propuestas al comité ejecutivo, planteará revisar el Pacto de Toledo. En ese sentido, solicitará que se alargue la edad de jubilación, así como los años de contribución para calcular la cuantía de la pensión. El documento elaborado por la cúpula de la patronal no determina los años de ampliación; pero todo indica que respalda el proyecto del Gobierno de elevar la jubilación a los 67 años y el periodo de contribución a los últimos 20. Asimismo, la organización está a favor de la separación de fuentes de la Seguridad Social y de un tratamiento fiscal más adecuado para las pensiones privadas.
En cuanto a la huelga general, la CEOE se declara totalmente en contra y pedirá al Ejecutivo que se garantice el derecho a trabajar, así como que se adopten unos servicios mínimos apropiados con vigilancia de los piquetes. Según fuentes de la patronal, "la huelga es política, inoportuna, desacertada y en contra del poder legislativo, que ha aprobado una ley".
La patronal además exigirá al Gobierno que no contemple, en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, ninguna subida de impuestos y que se baje el gasto corriente.
En el orden del día de la junta directiva se recogen también otras cuestiones como el nombramiento como vicepresidente de Joan Gaspart en sustitución de Gonzalo Pascual a propuesta de Díaz Ferrán.

Así consta en un documento con las aportaciones de la CEOE al texto que contiene la reforma de las pensiones y que actualmente analiza la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, en el que la patronal precisa que las bonificaciones para la contratación no deberían ir con cargo a las cotizaciones.
La CEOE insiste en la necesidad de que se reduzcan las cotizaciones a cargo de las empresas y para ello considera "necesario y urgente" que se valoren "adecuadamente" dichos costes y que no se haga en términos de tipos medios de cotización, sino de "participación de los costes por cotizaciones calculados sobre el PIB".
Así, según la patronal, se podrá conocer mejor la "desfavorable posición" de las empresas españolas con respecto a la de otros países de la UE. Por ello, reivindica que la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social no se demore "en ningún caso" más allá de 2014.
Para la patronal, además, deben establecerse mecanismos que permitan reducir de forma coyuntural las cotizaciones en momentos de recesión y alto desempleo.
Montante del Fondo de Reserva de la SS
Otra de las reivindicaciones de los empresarios es que se definan los criterios sobre el montante "razonable" del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en un contexto de crisis como es el actual y que se revise su modelo de gestión.
El aumento de los incentivos fiscales para los sistemas de previsión social complementaria, en particular los planes de pensiones, es otro de sus requerimientos, así como el favorecer el cobro de prestaciones en forma de renta vitalicia asegurada. Además, cree conveniente incorporar medidas concretas al desarrollo de la previsión social en las pymes.
La CEOE insiste en la necesidad de intensificar la relación entre las aportaciones durante la vida activa y la pensión y que se amplíe a toda la vida laboral el periodo de cómputo para calcular la pensión. Asimismo pide que la edad de jubilación legal (65 años) coincida lo más posible con la real, estimada en 63,27 años.
Referente a la prestación por incapacidad temporal, la CEOE quiere que pase íntegramente al Instituto Nacional de la Seguridad Social entre el cuarto y el décimo quinto día, sin que afecte a las cuentas de las Mutuas. También pide una Memoria Económica de la reforma que plantea el Gobierno y el calendario previsto para la misma.
Además, la CEOE tiene previsto aprobar en su Junta Directiva del próximo mes de octubre los criterios para reformar la negociación colectiva, informó Lacasa. La CEOE y los sindicatos CCOO y UGT tienen firmado un compromiso para reformar la negociación colectiva.
Pide al Gobierno que garantice el derecho al trabajo en la huelga
Tras la celebración del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la patronal, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, solicitó hoy al Gobierno que garantice "claramente" el derecho al trabajo en la huelga del 29 de septiembre, un paro que ve "sumamente inoportuno y lesivo" para los intereses de España. Lacasa dijo que los cuatro objetivos fijados por los sindicatos son "claramente políticos" y "ajenos al mundo empresarial".
Para la CEOE, la huelga se dirige contra decisiones del Gobierno o del Parlamento, y "nada tiene que ver con el mundo de las empresas" a pesar de que los empresarios y los ciudadanos serán "los grandes sufridores" de la misma, señaló Lacasa. Por ello, la patronal pidió a las empresas que abran sus instalaciones "desde el primer momento de la huelga" para garantizar el derecho al trabajo "de quienes así lo quieran ejercitar".
Lacasa dijo que la huelga es "sumamente inoportuna y lesiva" para los intereses de España, de las empresas, de los trabajadores y de los ciudadanos en general.
Liberados sindicales
Por otro lado, Lacasa ha indicado que en España, sólo en el sector privado, hay unos 290.000 representantes sindicales en las empresas, que dedican unos 60 millones de horas al año a la actividad sindical y, de ellos, únicamente unos 4.200 son liberados sindicales.
Preguntado acerca de si la CEOE vería bien un cambio de la legislación para limitar el número de liberados sindicales, ha dicho que hay otras prioridades y cambios que hacer más importantes en la legislación laboral española.
Lacasa, que ha aclarado que ningún vicepresidente ha pedido la dimisión del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, durante la reunión, se ha referido también a la reforma laboral, que CEOE sigue viendo claramente insuficiente; a la consolidación fiscal, que debe basarse en la reducción del gasto no productivo, y a las pensiones, cuya reforma ha criticado que se esté dilatando "excesivamente".

La Unión General de Trabajadores (UGT) alertó hoy de que el aumento de accidentes de trabajo que no causan baja se debe a que los trabajadores no la solicitan por miedo a quedarse sin empleo.

El sindicato reaccionó así en un comunicado tras conocer que, según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, hasta julio de 2010 hubo 441.450 accidentes que no necesitaron baja, el 3,8% más que en el mismo periodo del año pasado, y 376.840 que sí causaron baja, el 5,9% menos.

Además, UGT atribuyó el descenso del número de accidentes que requieren baja al aumento del paro de los últimos meses, a la caída de la ocupación en sectores de mayor riesgo como la construcción o la industria, y al descenso de la temporalidad y la nueva contratación.

Finalmente, recordó que en España cada día mueren dos personas a causa de accidentes laborales, 17 tienen un accidente grave, 1.774 uno leve y 52 son víctimas de una enfermedad profesional.