La aprobación de la reforma laboral el pasado día 9 en el Congreso no es el punto final. En las disposiciones adicionales de la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, nombre oficial del texto, se recogen las tareas pendientes tanto para el Gobierno como para los agentes sociales. Entre ellas está el desarrollo de tres reglamentos, varias leyes, algún real decreto y la reforma de la negociación colectiva. El Ministerio de Trabajo ya se ha puesto manos a la obra en un caso: el que supone trasladar de la jurisdicción administrativa a la social los recursos contra los Expedientes de Regulación de Empleo. Los otros puntos son los siguientes:

– Agencias de colocación. El reglamento más urgente a desarrollar es el de las agencias privadas de colocación. Antes de que acabe el año, el Gobierno tiene que desarrollar el que abra la puerta de la intermediación laboral a las empresas privadas. La reforma obliga al Ejecutivo a consultarlo con las comunidades autónomas y con los sindicatos y empresarios.

– Fondo para el despido. El texto aprobado finalmente fija hasta el 18 de junio de 2011 para aprobar una ley que regule el llamado modelo austriaco de despido. Consistirá en un fondo de capitalización que se nutrirá de cuotas sociales empresariales (no subirán las que ya se pagan). El fondo financiará parte del despido de trabajadores indefinidos.

– Formación Profesional. La reforma da seis meses al Ejecutivo para aprobar un real decreto en el que se regule un nuevo sistema de formación profesional.

– ETT en la Administración. Antes del 1 de abril, las Administraciones tienen que negociar los criterios bajo los que se permite a las empresas de trabajo temporal participar en la Administración. También tienen que negociar con los sindicatos cómo estas empresas entran en la construcción y otros sectores de riesgo.

– Negociación colectiva. La reforma laboral pone deberes a los agentes sociales. Les da un plazo de medio año para pactar la reforma de la negociación colectiva. En caso contrario, tendrá que hacerla el Gobierno. Además de estos aspectos, la reforma recoge cambios en la gestión de la incapacidad temporal para las mutuas, la vinculación de políticas activas de empleo y pasivas o modificaciones del sistema de prestaciones cuando baje el paro.

El Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) ha sido sede de una reunión con responsables en prevención y seguridad en el trabajo para presentar el portal Prevencion10.es, una herramienta informática diseñada para aplicar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 en empresas de menos de diez trabajadores, que en Navarra constituyen más del 50% del tejido empresarial, de las que aproximadamente el 30% son oficinas.

La norma permite que el empresario ejerza de responsable de prevención y seguridad laboral en estas microempresas. Esta posibilidad estaba abierta hasta ahora sólo para empresas de menos de 6 trabajadores.

A este fin, se ha creado un sistema de asesoramiento para que el empresario organice la prevención en su empresa, lleve a cabo autoevaluaciones de riesgos y la selección de medidas preventivas apropiadas, a través del portal Prevención10.es. Este portal contiene la plataforma evalua-t, accesible desde la página índex del portal, en la que se ofrece información sobre el procedimiento y formularios específicos para, oficinas, peluquerías, floristerías y tintorerías.

El uso de este sistema informático de asesoramiento exige que el usuario tenga DNI electrónico o certificado digital. Para la puesta en práctica, los empresarios cuentan con la colaboración de graduados sociales, con cuyo colegio profesional hay firmado un convenio de ámbito estatal para este fin.

En el acto de presentación, han intervenido, Alberto Margallo Lana, director gerente del INSL, y Concepción Pascual Lizana, directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). La ponencia técnica ha estado a cargo de Marta Jiménez Águeda, directora de programas estratégicos de este último organismo.

El peculiar sistema de atención sanitaria de los funcionarios que está vigente en España desde 1975 –conocido como modelo Muface– sigue bajo el cerco del Gobierno. Ayer, este periódico adelantó que varios ministerios se muestran partidarios de excluir de este régimen a los empleados públicos que se incorporen a la Administración a partir de una determinada fecha, lo que implicaría que ninguno tendría la opción de elegir cada año entre recibir asistencia en la Sanidad Privada o la Pública.

Un sector del Ejecutivo cree en cambio que todavía no ha llegado el momento para dar el paso, especialmente tras la ira desatada en los sindicatos a raíz del tijeretazo y la reforma laboral.
Sin embargo, las intenciones de una parte del Gobierno no se detienen en el simple debate sobre el modelo y, por lo que parece, tampoco se circunscriben sólo a los nuevos funcionarios que se incorporen a la Administración. Fuentes gubernamentales aseguraron ayer a LA RAZÓN que el pacto por la Sanidad que está fraguando el diputado de IU Gaspar Llamazares a instancias del Ministerio de Sanidad incluirá un punto sobre los regímenes especiales. El objetivo, aseguran, es que la subcomisión creada para alcanzar tal pacto en el Congreso actúe como «parapeto» del Ejecutivo, instando al mismo a que pacte un proceso de integración de las mutualidades públicas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
De acuerdo con las mismas fuentes, esta iniciativa implicaría la desaparición de Muface como sistema, y la integración de sus afiliados dentro del Sistema Sanitario Público. En total, habría alrededor de 1,2 millones de funcionarios públicos afectados por el cambio, aunque la cifra se elevaría hasta superar los dos millones, teniendo en cuenta a sus familiares y beneficiarios.
De subcomisión a subcomisión
Fuentes del Ejecutivo remarcan no obstante que no sería la Subcomisión para el Pacto de Estado por la Sanidad la que determinaría tal transformación, sino que correspondería dar el paso definitivo a la Subcomisión del Pacto de Toledo.
Los planes del Gobierno no se detienen en el conocido globalmente como Modelo Muface, un régimen en el que figuran los funcionarios de la Administración Civil del Estado, los que trabajan en la Administración de Justicia (se denomina entonces Mugeju) o el personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil (entonces se llama Isfas). La idea es utilizar también la Subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado en la Sanidad con el fin de «reconsiderar el papel de las mutuas en el sistema de salud, en referencia a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

CEOE, con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha puesto a disposición de los empresarios, de forma gratuita, nuevas mejoras en la herramienta informática denominada Programa para la Coordinación de Actividades Empresariales (PCAE), que les ayudará en la coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos laborales, y que actualmente cuenta con más de 1.300 empresas registradas.

Durante el primer semestre de 2010, y atendiendo a las solicitudes recibidas por parte de los empresarios, se han realizado las siguientes mejoras:

Rediseño de los servicios generales de la herramienta: Con la inclusión de una nueva barra superior, que permite el rápido acceso a la selección del centro de trabajo, a la descarga del manual de usuario y a la consulta de las FAQS. También se ha mejorado el menú principal para facilitar el acceso a las diferentes secciones del programa.

Informes: Se ha incluido en el programa una sección de nuevos informes, desde donde se pueden realizar consultas sobre el estado de la documentación, y hacer el seguimiento de los centros de trabajo, así como de los trabajadores que concurren en los mismos, por diferentes criterios y opciones de búsqueda.

Ayudas: Se ha actualizado el contenido de todas las ayudas que ofrece el programa en cada una de las secciones.

Se ha modificado la ficha de empresa: Desde el 20 abril, por el artículo 11 y por la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1109/2007 del 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 del 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, se establece que las empresas que no tengan al menos el 30% de su plantilla contratada con carácter indefinido, no podrán ser subcontratadas para desarrollar trabajos de construcción. Anteriormente sólo se requería tener un mínimo del 20% de los trabajadores contratados de forma indefinida.

Gestión de histórico de documentos: Se ha implementado un histórico de documentos que permite mantener una copia fechada de los diferentes documentos empleados en el proceso de coordinación.

Nuevo servicio de alerta documental: Este nuevo servicio informa al usuario correspondiente de los documentos que han caducado y de los que lo harán en menos de 15 días. Dicha información, estará siempre presente y actualizada en la página de inicio de la herramienta.

Registro de actividad: Se ha desarrollado un registro con todas las actividades realizadas en la herramienta por cada usuario, de forma que cada empresa pueda consultarlas en cualquier momento.

Control de acceso: Desde este módulo la empresa podrá realizar un control de acceso de los trabajadores temporales en su centro de trabajo, comprobando si están autorizados para ello. Toda la información de los accesos, quedará registrada para facilitar posteriores consultas o verificaciones.

Gestión de documentación obligatoria: Este módulo permite configurar y gestionar la documentación obligatoria, que en su caso, la empresa Titular/Principal solicite a las empresas concurrentes en sus centros de trabajo.

Toda la información relativa al programa PCAE, así como el Manual de Usuario y la Guía Práctica para la Coordinación de Actividades Empresariales se encuentra en www.pcae.es.

La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras, continuando con su campaña de acciones contra los recortes salariales impuestos por el Real Decreto Ley 8/2010 interpodrá, ante la sala de lo social de la Audiencia Nacional, Demandas de Conflicto Colectivo por incumplimiento del Convenio Sectorial contra aquellas Mutuas en las que el proceso negociador para la aplicación de la reducción del 5% en la masa salarial haya concluido sin acuerdo y no se esté garantizando la percepción íntegra de las tablas salariales del Convenio, que establecen las percepciones mínimas para 2010 de las personas que trabajan en empresas del sector.

Del mismo modo, los Conflictos Colectivos se harán extensivos a las Mutuas en las que no se haya abierto el proceso de negociación colectiva para determininar la distribución y aplicación individual de la reducción del 5% en la masa salarial que establece el apartado Tres del artículo 25 de dicha norma legal, y que ha sido confirmada por los oficios emitidos por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

En ambos casos, COMFIA-CCOO solicitará a la Audiencia Nacional la inaplicación directa del recorte del 5% sobre las nóminas individuales de los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas, o subsidiariamente, que garantice la percepción íntegra de los salarios establecidos en las tablas del Convenio, fruto de la negociación colectiva entre los legítimos representantes de los trabajadores y de las empresas.

De la cifra de 694,46 millones de aportación de las mutuas a los fondos de la Seguridad Social, 69.253.390,73 euros pasarán al Fondo de Reserva. Esta cantidad, según el artículo 73.3 del Reglamento General de Recaudación, procede del excedente de la gestión de las contingencias comunes de las mutuas, una vez que han dotado en su cuantía máxima la reserva específica. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social supera los 62.500 millones de euros.
El Fondo de Prevención y Rehabilitación recibirá 625.207.726,74 euros. Esta cantidad proviene del exceso de excedentes de las mutuas en su gestión de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que después de cubrir la provisión y reservas obligatorias, deben destinar el 80% del exceso de excedentes a prevención y rehabilitación. El Fondo de Prevención y Rehabilitación se aproxima a los 4.500 millones de euros.
Hasta el año 2004 no se produjo ninguna aportación de las mutuas al Fondo de Reserva y las aportaciones al Fondo de Prevención y Rehabilitación representaban aproximadamente el 10% de las aportaciones actuales (41,72 millones de euros en 2003 y 62,38 millones en 2004).
Las aportaciones son establecidas por las auditorías practicadas por la Intervención General a las cuentas de las Mutuas, y este año coinciden en un 99% con las propuestas formuladas por las entidades. La Seguridad Social considera que este dato, muy positivo, confirma que tras varios años de profundización en los procedimientos de control contable e inspección, las Mutuas ya presentan un nivel de transparencia similar a los departamentos de la Administración. En el año 2004 las Mutuas no estaban incorporadas a los sistemas de información contable permanentes de la Administración, y sus cuentas, muy descontroladas, daban origen a innumerables litigios.
El destino de los excedentes que generan las mutuas está regulado legalmente con el objetivo de que estas cantidades sirvan a las mutuas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones tanto en la cobertura de contingencias comunes, profesionales y accidentes de trabajo, como en la dotación de los fondos mencionados.