Gobierno y agentes sociales nos fijamos un límite temporal para la reforma del mercado de trabajo y lo marcamos para finales del mes de mayo, por lo tanto finaliza en estos días. De esa fecha no debemos pasar, tanto si conseguimos llegar a un acuerdo o no. Es algo que nos están demandando la sociedad española, las instituciones más prestigiosas, los mercados, los analistas, los expertos de todo el mundo y, sobre todo, los cuatro millones y medio de personas que, en España, están sin empleo.
Pero junto a no demorarnos más a la hora de poner en marcha la reforma laboral, los agentes sociales y el gobierno hemos de buscar que tenga el suficiente calado como para conseguir la modificación del marco legislativo actual a fin de adecuar las relaciones de trabajo a la situación de las empresas, reducir las deficiencias del mercado de trabajo y mejorar las políticas activas de empleo.
CEOE además de la mejora de la contratación, con los distintos matices que se ponen sobre la mesa de negociación, considera que deberían incluirse cuestiones como la flexibilidad interna de las empresa, el control del absentismo, la ordenación coherente de la salida del mercado tanto individual como colectiva, la reducción de cotizaciones, la autorización de agencias de empleo privadas y la potenciación de la colaboración empresarial en la gestión que desempeñan las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Estas propuestas buscan modernizar el mercado de trabajo y que los empresarios podamos contratar a más personas y de una forma más estable y beneficiosa para ellos y para todas las empresas de las que forman parte. Son propuestas con las que saldremos en mejores condiciones de esta situación de crisis tan grave, tanto en la actividad productiva y de servicios, como en generación de empleo. No podemos esperar a que la crisis nos la resuelvan desde fuera, y a que nuestros problemas terminen cuando se produzca la reactivación económica, porque tendremos que competir con países con economías y regulaciones laborales más flexibles que la nuestra y con menores costes sociales. Y eso trae, como consecuencia inmediata, pérdida de mercados y de empleo. Hay que reformar para que esto no ocurra.
Todos debemos ser conscientes de que tenemos una gran responsabilidad para mejorar la competitividad y la capacidad de crear empleo de nuestra economía. Por eso es esencial que la reforma tenga contenido importante y sirva para ayudar a resolver los graves problemas que aquejan a la economía española.
Y por eso, los empresarios somos optimistas ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo y siempre acudimos a las mesas de negociación con el ánimo de lograr uno que contenga medidas eficaces y con peso específico. En definitiva, lo que exige la situación.

Las cumbres de la UE y México, primero, y con toda Latinoamérica, después, han coincidido con la ofensiva del presidente del Gobierno español y coyuntural de la UE, José Luis Rodríguez Zapatero, en redondear las medidas de ajuste, anunciar impuestos a los ricos, aclarar el futuro de las pensiones y apremiar a los agentes sociales para la reforma laboral. Se lo exige el guión de la UE, y Zapatero amenaza con legislar si no hay acuerdo antes de que acabe mayo.

Es, precisamente, de lo que hablan internamente en la patronal, a la vista de que el diálogo social no lleva buen camino. Mientras, los sindicatos subrayan que quieren un acuerdo, aunque no están dispuestos a que se llegue al mismo a costa de que se abarate el despido y se bajen las cotizaciones sociales. Es decir, un lío de difícil solución.

Y quién les iba a decir que a ese lío se apuntarían también las mutuas de accidentes de trabajo, un sector muy implantado en España que maneja las bajas de más de 13 millones de trabajadores. Las mutuas han puesto el grito en el cielo porque, en su opinión, el documento Revisión del Pacto de Toledo, elaborado por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, deja al sector "herido de muerte".

El documento, que ha transitado en silencio desde que fue aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de enero pasado, plantea un cambio drástico en la financiación de la asistencia sanitaria a través de las cotizaciones sociales que realizan las mutuas por "un modelo basado en impuestos o mixto". Es decir, que pase al Sistema Nacional de Salud.

Esta modificación, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), supone la desintegración de la protección integral de los riesgos profesionales, "al extraer el eslabón de la asistencia sanitaria de la prevención, prestaciones, rehabilitación y reinserción". Y, por eso, la asociación, que agrupa a las 20 mutuas existentes, se reunió el pasado lunes para trazar una estrategia de presión y pedir que no se lleve a efecto tal cambio. El pleno instó al presidente de la asociación, Pedro Barato, que es también vicepresidente de la CEOE, para que solicite su comparecencia en la mesa del Pacto de Toledo.

Además, Barato debe pedir a su jefe, Gerardo Díaz Ferrán, que no olvide incluir este capítulo en las negociaciones del diálogo social. La gran patronal quiere reducir las cotizaciones sociales; pero que se haga por otras vías, sostienen.

Según la asociación, la propuesta supone reducir del 32,5% al 32% las cotizaciones sociales de las empresas, lo que supone un ahorro de unos 1.400 millones de euros. Sin embargo, ese ahorro se vería descompensado por el aumento del absentismo como consecuencia del incremento de los días de baja laboral. O sea, mayor coste que la baja de cotizaciones.

"Habría que tener en cuenta los efectos indirectos de la medida, que se traducirían en aumento de las jornadas perdidas, incremento de las prestaciones directas a cargo de las empresas, gastos de sustitución del personal, así como pérdida de productividad y competitividad", dicen las mutuas, que aseguran que lo que quieren es reorientar la propuesta. Fuentes de Trabajo aducen que el documento no deja de ser una propuesta que debe estudiar la Comisión del Pacto de Toledo y que, por tanto, todavía no se pueden tomar conclusiones.

Las mutuas ponen datos sobre la mesa. Los procesos de baja gestionados por las mutuas duran para las mismas patologías hasta cinco veces menos que los gestionados por los servicios públicos de salud. En total, con datos de 2008, la siniestralidad laboral supuso un coste de 8.500 millones de euros y se perdieron 17,5 millones de jornadas por accidentes de trabajo (en 2007 fueron 21,5 millones). El tratamiento en los servicios públicos supondría un aumento del 30%, es decir, 5,5 millones de jornadas perdidas más.

Otra denuncia que maneja la patronal es que Trabajo propone que las reservas acumuladas por las mutuas, que se elevan a unos 3.000 millones, "sirvan de mecanismo financiero transitorio" para evolucionar al modelo de financiación a través de impuestos directos. Esa financiación transitoria hasta que el control pase a los sistemas públicos supone una merma de fondos de la Seguridad Social, según las mutuas.

Asturias pierde 21 millones de horas de trabajo al año por las bajas laborales. La cifra la puso ayer sobre la mesa el secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, en unas jornadas celebradas ayer en Oviedo sobre el absentismo laboral y a la que asistieron más de un centenar de empresarios. La patronal asturiana reclamó que las mutuas de las empresas tengan competencias en la gestión de las bajas de los trabajadores.

Las bajas por incapacidad temporal suponen en España la pérdida de 8,2 billones de horas laborales al año, afirmó Alberto González. «Mejorar la gestión y control de la incapacidad temporal supondría un ahorro estimado en nuestro país de entre 700 y 900 millones de euros», calculó el secretario general de la patronal asturiana.

«El absentismo por incapacidad temporal es un problema realmente importante, no sólo empresarial sino también social, sobre el que hay que tomar medidas», afirmo González.

Una posible solución, explicó pasaría porque las mutuas estuvieran más implicadas en los procesos de gestión de la incapacidad. «Está demostrado que estos procesos son más eficaces a través de mutuas que a través del sistema público», apostilló el secretario general de la patronal.

La patronal defiende desde hace mucho tiempo que las mutuas laborales deben tener capacidad para dar las bajas laborales y las altas. También se pretende buscar fórmulas que permitan, a través de las mutuas, acelerar los plazos de espera que a veces se alargan en el tiempo para hacer determinadas pruebas a un trabajador, y que por ello puede estar meses de baja.

El Instituto de Salud Laboral Asepeyo Cartuja ha acogido la primera edición del encuentro de grandes dependientes de Andalucía y Extremadura.
En el transcurso de esta jornada, que ya se ha celebrado con anterioridad en Coslada (Madrid) y en Barcelona, se ha dado a conocer, desde una óptica eminentemente práctica, la función social de la Mutua. Se ha abordado la labor desarrollada por los trabajadores sociales de Asepeyo y se ha realizado un análisis de las necesidades de los grandes dependientes a través de entrevistas personalizadas a cargo de terapeutas ocupacionales de la Mutua, en las que se han evaluado, entre otros temas, la movilidad, el apoyo en las tareas domésticas o las posibilidades de mejoras en la adaptación de la vivienda del paciente dependiente.
El proyecto Cuidar, dirigido al cuidador de personas dependientes en hospitales y domicilios particulares y cuyo objetivo es el de dar apoyo al cuidador para el desarrollo de sus actividades con mayor seguridad y eficiencia, ha sido el tema principal de los tratados en este encuentro.
Asepeyo lleva a cabo su función social a través de la Comisión de Prestaciones Especiales, el órgano de participación que resuelve la concesión de ayudas sociales, y que tiene como finalidad la mejora de las condiciones de calidad de vida y atención de situaciones de especial necesidad de los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Asimismo, la Comisión promueve la integración social de las personas con minusvalía causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional y la sensibilización y el apoyo profesional mediante ayudas económicas. De entre las ayudas que concede, destaca la especial atención a los casos de gran invalidez, la adaptación y rehabilitación de viviendas, la adecuación de vehículos propios, las ayudas familiares, y ahora también la adecuada formación del cuidador.
Durante el 2009, la actividad de esta Comisión aumentó en un 96,7% el número de casos atendidos en Andalucía y Extremadura, con un total de 366. El importe que se destinó a estas ayudas ascendió a 861.793 euros, un 93,65% más que en el ejercicio anterior.

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En el transcurso de esta jornada, que ya se ha celebrado con anterioridad en Coslada (Madrid) y en Barcelona, se ha dado a conocer, desde una óptica eminentemente práctica, la función social de la Mutua. Se ha abordado la labor desarrollada por los trabajadores sociales de Asepeyo y se ha realizado un análisis de las necesidades de los grandes dependientes a través de entrevistas personalizadas a cargo de terapeutas ocupacionales de la Mutua, en las que se han evaluado, entre otros temas, la movilidad, el apoyo en las tareas domésticas o las posibilidades de mejoras en la adaptación de la vivienda del paciente dependiente.

El proyecto Cuidar, dirigido al cuidador de personas dependientes en hospitales y domicilios particulares y cuyo objetivo es el de dar apoyo al cuidador para el desarrollo de sus actividades con mayor seguridad y eficiencia, ha sido el tema principal de los tratados en este encuentro.

Asepeyo lleva a cabo su función social a través de la Comisión de Prestaciones Especiales, el órgano de participación que resuelve la concesión de ayudas sociales, y que tiene como finalidad la mejora de las condiciones de calidad de vida y atención de situaciones de especial necesidad de los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Asimismo, la Comisión promueve la integración social de las personas con minusvalía causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional y la sensibilización y el apoyo profesional mediante ayudas económicas. De entre las ayudas que concede, destaca la especial atención a los casos de gran invalidez, la adaptación y rehabilitación de viviendas, la adecuación de vehículos propios, las ayudas familiares, y ahora también la adecuada formación del cuidador.

Durante el 2009, la actividad de esta Comisión aumentó en un 96,7% el número de casos atendidos en Andalucía y Extremadura, con un total de 366. El importe que se destinó a estas ayudas ascendió a 861.793 euros, un 93,65% más que en el ejercicio anterior.