Esa es la visión que impregna la propuesta de reforma laboral que ha hecho el Gobierno. El Gobierno no ha dado a luz una reforma, sino un documento de ideas y propuestas, a debatir entre y con los agentes sociales, lo cual nos parece muy bien. Pero creemos que no es lo que nuestra economía y nuestra situación social necesitan en estos momentos, necesitamos algo más. Creemos que la reforma laboral que necesitamos debe tener como objetivo principal que se contrate más y que se despida menos. Que las empresas vuelvan a contratar y a crear empleo y que los ajustes competitivos y de productividad no se traduzcan, en la medida de lo posible, en destrucción de empleo. En definitiva, suprimir resistencias a la contratación laboral y frenar la destrucción de puestos de trabajo.

Para ello estamos persuadidos que el fomento de la contratación ha de producirse otorgando al empresario un marco de certidumbre, de manera que si existe una razón económica o productiva para contratar, contrate, ya que el ordenamiento jurídico le va a permitir tener la garantía de que cuando esa razón desaparezca, podrá deshacer la contratación en unos términos razonables y seguros.

El empleo no se crea con incentivos, sino generando las condiciones para que se cree. Y esas condiciones exigen unas nuevas reglas de contratación y de despido, una revisión de los actuales controles administrativos y judiciales de las decisiones empresariales y un marco normativo para la gestión de las relaciones laborales en la empresa sea mucho más flexible y adaptable sin costos económicos añadidos. Para ello y en materia de contratación creemos que como hace muchos años venimos reclamando desde Adegi es necesario un nuevo modelo de contrato indefinido, el contrato estable, con una indemnización intermedia entre el temporal y el indefinido. Asimismo apostamos por el impulso del contrato indefinido a tiempo parcial, un contrato que combina acertadamente en nuestra opinión mecanismos de flexibilidad y de estabilidad pero que es escasamente utilizado por las empresas; el 14% de los contratos celebrados en Gipuzkoa son de este tipo, frente al 27% de la media europea. Creemos que necesitamos homologarnos con los países que competimos en materia de costes de extinción de contratos, causas y procedimientos administrativos y judiciales.

Junto con las mejoras en materia de contratación citadas es preciso que la reforma laboral aborde seriamente y adopte medidas de control del absentismo laboral, que es una de las causas de la baja productividad de las empresas, favoreciendo una participación mayor de las Mutuas en el seguimiento y gestión de las bajas y la estandarización de periodos máximos de duración para la patologías más frecuentes.

Apostamos por una Negociación Colectiva que supere los aspectos derivados del salario y la jornada y que aborde otras materias como la contratación y la flexibilidad interna, adaptación a nuevas realidad empresariales y a nuevas formas de organización del trabajo.

Hay que mejorar la flexibilidad interna de las empresas, tanto respecto a las llamadas modificaciones sustanciales del contrato de trabajo como en lo que se refiere a la movilidad funcional y geográfica, siempre que existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, a fin de dar una respuesta ágil a las necesidades derivadas de éstas.

Junto con las medidas citadas es preciso propiciar la intermediación privada en el mercado de trabajo, en la línea de otros países europeos.

En materia de Expedientes de Regulación de Empleo creemos que hay que modificar los procedimientos actuales que elevan sustancialmente los costes, y apostar por nuevos caminos en los términos de los demás países europeos de nuestro entorno. Con las reformas citadas Adegi considera que aumentará la competitividad de nuestras empresas, se modernizará y agilizará el mercado laboral, y mejorará la capacidad de nuestras organizaciones y las personas que las integran para adaptarse a las consecuencias de una crisis de dimensiones y alcance desconocidos.

La pasada semana se celebró en Granada el Congreso Nacional de la Asociación Española de Artroscopia y el Congreso de Enfermería en Artroscopia. Durante el transcurso del mismo, se concedió el Premio al Mejor Póster Científico del congreso al trabajo presentado por los profesionales del Hospital MAZ de Zaragoza. Esta distinción destaca la importancia del hospital en el panorama científico traumatológico y se consolida como centro de referencia de aprendizaje de las técnicas de artroscopia de codo, siendo pionero en la utilización en España de alguna de ellas. Por extensión, éstas técnicas son también aplicadas por todos los profesionales de nuestra red asistencial propia en toda España. MAZ estuvo representada en Granada por el doctor Ávila, miembro de la Unidad de Hombro y Codo que dirige el doctor García Pequerúl y por las enfermeras Rocío Jiménez, María Cansado y Noelia Diarte. Todos ellos compartieron su experiencia con sendas ponencias y, además, realizaron de forma conjunta un taller de trabajo de la casa Smith-Nephew para enfermería, en el que también participó el doctor Víctor Ilizaliturri de México, uno de los cirujanos más experimentados del mundo en artroscopia de cadera. Durante la celebración del evento, se puso de manifiesto que el Hospital MAZ es actualmente uno de los tres hospitales de España que más experiencia tienen en esta técnica de la artroscopia de codo. De hecho, en los últimos días, el centro ha recibido una docena de peticiones de asistencia para aprender estas técnicas quirúrgicas por parte de cirujanos de toda España.

MAZ ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, Centro Zaragoza y Quirón mediante el que se ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar y único en España que estudiará el latigazo cervical, y analizará los accidentes que lo provocan para tratar de reducir el número de casos diagnosticados. El presidente de MAZ, José Carlos Lacasa, ha expresado su agrado porque la entidad a la que representa sea una institución que piense en “prevenir, en estudiar y en ayudar a que se eviten estos problemas”, y ha explicado “que es una gran satisfacción colaborar en este proyecto” al tiempo que se ha ofrecido a seguir contribuyendo en otros estudios que se planteen en el futuro. El latigazo cervical es una lesión que se produce en el tramo cervical de la columna y en la musculatura que la rodea. Suele provocarse por accidentes de tráfico a baja velocidad y provoca problemas como dolor, falta de movilidad, cefaleas o mareos. Normalmente. No son lesiones graves, pero pueden tener tiempos largos de curación con el coste social que ello implica por las bajas laborales.

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se ha modificado con la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2009 en lo relativo a determinadas competencias administrativas relacionadas con las actas de liquidación de cuotas y de liquidación conjunta con las de infracción, así como la correspondiente a la imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores.

Ambas reformas legales han supuesto la asunción de nuevas funciones por parte de la TGSS, que deben ser recogidas entre las atribuidas a dicho organismo por la norma reguladora de su estructura y competencias, mediante la adición a tal precepto de un nuevo párrafo.

Asimismo, razones de seguridad jurídica y eficacia en la gestión determinan la necesidad de concretar el órgano directivo al que corresponderá el ejercicio de esas nuevas funciones en el ámbito de los servicios centrales del citado servicio común de la Seguridad Social, procediéndose, a tal efecto, a asignar su desempeño a la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones, mediante la reforma del párrafo c) del artículo 5 del referido Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio.

El pasado 29 de Enero, el Consejo de Ministros aprobó el documento sobre la revisión del Pacto de Toledo, en el que planteaba la necesidad de reflexionar sobre si deben ser las cotizaciones sociales las que sigan soportando la financiación de la asistencia sanitaria por accidente de trabajo y enfermedad profesional, que actualmente prestan las mutuas.

Es preciso recordar que el motivo por el cual esta asistencia sanitaria se financia con cuotas sociales, ingresadas por los empresarios pero que se configuran como coste laboral, y por tanto como salario, está en el origen mismo de nuestro actual sistema de Seguridad Social: “La responsabilidad empresarial de la reparación de los daños en la salud provocados en los trabajadores por la actividad laboral, al ser los empresarios propietarios de los medios de producción y beneficiarios de las plusvalías que el trabajo origina”.

Para Comfia-CCOO, modificar este sistema de financiación hacia un modelo impositivo supondría trasladar parte de esta responsabilidad desde los empresarios a la totalidad de la población, a la vez que una nueva rebaja de las cotizaciones empresariales, cuya tarifa por AT y EP ha venido siendo reducida sistemáticamente por este Gobierno en los últimos cuatro años.

LaLey General de la Seguridad Social, en su artículo 86.2 a) establece que la totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales tendrán naturaleza contributiva, es decir, que tanto la prestación económica como la asistencia sanitaria deben financiarse por cotizaciones a la Seguridad Social y no a través de impuestos.

Por otro lado, y a falta de mayor concreción de esta propuesta, se plantean numerosos interrogantes:

¿Se integrarían las redes asistenciales de las Mutuas en los servicios públicos de salud, dependientes de las Comunidades Autónomas?

¿Se someterían los trabajadores accidentados a las listas de espera o se establecerían sistemas de prioridades en función de las contingencias que originen el daño, vulnerando la equidad en el acceso de todos los ciudadanos al sistema público de salud?

¿Afectaría esta medida al empleo en el sector de las Mutuas, castigado especialmente tanto por las modificaciones normativas realizadas por el Gobierno en el último año, como por el descenso de la actividad industrial?

El traslado de la asistencia sanitaria por AT y EP desde las Mutuas a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomos podría suponer un incremento exponencial del gasto en prestaciones de incapacidad temporal.

Comfia-CCOO considera que una presunta modificación de esta magnitud en nuestro sistema de Seguridad Social, requiere de un análisis pormenorizado en el marco del Pacto de Toledo y de un gran consenso.

Las Mutuas prestan una asistencia sanitaria especializada en la atención de los accidentes de trabajo. La inexistencia de listas de espera permite reducir sustancialmente las medias de duración de los procesos de IT respecto de las que tienen los servicios de salud de las comunidades autónomas.

Sin embargo, estas Entidades no están exentas de sombras: las quejas sobre la falta de reconocimiento del origen laboral de determinadas patologías, -especialmente si tienen origen psicosocial-, las posibles altas médicas emitidas antes de la recuperación real del trabajador o la infradeclaración de enfermedades profesionales o derivadas del trabajo, hacen imprescindible acometer reformas de calado que mejoren sus modelos de gestión y la calidad de sus servicios.

Para Comfia-CCOO, es urgente el establecimiento de un sistema homogéneo y externo de gestión de quejas y reclamaciones, con participación tripartita, y con capacidad de proponer soluciones, la aprobación de un decálogo o código ético que garantice a los profesionales sanitarios de las Mutuas que sus decisiones se basen exclusivamente en criterios técnicos y una carta de derechos y deberes de los usuarios, deben ser medidas que complementen otras reformas estructurales:

– La participación activa de los trabajadores usuarios en la gestión de las Mutuas, a través de las organizaciones sindicales mayoritarias.

– La asunción de la actividad preventiva, con cargo a las cuotas de AT y EP, para las empresas de menos de 10 trabajadores y la elaboración de proyectos de investigación, formación y divulgación sobre la identificación y declaración de enfermedades profesionales y/o derivadas del trabajo.

– La colaboración con los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas para poner en común los medios de los que actualmente cuentan las Mutuas, incrementando el valor añadido que deben tener para la sociedad.

Son muchos los beneficios que se obtienen de la prevencion dirigida a reducir los enormes costes humanos y economicos derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que perjudican a los trabajadores y restan competitividad a las empresas, factor fundamental para el desarrollo y viabilidad de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y del Sistema de Seguridad Social.

La inversion de las Mutuas en Prevencion de Riesgos Laborales es muy rentable, ya que por cada euro invertido se ahorran 2,02 E, por lo que se estima que el sistema de Seguridad Social se ahorro 37,3 millones de euros durante el ano 2009.

Ademas la inversion que realizan las Mutuas tambien es rentable para las empresas, ya que por cada euro invertido en actividades preventivas se estima que se consigue ahorrar 18,12 euros de gasto adicional a las empresas, derivado principalmente de la perdida de horas de produccion. Trasladando estos datos al presupuesto ejecutado por las Mutuas en el capitulo de seguridad e higiene del ejercicio 2009, que ascendio a 36,62 millones de euros, se habria ayudado a ahorrar a las empresas unos 626,5 millones de euros que sumandos al ahorro antes apuntado de 37,3 millones de euros para el Sistema de la Seguridad Social supone un total de 663 millones de euros. Estos recursos repercutiran favorablemente en el mantenimiento y mejora de la competitividad de las empresas, la generacion del empleo y del desarrollo economico, ello sin perjuicio del ahorro derivado a favor del Sistema de Seguridad Social.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo habian estado destinando hasta un 5% de las cuotas percibidas por Contingencias Profesionales a la realizacion de actividades preventivas, hasta practicamente el ano 2005. Con la Orden TAS/3623/2006 el presupuesto para estas actividades se limito a tan solo el 1%, lo que contrasta de una forma clara con lo que se viene invirtiendo en prevencion por parte de las Mutuas alemanas, cuyo presupuesto asciende al 7% de los ingresos. El maximo que permitia esa normativa del 1%, se vio reducido al 0,5% mediante la Resolucion de 30 de junio de 2009, limitando la realizacion de actuaciones preventivas, que por su interes social y economico, requieren de una asignacion de recursos mas amplia, conociendo ademas el caracter excedentario del seguro de accidentes en Espana, y que la obtencion de este ahorro a la Seguridad Social, lejos de costarle, le sale gratis.