En dicha reunión, FeS-UGT trasladó la indignación y desconcierto que produce, la inclusión de los trabajadores de las Mutuas en el Real Decreto de reducción de déficit, por los siguientes motivos:

• Los trabajadores de Mutuas no somos “Personal Laboral al servicio de la Administración”, tal y como indica el Real Decreto.

• Es desproporcionado que la bajada de salarios sea por igual para todos los trabajadores, sin tener en cuenta los distintos niveles salariales que hay en el sector.

• Al indicar el Real Decreto “Mutuas y sus entidades”, existe la posibilidad de que los Servicios de Prevención Ajenos puedan estar afectados por este R.D., por lo tanto exigimos claridad al respecto.

• Consideramos un ataque indiscriminado hacia todos los trabajadores la reducción de salarios, recordando que en lo que va de año, son cientos los despidos producidos en las Mutuas en nuestro país.

Desde FeS-UGT realizamos un llamamiento a la movilización en nuestro país de todos los trabajadores de Mutuas, ante la clara agresión que tiene intención de realizar el Gobierno, primero en bajarnos los salarios injustamente y segundo, poniendo en duda de forma constante el modelo de Mutuas establecido, el cual ha sido y seguirá siendo defendido por FeS-UGT, le pese a quien le pese.

Estamos iniciando, de forma paralela a la convocatoria de huelga, las medidas jurídicas oportunas para defender el derecho a la Negociación Colectiva de todos los trabajadores y que se respeten los acuerdos alcanzados tanto a nivel sectorial como de empresa en las Mutuas. FeS-UGT considera que cualquier medida que pudiera afectar a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores deberá ser fruto de un acuerdo entre la Representación Legal de los Trabajadores y la Representación Patronal.

Ahora más que nunca necesitamos de todo vuestro apoyo para mostrar a Patronales y Gobierno, que los trabajadores estamos hartos de pagar los platos rotos por culpa de los especuladores financieros.

Hacemos un llamamiento a la afiliación a todos los trabajadores del Sector de Mutuas para conseguir una mejor defensa en el conjunto de sus intereses, y avanzar en sus reivindicaciones hacia legítimos objetivos.

La reducción del absentismo laboral y de sus costes, una de las reclamaciones históricas de la patronal, ha entrado en la negociación de la reforma del mercado de trabajo como una de las contrapartidas que Gobierno y sindicatos están dispuestos a conceder para lograr la firma de la CEOE. La cobertura de las bajas por enfermedad podría pasar a ser financiada totalmente por la Seguridad Social, ahorrando a los empresarios unos 1.000 millones de euros anuales.

Actualmente, las empresas están obligadas a costear la prestación por incapacidad temporal (IT) de sus empleados durante los primeros quince días de baja (los cuatro primeros siempre corren de su cuenta porque no se produce baja), y el Estado asume el coste a partir del día 16. Sólo si la ausencia se produce por una enfermedad profesional, es la Seguridad Social quien corre con todo el proceso desde el primer día. Este procedimiento, sin embargo, podría cambiar si agentes sociales y Gobierno logran pactar la reforma laboral.

Fuentes cercanas a la negociación han revelado a CincoDías que la obligación empresarial de cubrir la baja entre los días cinco y quince de la misma, está siendo debatida en la mesa de diálogo social. El Gobierno se ha ofrecido a ampliar la cobertura de la Seguridad Social, que podría llegar a financiar la incapacidad temporal desde el quinto día. Esta operación, equivaldría a una rebaja de 0,3 puntos de cotizaciones, es decir, más de 900 millones de euros.

La CEOE lleva tiempo reclamando que este coste sea asumido por el sistema, y los sindicatos podrían ceder en este punto dado que los afectados seguirían estando igualmente cubiertos. La Seguridad Social tiene margen para ampliar su papel, dado que su nuevo sistema de control de las bajas ha permitido rebajar el gasto durante los tres últimos años. El pasado año, la IT costó a las arcas del Estado unos 7.226 millones (un 4.08% menos que el año anterior).

A una semana de que concluya el plazo de negociación, la falta de entendimiento en otros puntos (como el coste del despido) hace peligrar, sin embargo, la posibilidad de una reforma laboral pactada. Los sindicatos ya han advertido que la resolución del Gobierno de llevarla a cabo unilateralmente de todas formas, justificaría una huelga general.

UGT prevé ponerse en contacto con otros sindicatos con representación en el sector y va a realizar una serie de asambleas entre los empleados de las Matepss para concretar la fecha en que se producirá la huelga general.

Para FeS-UGT, esta medida supone una "grave e injustificada injerencia" en el sistema de negociación colectiva establecido en el sector de las mutuas a través del convenio sectorial de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes.

"Nos vemos en la obligación de asumir nuestra responsabilidad y convocar una huelga general en el sector de mutuas para evitar que esta medida se lleve a cabo", afirmó la organización.

"Para el Gobierno, unas veces estamos dentro del sector público y para otras somos personal ajeno. Sólo para lo malo nos consideran personal laboral del sector público, reduciéndonos los salarios en peores condiciones inclusive que a los funcionarios", sentenció.

En un comunicado, consideró que el Real Decreto Ley publicado el 24 de mayo de 2010, aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, supone "un ataque más a las condiciones de trabajo de los trabajadores de las mutuas", ya que contempla una reducción salarial de media del 5 por ciento "y supone un gravísimo ataque a la negociación colectiva".

ELA recordó que ya advirtieron que "si no cambiaban las políticas la crisis provocada por los grandes especuladores la íbamos a pagar vía ajustes que fundamentalmente iban a afectar a las condiciones de trabajo y al empleo y al deterioro de los servicios públicos: sanidad, servicios sociales o enseñanza etc".

A su juicio, este decreto "viene a confirmar la dirección de políticas de ajuste a la clase trabajadora que este Gobierno viene adoptando y que se concretan en medidas regresivas a las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora".

ELA dijo que no va aceptar "este grave ataque a la negociación colectiva en las Mutuas, ni que se quiera cargar sobre la espalda de los trabajadores el peso de la crisis, que ha sido provocada por los grandes especuladores, que siguen campando a sus anchas, sin que los gobiernos hagan nada para evitarlo".

Por ello, exigirá la no aplicación de dicho recorte a los trabajadores de las Mutuas y la defensa de la negociación colectiva "como instrumento de mejora de nuestras condiciones de trabajo".

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social son asociaciones de empresarios, por consiguiente con naturaleza jurídica privada, que colaboran con la Administración en la gestión de prestaciones públicas.

Las relaciones laborales de este colectivo de trabajadores y trabajadoras vienen reguladas por el Estatuto de los Trabajadores y sus condiciones salariales se negocian, por las organizaciones empresariales y sindicales, en el marco del Convenio Colectivo Sectorial para las empresas de Seguros, Reaseguros y Mutuas, de acuerdo con cuanto establece la legislación vigente en la materia.

Sin embargo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 estableció, para estos trabajadores y trabajadoras, la misma limitación que para el personal laboral del sector público; es decir, que su masa salarial no podría experimentar un crecimiento superior al 0,3%.

Ahora, el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE de ayer, que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados el próximo jueves, vuelve a castigar a los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas, rebajando su masa salarial en un 5%. Vulnerando flagrantemente el derecho a la negociación colectiva consagrado en nuestra Constitución.

Estos trabajadores pueden ser despedidos, ver modificadas unilateralmente sus condiciones laborales, sancionados o trasladados por sus empresas, pero según el Gobierno no parece que puedan negociar libremente sus condiciones retributivas. Por otro lado, la Administración les imponen el mismo recorte en sus salarios que a los funcionarios públicos, pero no les dota de sus garantías de seguridad y estabilidad en el empleo.

Este contrasentido ha sido denunciado reiteradamente por COMFIA-CCOO, sin que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, órgano que tiene encomendado la tutela de las Mutuas, haya garantizado la aplicación de las condiciones salariales derivadas del convenio colectivo, tratando a estos trabajadores como ciudadanos de segunda categoría.

Para COMFIA-CCOO este nuevo ataque contra el derecho a la negociación colectiva no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una campaña de intervencionismo desmesurado que provoca continuas agresiones contra los derechos de cerca de 23.000 trabajadores y trabajadoras, y es consecuencia directa de la “anómala” situación de estas Entidades, consideradas privadas por los empresarios y públicas por la Administración.

Algunas de estas medidas podrían considerarse de dudosa legalidad, pues la Secretaría de Estado de Seguridad Social no tiene competencia alguna en materia de empleo o de relaciones laborales, sino exclusivamente en materia presupuestaria y suponen una clara discriminación con respecto a otras actividades profesionales, en un sector que durante 2009 ha perdido ya más de medio millar de puestos de trabajo.

Para Comfia-CCOO, que valora interponer un recurso contra esta medida y que planteará a sus órganos de dirección sumarse a la convocatoria de Huelga General del sector público del próximo 8 de Junio, la reforma del marco normativo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social es una cuestión inaplazable, para dotarlas de un marco de actuación mejor definido y estable, mayores garantías para los usuarios de sus servicios y un sistema de gestión con participación activa de las organizaciones sindicales y de la administración.