Los Administraciones Públicas con competencias para regular en ámbitos con trascendencia en prevención de riesgos laborales hacen un balance de las normas que han desarrollado objetivos de la EESST, sobre todo los que buscaban mayor eficacia y la calidad del sistema de prevención; a la vez que se presentan herramientas para la mejora de la actividad preventiva por parte del INSHT (Guías y Web).
En la modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención se ha pretendido clarificar la acreditación de los mismos, potenciar que la empresa asuma las actuaciones preventivas con recursos propios y subsidiariamente actúen los servicios de prevención; además de poner en valor las memorias, como documento básico con las informaciones anuales de las actuaciones preventivas. Dentro de esta línea, está pendiente de publicación el Real Decreto que va a regular la actividad sanitaria de los servicios de prevención y que pone en valor principalmente la importancia de la vigilancia de la salud colectiva y los ratios humanos y medios materiales para que los servicios puedan operar con garantías de calidad. Todas las actuaciones sanitarias, en este sentido, han de orientarse con respecto a los riesgos detectados por la evaluación, no pudiéndose amparar otras actuaciones, que sí forman parte de la política social de la empresa y como tal pueden seguir realizándose, siempre que exista el acuerdo con la representación de los trabajadores y no computando su tiempo y dedicación para vigilancia de la salud. En la misma mesa se expusieron las ventajas de la simplificación de la actividad preventiva y la actuación para las PYMES.
Las modificaciones normativas precedentes han contado con el debate y aprobación en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde concurren asociaciones de empresarios y sindicatos con el carácter de más representativos y las delegaciones de la comunidades autónomas, que exponen sus programas de coordinación en ejecución.
Mención aparte merece la normativa de Seguridad Social, que sí cumple con el preceptivo pero no vinculante trámite de información; pero carece de los debates previos en busca de acuerdos; como así denuncia el Secretario Confederal de CC.OO. al reclamar una mesa de diálogo que mitigue los efectos de una normativa unilateral y sin consenso. Han trascendido de la EESST, la Orden que permite la financiación de Seguridad Social para actividades preventivas de las mutuas, las encomiendas de gestión, la Fundación para la Prevención y la Segregación de la Actividad preventiva de las mutuas, que culmina el 31 de marzo de 2011 con el envío a la Administración de las auditorías que confirmen tal segregación. Además del Real Decreto que regula el denominado Bonus, experimental y con polémicas en sus resultados.
En la mesa de los agentes sociales, CEOE – CEPYME evidencian la necesidad de cerrar el círculo de la prevención permitiendo la actividad de las mutuas en prevención, dotando de mayor presupuesto y poniendo en valor la gestión privada de los empresarios. Son críticos con el Bonus, por su escasa repercusión y el principio de desigualdad de trato entre administraciones públicas y empresas privadas. Propugnan un modelo de menor regulación pública, donde sea el mercado el que establezca sus reglas para el control.
Pedro José Linares, Secretario Confederal de Salud Laboral, coincide con la CEOE en la necesidad de que las mutuas puedan realizar actividades preventivas, ya que es un objeto de su nacimiento y permanencia, así como asesoramiento, difusión e investigación; pero siempre que no sustituyan a las responsabilidades empresariales legalmente establecidas ni a la modalidad preventiva elegida al efecto.
Pedro J. Linares discrepa respecto a la dirección y gestión de las mutuas, ya que al manejar dinero público (cuotas), como salario diferido de los trabajadores, requieren mayor democratización, intervención pública y transparencia. En el balance de la Estrategia, Pedro José Linares amplia las normas a las que evaluar, incluyendo la Ley de Salud Pública, a la que se le ha desdotado con respecto a proyectos anteriores, de la integración de la salud laboral en la misma; evalúa las normas expuestas por los otros ponentes y termina con el reto que hay que seguir trabajando para cimentar ya la siguiente estrategia.
Cierra el acto la Secretaria de Estado de Empleo, Maria Luz Rodríguez, que en su discurso recoge el testigo que ha lanzado Pedro J. Linares para continuar trabajando.

El martes 15 de marzo, tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital de la Mutua MAZ en Zaragoza, la Jornada sobre la Gestión de las Entidades Sociales en Tiempos de Crisis: Optimización de Recursos.
La jornada comenzó con la presentación de los organizadores, donde D. Roberto Ortiz de Landázuri, Director del Departamento de Prevención de la Mutua MAZ, informó del interés de MAZ en ayudar a las entidades mutualistas y en colaborar, cuando sea posible, en este tipo de jornadas. Posteriormente, D. Mariano E. Martínez, Vicepresidente de ADAMPI-Aragón, presentó la entidad, informando de las líneas de actuación. Por último Jose E. Sanchidrián, Presidente de ACUPAMA, explicó el objetivo de su asociación.
La primera ponencia estuvo a cargo de Luis J. Gendre, de SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) quien indicó las líneas generales que deberían seguir las entidades sociales para poder optimizar su estructura y poder sacar un mayor rendimiento a los recursos disponibles.
Posteriormente, María Martínez, del Departamento Financiero de MAZ y ex-auditora económica de entidades sociales, habló de los criterios contables y fiscales que deben seguir las entidades.
Tras el merecido descanso, Jose E. Sanchidrián explicó a los presentes la importancia de realizar una correcta prevención de riesgos y posteriormente, María Martínez de la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado, indicó la importancia que puede tener un buen sistema de voluntariado para las entidades sociales y los pasos que deben seguir las entidades para poder contar con voluntarios con las suficientes garantías, para todas las partes.
Por último, Luis F. Navarro, del Departamento de Prevención de MAZ, indicó de qué manera el Departamento de Prevención de la Mutua, puede colaborar con las entidades para que puedan aprovecharse de un recurso que les ayudará a mejorar su sistema preventivo.

El importe al que ha ascendido esta gestión ha sido de 135.170 euros, un 27,01 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Compuesta, de forma paritaria, por representantes de las empresas asociadas y de los trabajadores, designados por los sindicatos, la Comisión promueve la integración social de las personas con una minusvalía causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, y la sensibilización y el apoyo profesional mediante ayudas económicas.

De entre las ayudas que concede, destaca la compensación económica por la pérdida de ingresos como consecuencia de un accidente de trabajo, la especial atención a los casos de gran invalidez, a la adaptación y rehabilitación de viviendas, a la adecuación de vehículos propios y a las ayudas familiares.

Teniendo en cuenta el contexto económico actual, y con el compromiso de atenuar dentro de sus posibilidades la situación de algunos trabajadores que han quedado con secuelas tras un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la Comisión ha ampliado los tipos de ayudas sociales otorgadas.

Entre éstas figuran una ayuda anual a los pensionistas con gran invalidez, el coste de los gastos de familiares acompañantes por día de ingreso en el hospital, o la ayuda a los viudos y viudas de los trabajadores accidentados que tenían reconocida una incapacidad en grado de gran invalidez o absoluta.

Este convenio se encuentra dentro del marco de la colaboración en el ámbito sanitario existente entre Asepeyo y Corporación Mutua, en la que está integrada MAC.

Firmado por Jorge Serra, director gerente de Asepeyo, y Manuel Rodríguez, director gerente de MAC, el acuerdo responde a los criterios del Ministerio de Trabajo e Inmigración de priorizar la asistencia sanitaria con medios propios o a través de conciertos con otras mutuas. Los objetivos que con ello se pretende conseguir son racionalizar el gasto sanitario de las mutuas con medios privados, dar prioridad de uso a las instalaciones propias de las mutuas con posibilidades asistenciales, y ampliar la oferta de los recursos asistenciales a los trabajadores protegidos por ambas mutuas.

Un total de 206.000 trabajadores de Régimen General y trabajadores por cuenta ajena afiliados a las dos mutuas en Canarias, y más de 18.300 empresas asociadas, podrán beneficiarse de la prestación sanitaria que ofrecen las dos entidades, basándose fundamentalmente en razones de proximidad. Este hecho supondrá acercar la actividad asistencial al usuario final para lograr su plena recuperación, ofreciéndole un servicio más eficaz, así como reducir los costes sanitarios derivados de la siniestralidad laboral.

Las dos entidades cuentan con 21 instalaciones en Canarias, y pondrán a disposición de sus trabajadores afiliados sus medios asistenciales y rehabilitadores para la prestación médica por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Asepeyo y la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) han suscrito un concierto de asistencia sanitaria por el cual se ha puesto a disposición de sus respectivos colectivos de trabajadores protegidos los medios asistenciales de determinados centros de ambas mutuas en las Islas Canarias. Este convenio se encuentra dentro del marco de la colaboración en el ámbito sanitario existente entre Asepeyo y Corporación Mutua, en la que está integrada MAC.
Firmado por Jorge Serra, director gerente de Asepeyo, y Manuel Rodríguez, director gerente de MAC, el acuerdo responde a los criterios del Ministerio de Trabajo e Inmigración de priorizar la asistencia sanitaria con medios propios o a través de conciertos con otras mutuas. Los objetivos que con ello se pretende conseguir son racionalizar el gasto sanitario de las mutuas con medios privados, dar prioridad de uso a las instalaciones propias de las mutuas con posibilidades asistenciales, y ampliar la oferta de los recursos asistenciales a los trabajadores protegidos por ambas mutuas.
Un total de 206.000 trabajadores de Régimen General y trabajadores por cuenta ajena afiliados a las dos mutuas en Canarias, y más de 18.300 empresas asociadas, podrán beneficiarse de la prestación sanitaria que ofrecen las dos entidades, basándose fundamentalmente en razones de proximidad. Este hecho supondrá acercar la actividad asistencial al usuario final para lograr su plena recuperación, ofreciéndole un servicio más eficaz, así como reducir los costes sanitarios derivados de la siniestralidad laboral.
Las dos entidades cuentan con 21 instalaciones en Canarias, y pondrán a disposición de sus trabajadores afiliados sus medios asistenciales y rehabilitadores para la prestación médica por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

El director gerente de Mutua Navarra también se refirió a los distintos aspectos que puede contemplar la promoción de la salud en la empresa: la alimentación sana, la actividad física (por ejemplo, promoviendo la participación en actividades deportivas como el Desafío Empresas), detectar los factores de riesgo de enfermedades (como puede ser el sobrepeso), evitar los trastornos musculoesqueléticos (fomentando el ejercicio físico), luchar contra el tabaco (“ante las adicciones, observa, informa y acompaña”, recomendó Gorostiaga), combatir el estrés (realizando encuestas de clima laboral y riesgo psicosocial), la conciliación o los aspectos propios de la Responsabilidad Social Corporativa.