La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) creó el “Premio Alberto Guanche-Mutua de Accidentes de Canarias” con dos objetivos muy claros, por un lado, reconocer a aquellas empresas canarias que han destacado en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y, por otro, rendir homenaje a Alberto Guanche, destacada personalidad canaria que, además, formó parte de la junta directiva de la MAC. El jurado de este primer galardón, presidido por Manuel Rodríguez Rosario, Director Gerente de la MAC, decidió otorgar por unanimidad de los miembros del jurado este primer galardón Alberto Guanche” a la empresa Metropolitano de Tenerife. Con ocasión de la entrega del premio, la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Margarita Isabel Ramos, Jerónimo Saavedra y Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife, intervendrán en el acto que tendrá lugar el próximo miércoles 30 de noviembre, a las 19.30 horas, en la sede central en Santa Cruz de Tenerife de la Mutua de Accidentes de Canarias (C/Robayna, 2). Asimismo, asistirá Gloria Gutiérrez, Directora General de Trabajo del Gobierno de Canarias.
El Premio Alberto Guanche se instituyó para recompensar la labor eficaz de las empresas en la reducción de la siniestralidad laboral y en la lucha por la seguridad y salud de los trabajadores de sus propias plantillas y por ende de la población activa canaria en general. En ese sentido se analizó bien una trayectoria positiva y efectiva a lo largo de varios años y no solo un período anual concreto.
Metropolitano de Tenerife, desde el inicio de sus actividades, ha propugnado una verdadera integración de la prevención de riesgos laborales dentro de su organización de una manera activa, participativa, innovadora y constante que ha tenido como resultados inmediatos la progresiva mejora de las condiciones de trabajo de los empleados. En este sentido cabe destacar las importantes inversiones en los equipos de cara a mejorar la ergonomía de puestos de trabajo, las inversiones en infraestructuras que han logrado reducir los siniestros, la incorporación de nuevo personal en el plano de la seguridad y salud, la elaboración y puesta en práctica de decenas de procedimientos preventivos y en especial el novedoso, y único a nivel nacional, procedimiento sobre trabajos en la plataforma tranviaria. Todo este exitoso sistema de gestión se ha sabido culminar con una amplia participación y compromiso de los trabajadores, los cuales también han recibido una eficaz y continua formación preventiva.
El jurado que otorgó este primer premio Alberto Guanche-Mutua de Accidentes de Canarias estuvo formado por Manuel Rodríguez Rosario, Director Gerente de la MAC, Octavio Calderín, subdirector de la MAC, Vidal Suárez, responsable del departamento de Atención al Mutualista de la Mutua de Canarias y por Juan Carlos Martín Peinado, responsable de Prevención de la Mutua canaria. El premio consiste en la entrega de una estatuilla original realizada expresamente por el escultor canario Alejandro Bonnet de León. La escultura, consistente en dos piezas principales engarzadas, una casa forjada en bronce sobre un sofá de hormigón, simboliza el sentimiento de seguridad que debe sentir todo trabajador en su puesto de trabajo, tal y como “nos sentimos cuando estamos en nuestro hogar, cuando estamos en casa, porque la idea es que la seguridad en el trabajo sea inherente a la propia actividad”, explicó Manuel Rodríguez Rosario. El acto contará con una amplia representación de las personalidades del mundo de la empresa, el mutualismo y con los principales responsables de las instituciones públicas canarias, y está abierto a todo el público interesado, porque, según Manuel Rodríguez, “queremos que este premio y este acto sirva para recordar la figura de Alberto Guanche, prematuramente fallecido, una personalidad que destacó en todos los ámbitos en los que participó, tanto como jurista como político y profesor y, en particular, como miembro destacado de la junta directiva de la Mutua de Accidentes de Canarias”.

Bajas laborales más largas, más numerosas y que afectan a más trabajadores. En esos tres conceptos se resume el elevado absentismo que se registra entre los 67.000 empleados del Gobierno Vasco y de los organismos que dependen de él: una tasa del 5,15%, descontadas ya las ausencias por riesgo en el embarazo, maternidad y paternidad. La media nacional es del 3,24%. Las enfermedades que están en el origen de esa incapacidad temporal duran un 62,5% más que en el conjunto de Euskadi: 71,5 días frente a 44, pese a que no se incluye Osakidetza, con niveles todavía más elevados. En el caso del Servicio Vasco de Salud concurre la justificación de que se trata de plantillas en contacto directo con enfermos.
El viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, explica esta situación por la «impunidad» que, a su juicio, ha existido hasta ahora en ese terreno. Para hacerle frente, el Ejecutivo, en el marco de un plan global para ahorrar 100 millones de euros el próximo año, ha decidido centrar sus actuaciones en lo que denomina «núcleo duro del problema»: un colectivo de trabajadores que sitúa en torno a los 14.500 -menos de una quinta parte del total- y que son «hiperfrecuentadores»; es decir, han cogido 33.200 bajas, a razón de dos o más por periodos inferiores a 20 días en un plazo de tres meses.
El problema es de tal dimensión que tiene relevancia económica, máxime en tiempos de crisis. Según datos oficiales, más de 450.000 jornadas laborales se pierden al año por baja de enfermedad en el Gobierno vasco. Una cifra que representa el 9% de los días que se dejan de trabajar en Euskadi, cuando los empleados que dependen de la Administración autonómica suponen poco más del 7% de la población ocupada.
Plan de actuación

Estas cifras son solo una pequeña muestra del reto al que se enfrentan los responsables de personal del Gabinete de Patxi López, que se han propuesto afrontarlo por medio de la aplicación de un minucioso programa de actuación. Su principal medida fue anunciada el pasado miércoles: consiste en suspender los complementos salariales que cobran los trabajadores de baja, y que en los diez primeros meses de este año sumaron casi 44 millones de euros.
En un momento de fortísimos recortes presupuestarios, cuando el Parlamento vasco ha avalado notables rebajas de la cuantía de las prestaciones sociales y corren peligro muchos servicios por falta de fondos, desde el Ejecutivo se ha apostado por reducir los costes generados por el elevado absentismo en este sector, que se producen por triplicado. Por un lado, los complementos que debe pagar a los trabajadores que están de baja, ya que completa el salario hasta el 100%; por otro, los gastos añadidos que genera la sustitución de los empleados ausentes -por ejemplo, la cotización a la Seguridad Social-, y finalmente los costes administrativos y de gestión que supone todo este proceso. La información facilitada esta semana por el viceconsejero revela que las bajas en la Administración han sido algo más de 48.000 entre enero y octubre.
Según Juan Carlos Ramos, impulsor del plan de control del absentismo, que empieza a alcanzar ahora su velocidad de crucero, «no se puede pasar por alto este sistema de impunidad». Así lo declaró a este diario hace un año, cuando lanzó la alerta sobre la situación. En sectores de trabajos «penosos pueden tener algún sentido» maniobras de las personas para coger o alargar la baja laboral, pero «nuestras condiciones de trabajo son razonablemente buenas para que estas actuaciones tengan que producirse».
De ahí que capitanee desde que llegó al cargo, procedente de la empresa privada Sidenor, una campaña para la normalización de esta faceta laboral, en la que quiere implicar a las centrales sindicales, a los trabajadores y a toda la sociedad.
Un programa de este calibre abarca actuaciones que van desde una definición común sobre lo que es una baja laboral y el absentismo, a la inversión en programas informáticos para gestionar con rapidez la información, pasando por la colaboración con las instituciones, entre otros muchos extremos.
Intercambio de información

Así, Función Pública ha firmado un acuerdo con la patronal Confebask para el intercambio de información, conocimientos y técnicas con el objetivo de conseguir «fórmulas eficaces» para reducir el absentismo; va a proceder a la homogeneización de los criterios de cumplimiento de horarios, permisos y presencias en el puesto de trabajo; pondrá en valor los servicios médicos de empresa para que verifiquen el estado del trabajador de baja mediante un reconocimiento…
La campaña incluye también una serie de medidas coercitivas. La más importante de todas es la retirada de los complementos salariales citados, que en principio el Ejecutivo quiere negociar con los sindicatos y con los que quiere explorar la posibilidad de destinar los ahorros conseguidos por esta vía a incentivos de otro tipo. Además, pretende seguir de cerca los casos particulares, con estudio de las características del puesto de trabajo y otros condicionantes, como factores personales problemáticos, entre otras actuaciones.
Asimismo, ya está en marcha un convenio entre el departamento de Sanidad y el Instituto Nacional de la Seguridad Social que permite mejorar las comunicaciones entre ambas instituciones -el primero es el responsable de conceder la bajas y el segundo, de pagarlas- y que facilitará la transmisión informática de los partes de baja y alta por vía telemática.

El absentismo laboral empieza a ser un problema cuando los datos de un centro de trabajo discrepan demasiado a los de otro de las mismas características laborales y geográficas. O existe un problema médico o las bajas continuadas empiezan a convertirse en una manera de prolongar el ocio. Con esas premisas, el Gobierno vasco tiene un problema de tiempo y de coste.

Aunque nadie duda de que la gran mayoría de los trabajadores que cogen bajas lo hacen de forma justificada, los estudiosos del absentismo en el sector público creen que un porcentaje de los dos puntos de diferencia en contra de los funcionarios vascos, -5,15% frente a 3,24% de la media del resto de España sólo por enfermedades comunes-, se pueden atribuir a condiciones de trabajo como la seguridad de tener un trabajo para siempre, la falta de competencia y el hecho de cobrar pase lo que pase, el 100% del salario.

En la administración pública vasca hay 3.448 funcionarios de baja cada día, de los 66.769 totales, y esa elevada cifra hace que Euskadi esté a la cabeza del coste por enfermedad común (incapacidad temporal IT) de toda España, 45.27 euros por trabajador y mes.

Según un informe interno al que ha tenido acceso EL PAÍS, la ausencia diaria de su puesto de trabajo de una media de casi 3.500 trabajadores del Gobierno vasco, ha provocado hasta junio una pérdida de cinco millones largos -5.038.155- de jornadas laborales.

"Está claro que hay bolsas de fraude, como las hay en el pago de tributos o en el cobro de las prestaciones sociales", aseguran fuentes sindicales, "pero se trata de una minoría que hay que perseguir para que no perjudique a todos los demás".

Los sindicatos y el Gobierno se sentaron por vez primera este año en la Mesa de La Función Pública para iniciar la negociación del convenio colectivo para 2012. El Ejecutivo ofreció un pacto de estabilidad en el empleo para los más de 6.000 interinos, a cambio de recortes de los funcionarios por unos 100 millones de euros. Una de las principales partidas para reducir gastos es la de los complementos por IT, y el control del absentismo.

Losa funcionarios vascos cobran el 100% de sus salarios estén el tiempo que estén de baja. El Gobierno -como también hacen algunas empresas- se lo complementa y ahora quiere limitarse a lo que paga la Seguridad Social, que se hace cargo de entre el 65% y el 75% del salario a partir del cuarto día de baja. Del primero al tercer día no paga nada.

El Ejecutivo cifró a principios de semana el coste pagado en complementos -hasta octubre- en 43,8 millones de euros, pero es que cada punto de absentismo genera un coste de aproximadamente 22 millones al año en los gastos asociados a las sustituciones y a la gestión de las mismas, además de en complementos y rotaciones.

El viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, aseguró ayer que con el objetivo de reducir el absentismo "no se trata de criminalizar a los trabajadores que cogen bajas por enfermedad, ni mucho menos, lo que vamos a hacer es luchar contra las conductas reiterativas".

Los estudiosos del absentismo denominan a quienes abusan de las bajas como "hiperfrecuentadores". Una categoría en la que engloban mayoritariamente a quienes abusan de ese mecanismo, aunque aceptan que un pequeño porcentaje tengan razones reales para cogerlas, a causa de patologías con recaídas.

En Euskadi, hasta junio de este año había 14.509 "hiperfrecuentadores", es decir, funcionarios que habían cogido dos o más bajas de menos de 20 días en un periodo de tres meses. Solo esos 14.509 han protagonizado 33.200 bajas hasta mitad de año. Hasta septiembre se habían registrado 15.118 bajas de 4 a 15 días y 13.346 de 113 días.

En Euskadi, quizás más que en otros sitios se puede visualizar la descoordinación pasada entre el sistema sanitario, que da las bajas, y la Administración, que las paga, y los efectos de esa descoordinación también están generando sobrecostes, además de perjudicar la salud de los enfermos.

El hecho es que también en el aspecto de duración de las bajas, los trabajadores públicos del Gobierno ganan a los del resto de Euskadi. Si la media de las bajas en Euskadi es de 44 días, en la administración vasca, sin tener en cuenta Osakidetza, ya asciende a 71,5 días.

Los sindicatos atribuyen parte de ese exceso de duración en muchas de las bajas a la lentitud con que la administración sanitaria cita a los pacientes para practicar determinadas pruebas previas al diagnóstico.

Si la media de absentismo de los funcionarios es del 5,15%, -la cifra ha bajado medio punto desde 2008, pero sigue dos puntos por encima de la media del resto de España- en la Ertzaintza es del 6,69%, en Osakidetza del 6,82%, y en Educación del 4,33%, mientras que por ejemplo en el Ayuntamiento de Bilbao apenas si supera el 3%.

Premios por productividad
El Gobierno y varios sindicatos que conforman la mayoría sindical coinciden en que hay que luchar contra un exagerado absentismo en la administración pública vasca. Difieren en las recetas a aplicar.

El Gobierno está dispuesto incluso a premiar colectiva o individualmente a los empleados públicos por cada punto que se rebaje el absentismo. Sin embargo, los sindicatos no ven con buenos ojos el recorte de los complementos.

De momento, el Gobierno vasco sigue intentando precisar con claridad el absentismo real de todos sus departamentos, es decir, el porcentaje del tiempo que no se trabaja respecto del que sí, incluyendo todas las partidas que inciden en ese concepto.

El Ejecutivo firmó el pasado junio un acuerdo con la patronal Confebask para medir con parámetros homologables el absentismo, no solo en el sector público, sino en todo el sector privado, de manera que se puedan hacer comparaciones fidedignas. "El desarrollo de un concepto unitario del absentismo para los sectores público y privado, y el uso de una herramienta común para su control y seguimiento", cita en un informe Función Pública, permitirá interactuar entre ambos sectores para la divulgación y conocimiento compartido de las buenas prácticas, así como "la ponderación, con los mismos criterios, de los elementos de competitividad y calidad".

Para ello el Ejecutivo está desarrollando una herramienta informática que permita conocer en cada momento su dimensión, sus causas y adoptar medidas para su seguimiento y control, a título particular y general para toda la organización.

Pero además, para corregir la descoordinación con el servicio sanitario se van a poner en valor "los Servicios Médicos de Empresa" como recurso de apoyo a la gestión de los recursos humanos y de seguimiento de la evolución de cada IT a partir de la comunicación desde el Sistema Vasco de Salud, "desde el primer día de la IT y desde las jefaturas de servicios".

Las jornadas tuvieron como objetivo el fomento de la prevención y el conocimiento de aquellos riesgos relacionados con los factores psicosociales y los efectos negativos que se puedan derivar para la salud de los trabajadores, centrándose en la idea de que el trabajo es salud, como fuente de bienestar físico, psíquico y social de las personas. No obstante, también se analizó como fuente de riesgos que pueden poner en peligro la salud, y como objetivo de actuación común para: empresarios, trabajadores y prevencionistas.

Las Jornadas fueron inauguradas por Ilma. Sra. Dª Gemma Zabaleta. Consejera del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Dª Pilar Collantes Ibáñez. Directora General de Osalan, tras lo cual se dio paso a la presentación del Estudio de Investigación de Osalan, sobre “La Organización del trabajo y su impacto en la siniestralidad y la PRL en las empresas vascas”, a continuación se abordó un panel de expertos sobre “La Organización del Trabajo y los Riesgos Psicosociales” con lo que concluyo la primera Jornada.
El día 25, Osalan presentó su unidad de Prevención de Riesgos Psicosociales y Drogodependencias y por último se abordaron “Casos prácticos en la evaluación y control de los riesgos psicosociales”, en donde intervino D. Rafael Ruiz Calatrava, Director de Programas y Proyectos de UMIVALE que presento la Herramienta para la Evaluación de Riesgos Ergonómicos y Psicosociales (HEREP) como eficaz elemento de intervención en este tipo de riesgos y como respuesta eficaz a las necesidades empresariales en la reducción del Absentismo, y D. Josu Rekalde Atela, Director de Calidad y del Servicio de Prevención de CYCASA, que presentó los resultados de la implantación de la metodología HEREP en Cycasa.
Tras lo cual Dª Pilar Collantes Ibáñez dio por finalizadas las Jornadas.

Con la intermediación de Activa Mutua, un total de nueve familias con hijos con cáncer han podido acceder a la nueva prestación económica por cuidado de menores afectados por esta enfermedad. Una ayuda que entró en vigor el pasado 1 de enero de este año. Aparte del cáncer, también están incluidas en este paquete de ayudas otras enfermedades catalogadas de graves a la que las familias también pueden optar como consecuencia de la aprobación el pasado 29 de julio, del Real Decreto 1148/201 del Consejo de Ministros.
Hasta septiembre de este año, Activa Mutua ha percibido un total de 17 solicitudes provenientes de padres trabajadores asegurados por la Entidad, de las cuales, nueve instancias han sido aprobadas.
En el conjunto del Estado, la Seguridad Social, ha aprobado un total de 307 solicitudes de las 381 presentadas. 20 a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el resto, tramitadas desde las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y en donde Activa Mutua ha intermediado en el tres por ciento.
Los requisitos para poder acceder a esta prestación son, entre otras obligaciones, tener un hijo menor de 18 años con cáncer o alguna enfermedad grave de las catalogadas en el Real Decreto 1148/2011; que ambos progenitores trabajen; que sea necesario el cuidado directo, continuo y permanente del enfermo, y cumplir con un necesario periodo de cotización. Únicamente uno de los dos padres podrá optar a la prestación.
La prestación es del 100 por ciento de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias profesionales en proporción a la reducción de la jornada laboral, que debe de ser de al menos el 50 por ciento y será la entidad gestora (el INSS o las mutuas) con la que el trabajador tenga cubierta las contingencias profesionales, quien llevará a cabo el reconocimiento del derecho a recibir esta prestación y la gestión del pago correspondiente.