De esas 8.509 patologías no traumáticas declaradas, 7359, fueron ocasionadas por el trabajo, mientras que 1.150 fueron enfermedades o defectos agravados por el trabajo.

Hasta septiembre, las enfermedades relacionadas con el trabajo, suma de los registros de Enfermedades Profesionales más el registro de Patologías no Traumáticas ocasionadas por el trabajo, alcanzaron las 22.508, según datos del Observatorio de las Enfermedades Profesionales puestos de manifiesto por el sindicato.

Por otro lado, UGT ha señalado la importancia de incidir en el estudio de los trastornos músculo esqueléticos, ya que del estudio pormenorizado de esta estadística se desprende que 4.767 de las 7.359 patologías no traumáticas, el 65% de las mismas, son enfermedades del aparato locomotor.

Así mismo, el sindicato resalta la declaración dentro de las Patologías no Traumáticas de origen laboral de 102 casos tipificados como desórdenes mentales, “lo que es un paso hacia adelante en la visualización de los riesgos que provocan este tipo de daños a la salud de los trabajadores”.

En los primeros nueve meses de 2011 se han producido un total de 13.999 enfermedades profesionales, de las cuales 6.982 han sido con baja y 7.017 no han producido baja. Con respecto al año 2010, ha habido una variación al alza de 964 enfermedades profesionales declaradas, un 7% más.

El miedo a perder el empleo o sufrir algún tipo de represalia laboral o de una no renovación del contrato por no poder acudir al trabajo por estar enfermo ha cambiado la mentalidad de los trabajadores en estos tiempos de recesión y feroz desempleo que cada vez son más reacios a acudir al médico a pedir un parte de baja.
Un estudio del servicio de inspección de la Conselleria de Sanidad al que ha tenido acceso este periódico ha puesto de manifiesto que en el primer trimestre de este año se ha registrado una importante caída de la tasa de absentismo respecto al mismo periodo del año anterior.
En el grupo de población general de la Comunidad Valenciana, esta tasa se ha reducido de enero a junio de 2011 un 11,9%, de modo que los once millones de jornadas laborales que se perdieron en el primer semestre del año anterior se han reducido a 9.800.000 días no trabajados este año. Total, de un ejercicio a otro y solo en un semestre se han ganado más de un millón de jornadas trabajadas.
Estos datos son la prueba irrefutable del palpable temor a quedarse sin trabajo, de modo que salvo que sea estrictamente necesario los ciudadanos con empleo acuden a trabajar aunque tengan fiebre o algún tipo de dolor.
La Conselleria de Sanidad ha examinado también qué ocurría con la tasa de absentismo entre sus trabajadores y los datos de los programas de inspección realizados no han podido ser más esperanzadores, ya que durante el primer semestre de este año los empleados de la Agencia Valenciana de Salud han perdido 75.000 jornadas menos que en el mismo periodo del año anterior.
De modo que de enero a junio de 2010 se contabilizaron 650.000 días trabajados perdidos y un año después la cifra se ha reducido a 575.000 días, lo que supone una disminución del 10,97%.
Ganar 75.000 jornadas de trabajo se ha traducido en unos beneficios de 5 millones de euros para la Administración sanitaria, según indicaron fuentes de todo crédito, que apuntaron que el dinero ahorrado corresponde a las sustituciones que se ahorran para cubrir las vacantes.

Servicios en Sanidad
El factor de mayor peso en el cambio de la tasa de absentismo entre la población general ha sido, sin lugar a dudas, el temor a perder el puesto de trabajo pero en el caso de los empleados de la sanidad pública esa mejora de resultados obedece a la incorporación de nuevos programas que se traducen en fomentar la colaboración con el médico para ayudar al paciente a que se incorpore a su puesto de trabajo lo antes posible.
La decisión de la Conselleria de Sanidad de trasladar el servicio de inspección a cada uno de los 22 departamentos ha logrado una mayor proximidad con los usuarios, ya que en vez de aplicar políticas generalistas se ha podido estudiar el proceso de cada enfermo para analizar lo que le ocurre, tener contacto con él, orientarle y facilitarle las herramientas más eficaces para ayudarle en su recuperación.

Mayor presión pero más justificación a la hora de pedir bajas
Desde el sindicato CC OO ven con preocupación el descenso en el número de bajas laborales, al interpretarlo como un síntoma de "la presión" que muchos trabajadores sufren. Según el portavoz de la organización en Alicante, Salvador Roig, "el trabajador intenta estar más tiempo en la empresa", incluso "para hacerse notar de que está". Esto favorece, asegura, que se pidan menos bajas por miedo a represalias. "Sólo lo hacen cuando es cuestión de máxima urgencia". No obstante, matiza que esto también evita la picaresca con este tema y permite un uso más racional de las bajas.
En esa línea, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en l’Alacantí, Eduardo Pin, destaca que los funcionarios del Servicio de Inspección Médica realizan su trabajo "con más medios", y que, en el caso concreto del empleado público, ésa es la razón principal de la bajada del absentismo. Así, recuerda que ha sido más elevado cuando la interinidad en la función pública era también mayor. El responsable recalca también el "compromiso" de UGT en la eliminación del absentismo, entendido como "el abuso de los periodos de incapacidad temporal por enfermedad", y que supone un fraude. A. T.

En primer lugar, y tras la apertura del evento a cargo del Presidente de umivale, José Vicente Morata quien se posicionó a cerca de la necesidad de introducir cambios en las relaciones laborales, tomó la palabra Guillermo de la Dehesa, ex Secretario de Estado y Presidente del Centro de Investigación de Política Económica, que realizó un profundo análisis de las perspectivas económicas derivadas de la crisis global y su repercusión en nuestro país.

A continuación, el director de RRHH del Grupo BBVA, Juan Ignacio Apoita, remarcó la importancia que tiene el hecho de que las personas sepan porqué y para qué trabajan en su empresa, apostando por la necesidad de retener el talento.

La clausura de la jornada corrió a cargo del Profesor Sagardoy y del Director Gerente de umivale, Héctor Blasco, que agradecieron su asistencia a los presentes, entre los que se encontraban directivos de GasNatural, Iberdrola, Bankinter, Bankia, Mc Donald´s, Prosegur, Línea Directa, Grupo Inditex y Accenture, entre otros.

El pasado 25 de octubre, D. Carlos Aranda, en calidad de Director Gerente y Dª. Concepción Ortíz, en calidad de Directora del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la Mutua de Accidentes de Trabajo “Fraternidad Muprespa”, firmaron el compromiso y apoyo con los "7 Principios para el empoderamiento de las mujeres. La igualdad es un buen negocio”. Se trata de un conjunto de reflexiones destinadas a ayudar al sector privado a centrarse en los elementos clave para la promoción de la igualdad de género en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad. Tales Principios consisten en: 1) Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel; 2) Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo – respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación; 3) Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras; 4) Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres; 5) Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres; 6) Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo; 7) Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.

El propósito es ayudar a las empresas a modificar sus actuales políticas y prácticas para alcanzar el empoderamiento de las mujeres. Siendo este su fin, los Principios se han diseñado acordes con los intereses de los gobiernos y de la sociedad civil; su aplicación como “óptica de género” inspirará e intensificará los esfuerzos realizados para asegurar la presencia de las mujeres en todos los niveles.

Fraternidad Muprespa refleja con su rápido y firme compromiso a los “70 Principios para el empoderamiento de las mujeres” su implicación en la implantación y desarrollo de políticas de igualdad que restablezcan a la mujer en igualdad de oportunidades, puestos y niveles que disponen los hombres. Desde el pasado año en el que se firmó el Plan de Igualdad Fraternidad Muprepa, la dirección de la mutua manifiesta su deseo por equiparar las carreras profesionales de hombres y mujeres de igual modo, apoyándose en el empoderamiento en aquellos sectores que, por la tradicional cultura empresarial, la mujer tiene una menor representación.

El proyecto ha sido diseñado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

FRATERNIDAD-MUPRESPA (F-M). Somos conscientes del enorme esfuerzo que ha realizado la Administración General del Estado, y concretamente la Seguridad Social, en atender al ciudadano a través de las nuevas tecnologías, dando cumplimiento a la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos. Destacamos el éxito del portal redtrabaj@ del Servicio Público de Empleo Estatal, que permite la solicitud y concesión automática de prestaciones. Sin embargo, no ha logrado el objetivo de convertirse en un “portal de empleo” como era su pretensión, ni concitar el interés de empleadores y demandantes de empleo. ¿Se propone el Ministerio trabajar en esta línea, para ofrecer un servicio de calidad de búsqueda de empleo a través de Internet a empresas y demandantes?

VALERIANO GÓMEZ (V.G.). Desde el Ministerio, queremos que Internet sea un cauce que facilite a los trabajadores y empresarios todas las gestiones que tengan que realizar en nuestro ámbito de actuación y, fundamentalmente, que pueda constituir una vía para conocer y encontrar ofertas de trabajo a través de los Servicios Públicos de Empleo. En este sentido, hemos avanzado mucho en lo que respecta a la tramitación de prestaciones por desempleo on line, así como en la atención en las propias oficinas en el reconocimiento de prestaciones gracias a la puesta en marcha del servicio de Cita Previa por Internet, que ha evitado a las personas desempleadas esperas innecesarias, aguantar colas, además de mejorar el ambiente de trabajo para los propios funcionarios.

Por otra parte, dentro de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, queremos dar un impulso a todo lo relativo a la búsqueda de empleo a través de la red y, por tanto, apostar por extender el uso de la Administración electrónica en el Sistema Nacional de Empleo.

Esto implica proporcionar accesibilidad digital a las personas y empresas usuarias de los servicios de empleo para que puedan acceder tanto a la realización de trámites como a la prestación de los servicios. Ello conllevará la creación de un espacio web compartido por todos los miembros del Sistema Nacional de Empleo para procurar vía Internet información y orientación profesional, información sobre demanda de empleo, recursos para la búsqueda de empleo o de servicios y oferta de formación, así como ofertas de empleo.

F-M. Uno de los servicios electrónicos con mayor demanda es del simulador del cálculo de pensiones, bajo distintos escenarios. Pero se trata de un programa que no utiliza toda la potencia de las bases de datos de la Seguridad Social, incluyendo la vida laboral, que está informatizada. ¿Por qué no se desarrolla este servicio, de altísimo interés para los ciudadanos?

V.G. A través de la página web de la Seguridad Social cualquier ciudadano puede descargar gratuitamente en su ordenador personal un programa que permite realizar un autocálculo de la pensión de jubilación. La aplicación es de fácil manejo y no precisa certificado digital, funciona y responde en razón a la información que el propio ciudadano introduce. El objetivo es facilitar al ciudadano una alternativa que le permita simular cualquier hipótesis sobre su futura pensión de jubilación de la Seguridad Social.

Desde hace años, la Seguridad Social utiliza toda la potencia de sus bases de datos corporativas mediante la automatización de la gestión de las prestaciones facilita que en un periodo medio de siete días se tramite y resuelva una pensión de jubilación. Además permite que con carácter meramente informativo pueda anticiparse a los trabajadores que lo soliciten -normalmente cuando está próxima su edad de jubilación- el importe aproximado de su pensión de jubilación, según la información obrante en las bases de datos de la Seguridad Social.

Sólo en 2010 el Instituto Nacional de la Seguridad Social respondió a 174.563 solicitudes sobre el cálculo estimado de la pensión de jubilación, información que no puede generar derechos ni obligaciones en materia de Seguridad Social. Este volumen de información representa un 67,49% sobre el total de pensiones de jubilación que en dicho ejercicio reconoció la Seguridad Social.

En cualquier caso, y de acuerdo con la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, se establece la previsión, mediante el oportuno desarrollo reglamentario, de facilitar una información anticipada a los trabajadores sobre su futuro derecho a la pensión de jubilación a partir de la edad y con la periodicidad que se establezca.

"Es interesante estimular actuaciones con las CCAA mediante participación en beneficios"

F-M. El gasto público sanitario gestionado por las Comunidades Autónomas es objeto de creciente preocupación. Por otra parte, y desde el Sistema de Seguridad Social, se constata la posibilidad de una reducción importante del gasto en incapacidad temporal por contingencia común. Aunque se han dado pasos, mediante convenios, para incentivar la mejora de gestión y resultados por parte de las Comunidades Autónomas, ¿Tendría sentido plantearse una “participación en beneficios” en este tema?

V.G. Esa idea de compartir beneficios es la que subyace en la firma de convenios con las Comunidades Autónomas para el control de la Incapacidad Temporal, así como en otra serie de propuestas -con su correspondiente previsión legal- tendentes a que las Mutuas de Accidentes de Trabajo puedan colaborar con los Servicios de Salud en aquellas especialidades en que las Mutuas son más eficientes y tienen recursos ociosos como puede ser traumatología, rehabilitación, etc.

Esto es una ayuda para mejorar la calidad asistencial y también para acortar los procesos lo que puede suponer un ahorro importante en el gasto de Seguridad Social por prestaciones de I T. En consecuencia creo que es inteligente estimular estas actuaciones mediante esa “participación en beneficios”.

F-M. En el pasado ejercicio el Real Decreto 204/2010 implantó un sistema de incentivo (“bonus”) por reducción de la siniestralidad, basado en las previsiones del a. 73 de la Ley General de Seguridad Social según su texto vigente desde enero de 2008. ¿Debe entenderse la implantación de este incentivo como una renuncia definitiva a la implantación del sistema de bonificaciones y recargos de los epígrafes previsto desde la entrada en vigor de la Ley en 1994 en la Ley, y nunca aplicado ni eliminado?

V.G. El Consejo de Estado, en su informe al proyecto de ese decreto, entendió que los incentivos que se regulan en el mismo constituyen, precisamente, una manera de realizar la reducción de cotizaciones a la que se refiere la pregunta. Igualmente, planteaba no echar en olvido la posibilidad de contemplar en un futuro los recargos. Aunque en este momento no se consideraba oportuno, hay que tener en cuenta que el sistema ya tiene instrumentos de penalización mediante el recargo de prestaciones, la actuación de la Inspección de Trabajo y de los tribunales. En todo caso, se atendió la sugerencia del Consejo de Estado dejando constancia de ello en el propio preámbulo del decreto.

"Puede ser una buena idea elaborar una especie de libro blanco sobre las M.A.T.E.P.S.S. con la aportaciones de todas la partes implicadas"
F-M. Las MATEPSS, entidades que forman parte del sistema de previsión social de España, dan cobertura en contingencias profesionales a más del 95% de los trabajadores por cuenta ajena, gestionan la prestación por contingencias comunes de más del 60 %, así como de una parte importante de los autónomos en ambas contingencias. También gestionan las prestaciones por riesgo de embarazo y lactancia y recientemente el cese de actividad de los autónomos y la de enfermedad grave de los hijos. Existen opiniones diferentes y hasta encontradas entre la CEOE, los sindicatos y la propia Administración sobre el periodo mínimo de asociación de las empresas, la constitución de las reservas, el alcance de la gestión en materia de absentismo, la participación de los sindicatos en la gestión, etc.¿Puede haber llegado el momento de elaborar una especie de “libro blanco” sobre las MATEPSS que reciba aportaciones de las partes implicadas ofreciendo un modelo válido para todos?

V.G. Creo que puede ser una buena idea y, en todo caso, será útil para los trabajos de reforma del marco normativo de las mutuas, prevista en la disposición adicional 14ª de la reciente Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. El plazo concedido al Gobierno, con la participación de los agentes sociales, para el cumplimiento de dicho objetivo es de un año lo que, sin duda, requiere ir preparando la tarea.

F-M. El 60% de las empresas tienen cubiertas las contingencias comunes a través de las MATEPSS, porcentaje que supone el 70% del absentismo laboral. No obstante, el proceso para dar el alta al trabajador, que finaliza en la decisión del Servicio Público de Salud, no ofrece demasiadas herramientas a las mutuas para controlar el absentismo laboral o el fraude. ¿Qué mecanismos vería oportunos el MTIN para poder mejorar en este aspecto? ¿Se ha valorado la posibilidad de ceder más competencias al sector Mutual para el control y seguimiento de las contingencias comunes, lo cual a su vez podría ayudar a aligerar los Servicios Públicos de Salud?

"No se puede identificar, sin más, las bajas por contingencias comunes con el absentismo. Deberíamos empezar por ponernos de acuerdo en los conceptos."

V.G. Para poder resolver bien un problema conviene empezar por plantearlo correctamente. No se puede identificar, sin más, las bajas por contingencias comunes con el absentismo. Deberíamos empezar por ponernos de acuerdo en los conceptos, en la manera de medirlos y en la comparabilidad de los mismos.

Dicho esto, es claro que se puede mejorar y el Gobierno ya presentó algunos documentos a la mesa de diálogo social con análisis de datos y propuestas en distintas direcciones porque no creo en las soluciones simples a problemas complejos.

Siempre será conveniente la máxima colaboración con los servicios de salud en cuya dirección vamos avanzando. Y en cuanto a la ampliación de competencias, habrá que estar a lo que se decida entre Gobierno e interlocutores sociales en la futura reforma del marco normativo de las mutuas. Ahora bien, esto sería mucho más sencillo si las mutuas consiguieran ganarse la confianza de los representantes del personal protegido por las mismas.

"No puede pretenderse que el servicio de prevención para PYMEs sea un servicio gratuito con cargo a cuotas porque no se trata de una prestación de Seguridad Social sino de una obligación directa del empresario."

F-M. Las MATEPSS han sido pioneras en la prevención de accidentes laborales aportando muy buenos resultados en la lucha contra la siniestralidad. Un escenario en el cual las MATEPSS prestasen a las PYME (de 1 a 10 trabajadores) el servicio de prevención gratuito con cargo a las cuotas sería beneficioso. ¿Cómo de factibles ve el Ministerio la puesta en marcha de este tipo de iniciativas destinadas ayudar económicamente a la empresa y a mejorar su seguridad?

V.G. Este Ministerio ha sido especialmente sensible al respecto respondiendo a las inquietudes de organizaciones empresariales y sindicales. A propuesta de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se introdujeron en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 diversas medidas de apoyo a la pequeña empresa que ya están dando sus frutos; especialmente el asesoramiento “on line” y la tramitación simplificada de la documentación exigida en materia de prevención, todo ello sobre una plataforma informática creada para este fin con recursos procedentes del Fondo de Prevención y Rehabilitación. El propio nombre adoptado “Prevención 10” alude al tamaño de las empresas a las que va dirigido. Y sin duda hay todavía recorrido en esta materia.

Otra cosa es que se pretenda una vuelta atrás en cuanto a la separación de las mutuas de las actividades preventivas que constituyen una obligación legal del empresario. El camino recorrido en los últimos años venía impuesto por los reiterados requerimientos del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Seguridad Social.

No puede pretenderse que sea un servicio gratuito con cargo a cuotas porque no se trata de una prestación de Seguridad Social sino de una obligación directa del empresario. Conviene recordar que la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 que autorizó a las mutuas a que actuaran como servicio de prevención para sus empresas asociadas, nunca dijo que fuera como prestación del sistema sino como un servicio de prevención privado. Precisamente de esa mezcla público-privado surgió el problema del traslado de costes indebidos a la Seguridad Social que se debió corregir a partir de 2005. Lo que facilitó llegar a aquellos excesos fue la permanencia en el tiempo de una fórmula que el propio preámbulo de la Ley de Prevención definió como coyuntural para permitir la puesta en marcha inicial de las previsiones de la misma.

Se trata de un manual práctico dirigido a las empresas y que aborda la situación de incapacidad temporal por enfermedad o accidente desde las distintas perspectivas posibles: su regulación y gestión, su incidencia en la relación laboral y las medidas para su control, prevención y reducción.

En el primer capítulo, la abogada y profesora universitaria Paz Martín, en lenguaje comprensible abordado la gestión de las bajas, su contenido y regulación legal de la contingencia y de la prestación, las principales obligaciones formales y el papel de colaboración que ejerce la empresa a través del pago delegado, resolviendo algunas cuestiones prácticas que suelen suscitarse en estos procesos.

En el segundo capítulo, el abogado y profesor Galán se ocupa de ofrecer soluciones a la problemática jurídica que plantean las bajas laborales, abordando incidencias tales como las incapacidades durante el período de prueba, la coincidencia de la baja con vacaciones del trabajador o la consideración del despido mientras el empleado está de baja, entre otras.

El capítulo dedicado a la investigación de las bajas fraudulentas corre a cargo de David Sanmartín, detective privado, y aborda respuestas a las empresas que tienen la sospecha de que se enfrentan a una baja fingida o de que el afectado está realizando actividades incompatibles con la incapacidad o que perjudican su recuperación, con un análisis de los mecanismos de investigación y su tratamiento legal y jurisprudencial.

La psicóloga Ana Isabel Gutiérrez aborda específicamente las bajas por motivos psiquiátricos (estrés, ansiedad, depresión), que constituyen la segunda causa de incapacidad temporal en términos absolutos y la primera en bajas de larga duración, sin olvidar las particularidades de su génesis y la mayor dificultad objetiva para su control empresarial.

Publicado por FC Editorial, el libro se completa con medidas para la disminución de las bajas por incapacidad. Antonio Salas Baena, director de Prestaciones de Fremap, la principal mutua de nuestro país en volumen, analiza algunas de las recomendaciones prácticas que los expertos tienen contrastadas para prevenir y reducir las bajas por incapacidad temporal en la empresa.