De esta forma, Mutualia se convierte en la primera mutua que logra este reconocimiento que premia a aquellas entidades que "destacan de forma relevante y especialmente significativa en la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores, en los términos previstos en la legislación".
Mutualia desarrolla políticas de igualdad desde la publicación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En la actualidad, la mutua está inmersa en la elaboración de su tercer Plan de Igualdad, que estará vigente hasta el año 2014.
Este tercer plan supondrá la continuación y consolidación de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres establecidas en el primer Plan de Igualdad aprobado en el año 2008 y en el segundo Plan, vigente entre los años 2009 y 2011.
Las políticas de igualdad recogidas en estos planes están consensuadas entre la Dirección y la Representación Sindical. Estos planes cuentan con el refrendo de todos los sindicatos con representación en Mutualia, destacando que en la elaboración tanto de los sucesivos diagnósticos, como de los planes de igualdad, la Comisión para la Igualdad de Mutualia ha seguido la metodología de trabajo y el procedimiento para el desarrollo de Planes/Medidas de igualdad, elaborados por la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO.

No nos engañemos. Se trata de una medida preocupante porque además no va a ser la única que va a afectar aún más a nuestros ya de por sí empobrecidos bolsillos: vienen tiempos muy duros. Porque duro es que te suban el gasto médico, pero además va a subir la factura eléctrica y también el gasoil, un elemento tan necesario como el pan o el agua; que se lo digan, si no, a quienes hace pocas semanas, con temperaturas gélidas, no pudieron encender la calefacción para calentar a niños y mayores. Cosa distinta es que suban el alcohol el tabaco, que también están en la lista de los que van incrementar su precio. No hay otra solución, no nos engañemos.

Independientemente de que acabamos de soportar un gobierno que ha gastado a manos llenas y no supo tomar las medidas adecuadas para paliar la crisis, hay que asumir también que en el plano personal todos hemos vivido irresponsablemente por encima de nuestras posibilidades y delegando en el Estado el coste de nuestra vida irresponsable. Contamos con el índice más alto de Europa en absentismo laboral, que sólo ha disminuido, y muy poco, en los últimos tiempos, ante el temor de que las empresas empezaran los despidos por aquellos que se toman el trabajo a título de inventario. Dicen ahora las mutuas que casi el 15 por ciento de las bajas son fraudulentas y, la verdad, parecen pocas: es habitual que las bajas sean masivas en los días previos a fechas señaladas que la gente gusta de disfrutar como vacaciones.

Mientras en otros países trasladan los festivos a los lunes, aquí no se ha pensado en esa posibilidad hasta ahora, y no es que se abusara de los "puentes", sino que los españoles disfrutan a lo largo del año de tres o cinco "acueductos" que dejan temblando las arcas de las empresas, y más aún en tiempos tan crudos. Hasta hace apenas dos años hemos seguido con la línea habitual de compras, incluso de compras compulsivas, y sólo hemos puesto sentido racionalidad al consumo cuando han venido muy mal dadas, con pérdida de empleo incluida.

No nos engañemos: hemos sufrido años de un mal gobierno pero tampoco han respondido los españoles con el necesario sentido común, haciendo bueno ese dicho de que jamás se piensa que te va a afectar un accidente o una enfermedad grave, siempre afecta a otros. Cataluña ya se ha apuntado al copago a través de las recetas farmacéuticas -que Núñez Feijóo no descarta, el presidente gallego conoce la sanidad pública- y se ha apuntado a la tasa turística.

Entre el 7% y el 13% del absentismo laboral en España es fraudulento y podría evitarse. Así lo estiman las mutuas de accidentes, para las que «el absentismo distorsiona la productividad de las empresas y organismos públicos» y «como todos los problemas se acentúa en época de crisis».

Cada día faltan a su empleo más de un millón de trabajadores en nuestro país, lo que implicaría que entre 70.000 y 130.000 lo harían sin una justificación y, por lo tanto, de forma irregular.

La falta de asistencia al trabajo tiene un fuerte impacto no solo en las empresas, también en la economía española. Así, el coste directo de este absentismo, por prestaciones económicas, complementos, mejoras y cotizaciones en favor de los trabajadores, superó los 8.000 millones de euros durante 2010, de los que 2.100 corrieron a cargo de las empresas.

Mucho más abultada es la cifra de lo que dejan de producir ese millón de trabajadores cada día que faltan a su puesto de trabajo. Según los cálculos empresariales esta cifra asciende a más de 64.000 millones de euros, lo que equivaldría al 6% del Producto Interior Bruto (PIB).

La lucha contra el absentismo injustificado es una petición histórica de la CEOE, que ahora su presidente, Juan Rosell, ha vuelto a elevar al primer plano de las reivindicaciones empresariales. Las propuestas que la patronal lleva bajo el brazo para mejorar el absentismo pasan irremediablemente porque las mutuas de accidentes de trabajo puedan dar el alta médica en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, como ya lo hacen en los casos de accidentes de trabajo o en las bajas por riesgos durante el embarazo o la lactancia.

Los datos, en este caso, demuestran que la duración media de los procesos de incapacidad temporal que controlan las mutuas fue el año pasado de 35,69 días, casi trece menos que los casos gestionados por la Seguridad Social, en los que las bajas duraron una media de 48.07 días. Con estos datos sobre la mesa el Ministerio de Empleo ultima una norma que dará manos libres a estos organismos que colaboran con la Seguridad social para frenar las bajas por enfermedad laboral.

El porcentaje de bajas fraudulentas en España oscila entre el 7% y el 13%, según datos aportados por la mutua Fraternidad-Muprespa. El gasto del Estado por este concepto durante 2010 llegó a los 8.070 millones de euros, de los cuales 2.100 corrieron a cargo de las empresas.
El director de relaciones con la Red de Fraternidad-Muprespa, Julio Santos, destacó éstas y otras cifras durante la jornada sobre los aspectos de la reforma del mercado de trabajo y el papel de la mutua en el control del absentismo laboral que se celebró ayer en la sede de Caja Siete.Santos reconoció que el absentismo laboral “es un problema serio que “distorsiona la productividad” de las empresas y organismos públicos. Además, recalcó que, como todos los problemas, “se acentúa en época de crisis”. Una media de un millón de trabajadores al día está de baja, “lo que supone un coste de 64.000 millones de euros: el 6% del PIB”, matizó. Una cifra que calificó de “preocupante” y que achacó al importante “déficit estructural” de la incapacidad temporal (IT). Desde el año 1997, explicó, el Gobierno ha ido modificando las leyes en el sentido de dar más capacidad a las mutuas para controlar las bajas. La administración “desconfía” de cómo los servicios públicos de salud están gestionando las IT y “han ido introduciendo medidas que dan un mayor protagonismo” a las mutuas. Prueba de ello es la última reforma laboral aprobada por el Gobierno que aboga porque sean las propias mutuas, las que a partir de ahora den las bajas y las altas médicas. Aún así, Santos insistió en que las mutuas no deben ser una herramienta de la empresa para controlar al trabajador, pero sí deben tener como objetivo el que las bajas duren el tiempo real, “ni más ni menos”. Para Santos, una de las mayores “controversias” en relación con las IT es el hecho de que un organismo dé las bajas y otro las pague. “Un trabajador en activo no debería estar en la misma lista de espera que un jubilado para una resonancia magnética; por el simple hecho de que, el jubilado no le cuesta nada al sistema, pero el trabajador en activo, por un día que pierda, cuesta 57 euros de media”. Para Santos este problema se resolvería si la mutua atiende al trabajador con sus medios o con otros concertados. Durante la jornada de ayer también participó el magistrado de la Sala de lo Social del TSJC, Antonio Doreste, quien habló de la reforma laboral. En su ponencia, destacó el “fin de los salarios de tramitación”.Mientras tanto, los sindicatos volvieron ayer a insistir en que el Gobierno es quien “puede desconvocar” la huelga del próximo 29 de marzo. El Ejecutivo, por su parte, admitió que estudiará la propuesta de los sindicatos pero advirtió que no lo hará en una mesa de negociación tripartita, sino en reuniones técnicas.