El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) ha recordado al Gobierno que España necesita reformas "urgentes" para recuperar la confianza de los ciudadanos, inversores y empresarios, al margen de las elecciones generales que se celebrarán el año que viene.

"Los tiempos de la clase política deben ajustar a los de la sociedad española, sin depender del calendario electoral", ha señalado el IEF en un comunicado, en el que ha pelado a la responsabilidad de todos los partidos porque el consenso entre las principales fuerzas políticas tendría un efecto "significativo" en la creación de empleo y la recuperación de la inversión.

Según el IEF, la economía se encuentra en un "momento muy difícil" en el que se requieren decisiones que permitan recuperar la confianza, para lo que se debe profundizar y agilizar las reformas pendientes sin perder unos meses que resultan "vitales".

En concreto y en el ámbito laboral, apuesta por recuperar y desarrollar el principio de acuerdo alcanzado entre patronal y sindicatos sobre el papel de las mutuas en el control del absentismo laboral.

De la misma forma, se inclina por evitar la indexación automática de los salarios al IPC y por permitir el establecimiento de retribuciones ligadas al desempeño profesional y/o al resultado de la empresa.

En esta misma línea, pide dotar de mayor flexibilidad a la contratación laboral en las empresas con menos de cinco trabajadores, apuesta por mejorar la regulación en los contratos destinados a la creación de empleo juvenil y se muestra partidario de simplificar el descuelgue salarial, evitando que esté sujeto a las comisiones paritarias.

Por otro lado, el IEF apuesta por reducir el gasto público en todas las administraciones manteniendo la inversión pública, por orientar el sistema educativo a las necesidades del mundo laboral con especial énfasis en el aprendizaje de inglés y por definir el futuro del sistema energético para garantizar eficiencia y sostenibilidad.

Finalmente, resalta la necesidad de modernizar el sistema sanitario apostando por modelos de colaboración público-privada que garanticen sus sostenibildad, calidad y la mejora en la eficiencia en su gestión.

Las mutuas de accidentes laborales están entre las instituciones afectadas por la situación del mercado laboral. En el caso de la entidad valenciana Unión de Mutuas, el inicio de la crisis coincidió con su integración en el grupo Corporación Mutua, que agrupa a ocho mutuas de toda España y tiene una cuota de mercado del 24%. Junto a Unión de Mutuas están Ibermutuamur, Cesma, MC Mutual, Solimat, Mutualia, Mutua de Canarias y Mutua Gallega.

El director gerente de Unión de Mutuas, Juan Enrique Blasco, apunta que ese proceso de integración explica en buena medida el hecho de que, a pesar de la bajada del número de trabajadores amparados por la mutua y, por lo tanto de los ingresos, se haya conseguido mantener unos resultados –ingresos menos gastos– positivos, e incluso incrementarlos en el último año, al pasar de 2,9 millones a 11,2 millones de euros. “La finalidad era mantener la independencia y aumentar la eficiencia”, afirma. “Unión de Mutuas ha sido una de las más afectadas del grupo, por estar situada en la Comunidad Valenciana, donde ha habido mucha destrucción d empleo. Hemos perdido cerca de 80.000 trabajadores a lo largo de este periodo. Por ello, hemos acomodado gastos y personal. Además, las reservas las hemos tenido siempre al máximo, e incluso la reducción de ingresos ha hecho que hagamos desdotación de reservas, que se puede considerar como un ingreso extra”, explica. “Hemos aportado al Ministerio de Trabajo 45 millones de euros el último año, entre las aportaciones a cánones comunes y el envío de excedentes, similar a los años anteriores”.

Entendimiento

En Corporación Mutua “las entidades tenemos una filosofía similar y es fácil entenderse. Encima, somos complementarios porque estamos trabajando en zonas diferentes y no tenemos conflictos de intereses”. La integración ha permitido compartir la red de centros propios –que en conjunto suman 330– y se ha unificado también la red de centros concertados. “Esa unificación de red de centros concertados ha evitado 210.000 asistencias sanitarias por medios ajenos. El ahorro es tremendo, porque pagamos menos dinero y se queda dentro de la Corporación”. La red de centros propios en conjunto ha pasado de 342 a 330. “Se han cerrado y unificado centros, porque sobraban”, explica Blasco.
El buen funcionamiento, sin embargo, no va a llevar a ir más allá en el grado de integración.

“La inmediatez es el valor añadido que tenemos cada mutua, con nuestra especialización geográfica”, considera el director de Unión de Mutuas. “Se tiene la sensación de que la mutua es de casa y eso no lo quiere perder nadie, y tampoco es necesario, podemos llegar a estos niveles de eficiencia mancomunando los servicios”.

Legislación

El proyecto de reglamento sobre el sector de mutuas iba a entrar en el diálogo social, pero quedó paralizado, pese a contar con acuerdo de los agentes sociales. “Pienso que este año saldrá esta legislación, puesto que tiene el acuerdo”.

La norma unificará las reservas de estas instituciones –ahora hay tres y será sólo una– , además de los órganos de gobierno, en los que deberá haber representación sindical. “Nosotros ya tenemos a los sindicatos en el consejo, además de las organizaciones empresariales y consejeros independientes”, señala Blasco.

El Portal Sanitario Asepeyo ha sido distinguido en el apartado ‘Médica’ en la categoría de ‘Profesionales’ en la IV edición de los premios “Los favoritos en la red del ámbito sanitario”, organizados por Diario Médico y Correo Farmacéutico para valorar las instituciones, empresas o colectivos que trabajan por el desarrollo de la comunicación en Internet.

Esta nueva herramienta de comunicación, la primera que se lleva a cabo en el sector de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tiene como objetivo convertirse en una web de referencia entre los profesionales sanitarios, especialmente en las áreas de cirugía de la mano y enfermería del trabajo, en los que la mutua es experta.

Durante este último mes en el que el centro de Ibermutuamur en Lorca ha permanecido cerrado al público, la mutua modificó su dispositivo asistencial en la localidad para mantener sus servicios, mientras se realizaban las obras de rehabilitación del edificio en el que se encuentra situado, detalló la mutua.

Una vez reanudada la actividad en este centro, cuya finalidad es el tratamiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el seguimiento de la incapacidad temporal por accidentes no laborales y enfermedades comunes, se prestarán los servicios de urgencias médicas, asistencia sanitaria, radiología y rehabilitación, entre otros.

Asimismo, el centro dispone de un sistema de Control Analítico de Diagnóstico Inmediato (CADI) que emite unos resultados analíticos que son validados en un tiempo aproximado de dos minutos, ante urgencias médicas derivadas de accidentes de trabajo.

Ibermutuamur dispone de otros 9 centros propios en distintas localidades de la comunidad murciana. En la actualidad, tiene asociadas 19.967 empresas y protege a cerca de 190.000 trabajadores en la región.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, informa que el absentismo laboral supone un impacto negativo en el PIB del 1,5%, “son 1,4 millones de personas al día que no acuden a su puesto de trabajo”. Además, destaca que el absentismo asciende al 30% en las administraciones públicas.

El absentismo es uno de los caballos de batalla de la patronal. El presidente de la CEOE cargado contra él en su intervención durante los cursos de verano de Economía de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica.

La otra cuestión que preocupa a los empresarios es la vinculación de los salarios con la inflación. “La indexación al IPC se ha acabado, ahora los sueldos irán ligados a la productividad, a la productividad de cada sector”, indica Rosell.

El empresario destaca la rigidez del mercado laboral que se concentra en la entrada del mercado laboral, mantenimiento y salida”. La queja ha sido la que vienen reclamando en los últimos años que la contratación y el despido son muy caros. “Quienes van a crear empleo son las pequeñas empresas, no la Administración”. Según Rosell, el coste del desempleo “nos cuesta 35.000 millones”.