Fruto de este consenso y con el fin de alcanzar una rapida y resolutiva solucion antes posible conflictos o situaciones perversas, las denuncias podran interponerse por los interesados o por trabajadores que sean conocedores de tales situaciones.
De igual modo, el actual protocolo contempla la posibilidad de adoptar medidas cautelares que eviten la continuidad de convivencia entre la persona denunciada y su presunta victima, quien podra contar con la asistencia de un Representante de los Trabajadores o la intervencion de Comite Asesor durante el proceso.
El proposito es gestionar y tramitar todos los procesos con las maximas garantias de transparencia, libertad, celeridad, confidencialidad y objetividad.

CCOO denuncia las recientes informaciones que diversos medios de comunicación han publicado con información proporcionada por las organizaciones empresariales y las Mutuas para reclamar que éstas puedan dar altas y bajas médicas en los casos de incapacidad temporal con enfermedades comunes y las empresas reduzcan sus obligaciones salariales en los primeros quince días de estas bajas.

En 2011, la cuantía destinada a este concepto ascendió a 468.350,45 euros

Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales número 3 de la Seguridad Social, incrementó en 2011 el catálogo de ayudas sociales. Unas subvenciones que ascendieron a 468.350,45 euros y que se desprenden de la Comisión de Prestaciones Especiales adscrita a la Entidad, un organismo que desempeña una función social mediante la mejora de las condiciones de vida y la atención de situaciones especiales de aquellos trabajadores que han padecido un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Las ayudas concedidas por la Comisión de Prestaciones Especiales de Activa Mutua se repartieron entre las ayudas propiamente dichas y los complementos para aquellas personas que han sido beneficiarias de estas prestaciones. De las primeras destacaron las partidas para adaptación de vivienda o vehículos, material ortopédico, tratamientos médicos, ayuda para ingreso hospitalario, becas de estudio para hijos menores y para paliar situaciones precarias, entre otros. En los complementos destacaron las contribuciones destinadas a viudedad y orfandad, defunción de hijo, auxilio por defunción o lesiones permanentes no invalidantes (LPNI).

Las ayudas más significativas fueron para aquellos trabajadores con LPNI en donde se destinaron un total de 310.490 euros; ingresos hospitalarios (46.840,45 euros) o viudedad y orfandad (28.500 euros).

La Comisión de Prestaciones Especiales está integrada por empresarios, en representación del colectivo de empresas mutualistas, y por representantes de los sindicatos mayoritarios de los trabajadores protegidos por la Mutua. Activa Mutua cuenta con un total de 55.500 empresas

La delicada situación por la que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social por el aumento del paro y la caída de cotizantes ha llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a buscar fórmulas para inyectar liquidez al sistema y esquivar el temido recurso al fondo de reserva —que a día de hoy acumula unos 70.000 millones de euros— para pagar las pensiones.
En este escenario, el Ministerio de Empleo está considerando utilizar el más que goloso fondo de prevención y rehabilitación que las mutuas dotan con los excedentes de la gestión de los accidentes laborales, y que acumula ya cerca de 6.000 millones de euros. Un esfuerzo que el Ejecutivo pediría a las empresas, pero que tendría como contraprestación una ley de mutuas que daría a estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social más poder para controlar el absentismo laboral, que cuesta a la economía española 64.000 millones de euros, el 6% del PIB.
Más autonomía en la gestión
El pasado mes de febrero la titular de Empleo, Fátima Báñez, en su primera comparecencia en el Congreso para hablar de la reforma del mercado de trabajo, adelantó que «en los próximos meses» el Gobierno presentaría una ley de mutuas para permitir una «mayor autonomía en su gestión». Esta mayor autonomía pasará por que estas instituciones puedan dar, además de bajas médicas, también altas, una petición histórica de las organizaciones empresariales como fórmula eficaz para luchar contra el fraude en las bajas laborales que, como ya informó este periódico, se produce entre el 7% y el 13% de los casos, de los más de un millón de personas que cada día faltan a su puesto de trabajo.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero ya intentó en los Presupuestos de 2011 fusionar el fondo de prevención de las mutuas con el fondo de reserva de las pensiones, lo que finalmente se impidió a través de una enmienda transaccional de los nacionalistas catalanes y vascos a los Presupuestos. En ese momento, esta iniciativa del Ejecutivo socialista puso en pie de guerra a las organizaciones empresariales, que defendieron la importancia de mantener su independencia. Además, la pretensión de los empresarios era utilizar ese excedente para rebajar las cotizaciones empresariales por contingencias profesionales. Argumentaban que, en la medida en que en los últimos años se ha reducido de manera considerable la siniestralidad laboral, sobre todo por la destrucción de empleos en el sector de la construcción y los positivos efectos de las medidas de prevención, las cuotas empresariales estaban sobredimensionadas y podrían, por tanto, reducirse. De hecho, según los cálculos que manejaba la patronal, el excedente acumulado por ese fondo le permitiría una rebaja de las cotizaciones empresariales de entre medio punto y un punto.
En el Acuerdo Económico y Social, que Rodríguez Zapatero firmó con empresarios y sindicatos en febrero del año pasado, se reconoce que existe un exceso de cotización que debe ajustarse. En concreto, el texto pactado explicaba que «su cuantía debe ajustarse a los costes de las prestaciones y de su gestión». Y para ello, el texto planteaba que durante un periodo de cinco años se procedería a una evaluación anual de los costes de las prestaciones, así como de los costes de gestión para propiciar un ajuste de las cotizaciones.
Ahora, sin embargo, los empresarios parecen haber renunciado a esta pretensión a cambio de otra, su mayor control sobre el absentismo laboral y la gestión de las mutuas.
Para las cuentas de la Seguridad Social poder utilizar los 6.000 millones de euros de excedente de las mutuas sería un importante salvavidas.
El Gobierno, en su escenario macroeconómico, prevé que la Seguridad Social tenga equilibrio el próximo ejercicio, frente a los ligeros números rojos con los que cerró este año. Esa es una tarea prácticamente imposible si no se recurre a ingresos extraordinarios. En un escenario de destrucción de empleo como el actual, que supondrá una caída de los ingresos del sistema, y en el que, además, se han subido las pensiones públicas, no hay nada que apunte a una mejora de las cuentas respecto al ejercicio 2011. Y el año pasado, por primera vez desde el año 1999, la Seguridad Social cerró en números rojos, lo que obligó al Gobierno a recurrir a remanentes de tesorería para pagar las pensiones.
Fondos a cambio de más poder
Bajas… y también altas
Los procesos de incapacidad temporal que controlan las mutuas de accidentes fueron el año pasado de una media de 35,69 días, casi trece menos que los gestionados por la Seguridad Social, en los que las bajas duraron una media de 48,07 días. Las mutuas quieren además dar las altas.
Esquivar el uso del fondo de reserva
Poder utilizar los 6.000 millones de euros que acumulan de excedente las mutuas por la gestión del fondo de prevención y rehabilitación sería un alivio para la Seguridad Social. En un escenario de déficit, permitiría hacer frente al pago de pensiones y no tener que recurrir al fondo de reserva.
Jaque al absentismo laboral
Cada día faltan a su empleo más de un millón de trabajadores en nuestro país y no todos lo hacen de forma regular. Las mutuas calculan que entre el 7% y el 13% (70.000 y 130.000 personas) lo hacen sin justificación, de forma ilegal, con un coste equivalente al 6% del PIB.
Un ajuste coyuntural
Las reservas de las mutuas que estudia utilizar el Gobierno habían sido el reclamo de la CEOE para pedir una rebaja de las cuotas. Las empresas aceptan este «desvío» de fondos de forma extraordinaria para lograr el equilibrio que prevé el Ejecutivo el próximo año.

De esta forma, Mutualia se convierte en la primera mutua que logra este reconocimiento que premia a aquellas entidades que "destacan de forma relevante y especialmente significativa en la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores, en los términos previstos en la legislación".
Mutualia desarrolla políticas de igualdad desde la publicación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En la actualidad, la mutua está inmersa en la elaboración de su tercer Plan de Igualdad, que estará vigente hasta el año 2014.
Este tercer plan supondrá la continuación y consolidación de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres establecidas en el primer Plan de Igualdad aprobado en el año 2008 y en el segundo Plan, vigente entre los años 2009 y 2011.
Las políticas de igualdad recogidas en estos planes están consensuadas entre la Dirección y la Representación Sindical. Estos planes cuentan con el refrendo de todos los sindicatos con representación en Mutualia, destacando que en la elaboración tanto de los sucesivos diagnósticos, como de los planes de igualdad, la Comisión para la Igualdad de Mutualia ha seguido la metodología de trabajo y el procedimiento para el desarrollo de Planes/Medidas de igualdad, elaborados por la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO.