El Consejo de Ministros a propuesta del titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha acordado autorizar a la Tesorería General de la Seguridad Social para que invierta el Fondo de Prevención y Rehabilitación en activos financieros emitidos por personas jurídicas públicas hasta un límite del 90% del importe del citado fondo.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 estableció la posibilidad de invertir el Fondo de Prevención y Rehabilitación, constituido con excedentes de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, con el objetivo de obtener, hasta su uso definitivo, una mayor rentabilidad de los fondos depositados en la cuenta del Fondo de Prevención y Rehabilitación abierta en el Banco de España, para que redunde en una gestión más eficiente de los recursos de la Seguridad Social, evidentemente con un carácter de decisión y no de obligación sujeta a la situación financiera del Sistema y del comportamiento de los mercados financieros.

Actualmente, los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de Prevención y Rehabilitación se acogen en términos de remuneraciones y gastos al Convenio suscrito entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Banco de España, que establece que “el interés nominal a aplicar será igual al tipo Eonia día a día menos siete puntos básicos, aplicado a los saldos existentes al cierre de cada día”.

El Eonia, a fecha 30 de junio de 2010, produce unos intereses del 0,472%, mientras que la deuda pública española a 1 año produce un rendimiento del 2,3%; a tres años, del 3,401%, y a cinco años, del 3,752%. La decisión de materializar transitoriamente el Fondo en activos financieros permitiría obtener una retribución mayor que la que se obtiene por la remuneración del saldo de la cuenta.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quiere que el decreto ley con la reforma laboral contemple la rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social a partir de 2012 para, paulatinamente, llegar en 2015 a un recorte de cinco puntos, una reivindicación histórica de la patronal.
Durante una entrevista concedida a la Agencia Efe, Díaz Ferrán señaló que para 2010 y 2011 los empresarios han renunciado a pedir rebajas en sus cotizaciones por el duro ajuste que, "desde fuera", se le ha impuesto a España, pero dicha rebaja debe quedar comprometida a partir de 2012.
"Hemos querido ser solidarios y colaboradores en ese sentido", subrayó el presidente de la patronal, pero recordó que las empresas españolas pagan 5 puntos más que la media europea y recuperar esos cinco puntos "irá a favor de la creación de empleo".
La CEOE, además, ha presentado propuestas en materia de contratación, despidos, negociación colectiva o absentismo laboral y, a pesar de que reconoce la dificultad de llegar a pactos, mantiene la "esperanza" de que los grupos parlamentarios tengan "altura de miras" y "se den cuenta de lo que necesita España".
Al respecto, manifestó que todas las reformas laborales que se han hecho en otros países europeos han sido "exitosas" y su tasa de paro es inferior a la española a pesar de la crisis.
Sin embargo, España se caracteriza por tener "el doble de paro que la media europea, tanto en tiempos de bonanza como en crisis", añadió.
Afirmó que con el presente decreto ley "no ha habido perdedores" entre empresarios y sindicatos, pero que sí ha habido unos "perdedores claros, que son los cinco millones de trabajadores que están parados" porque han perdido la posibilidad de poder tener un empleo lo antes posible.
Según Díaz Ferrán, los empresarios no saben cómo será la reforma y esperan a su aprobación antes de contratar.
"Sólo gracias a la temporada turística se crearán empleos", subrayó, "porque si no, habría una paralización absoluta de puestos de trabajo".
Por ello, el presidente de la patronal ve "acertado" que el Gobierno, que es "consciente" de esta situación, haga un trámite parlamentario de urgencia y diga que "nadie se va de vacaciones hasta que se apruebe".
Sobre las "carencias" que, en su opinión, tiene el decreto, reiteró que no ha generalizado adecuadamente el contrato de fomento del empleo, no clarifica las causas del despido, ni "toca" el absentismo inadecuado.
Además "sindicaliza" mucho la pequeña empresa y no profundiza en el desempleo juvenil, ni en el contrato a tiempo parcial, penaliza el contrato temporal y pone límite temporal al contrato de obra, lo que "creará conflictos laborales complicados".
En cuanto al contrato de formación, la CEOE cree que debe ampliarse hasta los 30 años, frente los 21 actuales o los 24 que contempla el decreto, porque hay muchos jóvenes que dejan sus estudios, han cumplido 25 y 26 años y todavía no han tenido un contrato adecuado.
Por ello, pidió que a estos colectivos no se les "cierre la oportunidad de tener un contrato de formación de dos años".
Con respecto a la reforma de las pensiones, Díaz Ferrán eludió ahondar en determinadas cuestiones, como la financiación del sistema de la Seguridad Social, porque consideró "prematuro y temerario" opinar sobre aspectos en los que debe pronunciarse antes la comisión del Pacto de Toledo.
No obstante, subrayó que en España hay una caja única y que determinadas partidas que se pagan desde la Seguridad Social deberían ir a los Presupuestos Generales del Estado.
También se mostró partidario de aumentar la edad de jubilación y de que "la correspondencia entre lo que se percibe por la pensión esté más ligado a los años de prestación".
Ello unido a un "trato fiscal muy favorable" que "anime" a los trabajadores a que contraten pensiones privadas.

Sobre la gestión de la Seguridad Social, consideró que "deja mucho que desear", al tiempo que reiteró el ofrecimiento de la CEOE para externalizar la gestión de todos los servicios públicos.

El Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) ha adjudicado a una UTE formada por las empresas Software AG e Indra Sistemas el concurso para la contratación de los servicios informáticos para el mantenimiento y desarrollo del aplicativo Atrium (Aplicativo de Trabajo Informatizado de las Unidades Médicas).

Con una duración de 24 meses, el contrato tiene un importe total de adjudicación de 6,02 millones de euros frente a los 6,3 millones del presupuesto base de licitación.

Entre otras funcionalidades, el sistema Atrium del INSS permite a las mutuas la comunicación automatizada a los evaluadores del INSS de los informes de los pacientes para proceder a su valoración por parte de los técnicos. De esta forma, las mutuas pueden comunicar al INSS los procesos de incapacidad en curso con el objetivo de agilizar su resolución.

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Un borrador de real decreto en el que se "establecen los criterios básicos" para "desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención" ha causado gran inquietud entre los especialistas en medicina del trabajo. El texto suaviza los requisitos que deben tener los servicios médicos en los centros de trabajo, o los de las mutuas que dan asistencia externa. Si ahora es obligatorio que haya un médico por cada 1.000 trabajadores, el decreto establece que será a partir de 2.000. Además, abre la puerta a que, a partir de esa cifra, las siguientes plazas no las ocupen médicos del trabajo, sino "personal sanitario".

El presidente de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, Antonio Iniesta, cree que, a corto plazo, con la "liberalización" implícita al anteproyecto se va a crear una guerra de precios a la baja que va a echar a los profesionales al sector público, y va a propiciar que se contraten médicos no especializados. Y lo mismo pasa con el personal de enfermería. "Los médicos buenos se irán", vaticina.

"Y a los que no se vayan, los echarán, porque habrá menos trabajo para ellos. Al pasar de 1.000 a 2.000 empleados, se puede perder fácilmente un 50% de puestos de trabajo", afirma.

Requisitos dispares

Los servicios de prevención están compuestos por personal de distinta procedencia (médicos y enfermeros, pero también expertos en seguridad, ergonomía e higiene industrial). Y su regulación se hace en cada comunidad. De manera que los requisitos y los cometidos no son iguales.

Otro aspecto que cree que se debería haber introducido en el decreto es la creación de una historia clínica laboral única. Según explica Iniesta, un trabajador de un sector con mucha movilidad, como puede ser la construcción, que puede tener al año cinco contratos, puede encontrarse con que su expediente esté repartido entre cinco mutuas. Y ello por no hablar de que tampoco está coordinado con el del sistema nacional de salud.

"Un real decreto tiene la ventaja de que puede establecer pautas comunes, y eso se pierde" si se deja que se fijen en otros niveles, dice Iniesta. Por eso su conclusión del texto es que, aparte de sus carencias y los cambios que supone frente a la regulación anterior, es "una ocasión perdida".