El modelo mutual español, que atiende los daños del trabajo, es único en su género: gestión de dinero y prestaciones públicas por intereses privados; competencia para asociar empresas, aun cuando se ofrecen prestaciones y servicios homologados; gobierno de los empresarios sin participación de los trabajadores; asunción de otras prestaciones del sistema de bienestar de Seguridad Social ajenas a la salud laboral.

¿Es útil para el siglo XXI este modelo mutualista ideado el siglo pasado?, en aquel tiempo no existía la Seguridad Social como hoy la conocemos, se intentaba repercutir objetivamente en los empleadores la responsabilidad por los daños ocasionados en el trabajo y no se consideraba otra dirección que la patronal. Hoy ya tenemos un sistema público de Seguridad Social y un Sistema Nacional de Salud financiados en gran parte por impuestos. Existen sindicatos libres y representativos en el Estado social de derecho, donde se reconoce su participación en todo lo que tiene que ver con la protección social y ello refrendado constitucionalmente.

Pero las mutuas funcionan como si nada hubiera cambiado. Se refuerza el papel de los empresarios en la gestión “privada” de recursos públicos, dando escasa o nula participación a quienes son los destinatarios de sus prestaciones y que contribuyen con su salario diferido a la provisión de las cuotas de Seguridad Social.

Las mutuas actúan ante estados de necesidad de personas que temporal o definitivamente se ven privadas de su salud y los ingresos fruto del trabajo. Por tanto es un tema suficientemente sensible como para que no lo gestionen intereses privados y de parte –empresarial– exclusivamente. De ahí que una de las mayores controversias surge en la implicación de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Desde 1995, intentando reducir el gasto de esta prestación, se permitió a las mutuas la asunción de funciones en la gestión y el control de la incapacidad temporal por causa no laboral para trabajadores por cuenta ajena, siempre que optase por ello el empleador, aunque preceptivamente debiese solicitar informe no vinculante de la representación de los trabajadores. El tiempo ha demostrado que no se han producido los supuestos ahorros y mejoras de gestión por las mutuas; por el contrario, a las mutuas se les ha permitido desarrollar actuaciones que han invadido o lesionado derechos transcendentales para la intimidad de los trabajadores, y que chocan con la competencia de los médicos del sistema público de salud. La denuncia de esta casuística ha sido ampliamente denunciada por Comisiones Obreras, al tiempo que hemos exigido que se le retirara a las mutuas esta competencia, de la que se ocupa la Seguridad Social y el sistema público de salud.

Algunas preocupaciones del presente

Asistimos a una fuerte ofensiva empresarial que solicita una rebaja de cuotas por contingencia profesional, bajo el argumento falaz de la existencia de un excedente económico en la gestión de esta contingencia. Proponemos que mientras no se responda a la totalidad de los daños que sufren los trabajadores, como las enfermedades profesionales, no es procedente ningún debate sobre reducción de cuotas. No se pueden mermar recursos sin que se haya dotado de calidad a la función social de la atención y prestación económica tras el daño derivado del trabajo.

Obviamente, la participación de los representantes de los trabajadores en las mutuas, en un modelo de gestión participado y democrático, en el que debería estar la Administración de Seguridad Social con intervención previa a la toma de decisiones, es una necesidad perentoria del diálogo social. Pero esa presencia sindical en los órganos de dirección de las mutuas no tiene otro sentido ni finalidad que la de ser útil para mejorar el funcionamiento general de las mutuas, sus servicios y prestaciones, asegurar que no quedan daños de origen laboral sin cubrir y que los recursos económicos se gestionan de manera eficaz y transparente. Si es para legitimar de manera acrítica lo que vienen haciendo hasta ahora, que no se cuente con nosotros. Las enfermedades profesionales no se reconocen, ni atienden ni registran; no es creíble el número de las mismas registrado oficialmente; de lo que se deduce que sus costes se están derivando al sistema público de salud y a las prestaciones generales de la Seguridad Social.

La codecisión preceptiva y vinculante en el seno de las empresas para la elección de la mutua que ha de prestar el servicio y la evaluación coparticipada del mismo son un paso imprescindible para que las mutuas esmeren la calidad del servicio que prestan en un mercado competitivo por la captación de empresas asociadas. Siendo partidarios, como somos, de limitar al máximo el cambio de mutua si no es por razones justificadas y por acuerdo entre empresarios y traba jadores. La competencia entre mutuas no tiene sentido en cuanto que son entidades colaboradoras de la Seguridad Social y, al igual que las distintas delegaciones de ésta no compiten entre ellas por captar afiliados, no deberían hacerlo tampoco las mutuas.

Igualmente consideramos conveniente que en todas las entidades colaboradoras se cree la figura del defensor del usuario que, como intermediario, sea capaz de defender a la parte más débil del sistema, con criterios de justicia y equidad. La figura se ha de acompañar necesariamente por la carta de derechos y deberes de los usuarios de las mutuas, elaborada con la participación y el consenso de los implicados.

Mención aparte merecen las actividades de prevención de riesgos laborales que han ido siendo abandonadas por las mutuas debido a la presión de los servicios de prevención ajenos y a la política seguida desde la Seguridad Social, que de manera paradójica les impide hacer las actividades que tienen sentido y plena justificación y les adjudica otras (desempleo de los autónomos) que nada tienen que ver con sus competencias, capacidades ni sentido de ser. Cierto es que no se puede defender un modelo en el que se usen los fondos públicos para beneficiar la fidelización de grandes empresas, utilizando la prevención como prebenda; no obstante, la función colaboradora de las mutuas exige poner en relación los conocimientos de la función reparadora con los de la prevención, cierre obligado de un círculo (prevención evita reparación). Hay opciones y formas de hacerlo sin incurrir en malas praxis ni competencia desleal con las empresas de servicios de prevención. Así, facilitando el asesoramiento para microempresas, sin que el mismo sustituya las obligaciones y responsabilidades legales del empresario derivadas de la actividad preventiva, incluida la modalidad de prevención por la que éste opte. De este modo se pueden impulsar campañas de carácter general, investigaciones específicas, estudios epidemiológicos de área geográfica o sector y/o en sectores con altos índices de siniestralidad. Toda inversión en prevención repercute indudablemente en la mejora de las condiciones de trabajo y en la disminución de los costes asociados a los daños en la salud y no se pueden desaprovechar los bagajes de años de prácticas preventivas, la cercanía y conocimiento de las empresas y la red de centros y personal capacitado que sería muy útil para seguir impulsando la prevención en las empresas que hoy más la necesitan.

Esta previsión amplía un poco más los plazos que han venido planteando las partes, especialmente los sindicatos, para alcanzar un acuerdo y que apuntaban a la primera semana de mayo, como muy tarde.

Lejos queda el plazo del 19 de marzo que marcaba la reforma laboral y, mientras el Gobierno sigue atentamente el proceso y no descarta legislar unilateralmente si empresarios y sindicatos no se ponen de acuerdo, las mismas fuentes aseguraron que todo "se va a encarrilando", pero que poner negro sobre blanco estos avances "es más difícil".

Al término de la pasada semana, patronal y sindicatos contaban con dejar "perfilado" el acuerdo antes de Semana Santa, de ahí su intención de poner las principales conclusiones por escrito. Según indicaron fuentes de la negociación, la incógnita de si finalmente se cerrará o no este pacto, debería quedar despejada entre el lunes y el martes de esta semana, días 25 y 26 de abril.

A estas alturas de la negociaciones, las posturas sobre la ultraactividad de los convenios se han desbloqueado mucho, aunque se mantienen las diferencias sobre la flexibilidad interna en las empresas.

EL ABSENTISMO Y LAS MUTUAS COMPLICAN EL ACUERDO.

Los otros dos escollos son los nuevos ‘ingredientes’ introducidos en la conversaciones a petición de los empresarios, pese a que no pertenecen estrictamente al ámbito de la negociación colectiva: el absentismo y la reforma de las mutuas.

Los empresarios aseguran que 1,5 millones de trabajadores faltan injustificadamente a su trabajo cada día, motivo por el que creen urgente aprobar una nueva ley para regular las mutuas de trabajo de accidentes y enfermedades profesionales que ponga el acento en su carácter privado.

Los sindicatos, que reclaman estudiar estas cuestiones en el ámbito tripartito, creen que las cifras que aportan los empresarios son exageradas y, aunque coinciden en la necesidad de reformar legalmente las mutuas, apuestan por no desvincularlas de la Seguridad Social y, al contrario, estrechar la colaboración entre ambas instancias.

El día 15 de abril de 2011 Mutua MAZ firmó un acuerdo de cooperación con la Asociación de Autónomos del Campo de Borja para desarrollar acciones de formación, concienciación y asistencia técnica en Prevención de Riesgos Laborales en todas las empresas y trabajadores autónomos de la Asociación.
Estas medidas les permitirán acceder al conocimiento de conceptos preventivos que les facilite desarrollar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad, así como a cumplir con las funciones asignadas legalmente a este colectivo por parte de las Administraciones Públicas.

Este tipo de convenios contempla la posibilidad de que el Departamento de Prevención de MAZ asesore en materia de Prevención de Riesgos Laborales e implemente acciones formativas e informativas dirigidas específicamente, en este caso, a los distintos colectivos y sectores de la asociación.

El acto se desarrolló en el edificio histórico de la Mutua, sito en C/ Sancho y Gil 2-4 de Zaragoza, procediendo a su firma por parte de MAZ, D. Luis Roldán Alegre como Director Gerente y por parte de la Asociación de Autónomos del Campo de Borja, D. J. Fermín Royo Lafuente como Presidente. Asistieron también al acto el Director Territorial de Aragón, D. Fernando Delgado de Velasco, el Director del Departamento de Prevención, D. Roberto Ortiz de Landázuri, ambos de MAZ y Dña. Ángeles Pelegay de la Asociación de Comerciantes y Servicios del ACTUR.

Como ponentes, contaron con la presencia de multitud de profesionales venidos de distintos países: Alemania, Líbano, Siria, India, Emiratos Árabes Unidos y también de España. La Dra. Mª Pilar Barco Marcellán, médico adjunto del servicio de Traumatología de MAZ, expuso ante los asistentes su ponencia sobre "Lesiones del Ligamento Escafo-Lunar" y participó en la Mesa Redonda sobre “Fracturas Articulares de Radio Distal” como moderadora. Así mismo, participó en la clase práctica temática sobre la revisión de un caso de “Mano Catastrófica y Tratamiento de Secuelas”, la cual obtuvo muy buena aceptación por parte de los asistentes debido al interés que suscitan las lesiones ligamentarias de muñeca y los tratamientos actuales de las mismas.
En palabras de la Dra. Barco “fue una experiencia interesante tanto por el atractivo que suscitó el tema como por la posibilidad de aportar los últimos conocimientos adquiridos en el XXV Curso de Microcirugía y Cirugía de la Mano de MAZ realizado la semana anterior en Zaragoza”.

Nuevo revés para el diálogo social. Las dificultades para que empresarios y sindicatos alcancen un acuerdo sobre la reforma de la negociación colectiva son cada vez mayores. Y el Gobierno, lejos de allanar el camino, dificulta la consecución del mismo. O al menos eso es lo que piensan los empresarios.

El último episodio en la lista de desencuentros ha sido a causa del nuevo reglamento de las mutuas que el Gobierno ha elaborado y enviado a los agentes sociales y que, según la patronal del sector, AMAT, supone una aumento de la injerencia de la Administración sobre la actividad de ests asociaciones empresariales.

Y además, supone un revés para las aspiraciones de la patronal. El flamante presidente de la CEOE, Juan Rosell, había exigido mayor control de estas asociaciones como compensación para llegar a un acuerdo en la reforma de la negociación colectiva. Una propuesta además que tenía el visto bueno del Ministerio y de los sindicatos, a los que, como contrapartida se les daría más peso en la gestión de las mutuas de accidentes.

De ahí que Rosell ha enviado una dura misiva al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicando su descontento por este proyecto normativo, así como la inoportunidad del momento en el que se presenta, en pleno proceso de negociación.

La legislación actual de las mutuas, que data de 1997, define a éstas como asociaciones de empresarios cuyo principal objeto es colaborar en la gestión de la Seguridad Social. Y esta colaboración comprende fundamentalmente dos tipos de actividades, la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal que se deriva de contingencias comunes. Las mutuas están autorizadas por el Ministerio de Trabajo y sometidas a su vigilancia y tutela.

Ahora lo que se pretende es aumentar mucho más ese control del Ministerio, exigiendo más autorizaciones para realizar muchas de sus funciones, lo que, según AMAT aumentará la burocracia. Pero al menos, de momento, no se toca el excedente del fondo de prevención y rehabilitación —que supera los 5.000 millones— con el que la CEOE pretende lograr un recorte de las cotizaciones de los empresarios por contingencias profesionales.

Pero si el decreto de mutuas es polémico y supone un importante obstáculo al logro de un acuerdo, las prioridades de la CEOE para la reforma de la negociación colectiva añaden todavía más dificultad. La intención de la patronal de poner en marcha un nuevo plan de empleo juvenil amenaza con torpedear el diálogo con los sindicatos .

En un documento aprobado por la junta directiva el pasado miércoles sobre «Prioridades para la reforma de la negociación colectiva», la organización empresarial plantea, para hacer frente al alto paro juvenil y el alto fracaso escolar, un contrato ágil en la entrada y salida del mercado de trabajo. Los requisitos de este contrato incluirían tres años de duración, estaría dirigido a jóvenes de hasta 35 años, con un sueldo que partiría del salario mínimo y que se iría acomodando «gradualmente, a las condiciones del convenio».

Libertad de resolución
Pero el punto más polémico de la nueva regulación que reclama la CEOE sería lo que la patronal denomina que «exista cierta libertad de resolución», que en la práctica, según fuentes consultadas, supondría no necesitar causas para poder despedir a los contratados con esta fórmula.

También plantea la patronal fomentar el uso del contrato a tiempo parcial como alternativa a la contratación temporal. Para ello propone flexibilizarlo de manera que se adapte a las necesidades de empresas y trabajadores. Argumenta la CEOE que la rigidez de este contrato se debe a la distribución de las horas de trabajo y pide que se pueda pactar un reparto irregular de estas horas.

En el ámbito de la ultraactividad de los convenios, la CEOE apunta que los convenios deben estar vigentes hasta que finaliza su ámbito temporal, pero a partir de ahí se debe fijar un plazo máximo de extensión de la vigencia. Recuerda, que en los ordenamientos laborales de nuestro entorno, este límite se mueve entre los seis y los doce meses. Y si transcurrido a ese plazo sigue sin haber acuerdo, la organización empresarial cree que se debería aplicar un convenio de ámbito superior, y si no existe, directivamente el convenio de la empresa dejaría de ser de aplicación.

Respecto a los descuelgues, la patronal cree que cuando no hay acuerdo entre la empresas y los trabajadores, se debe recurrir a procedimientos de mediación y arbitraje. Pero en ausencia de estos procedimientos, quiere que los convenios prevean que el empresario pueda llevar a cabo un descuelgue salarial, informando a los representantes de los trabajadores, sin perjuicio del control judicial.