Bajas laborales más largas, más numerosas y que afectan a más trabajadores. En esos tres conceptos se resume el elevado absentismo que se registra entre los 67.000 empleados del Gobierno Vasco y de los organismos que dependen de él: una tasa del 5,15%, descontadas ya las ausencias por riesgo en el embarazo, maternidad y paternidad. La media nacional es del 3,24%. Las enfermedades que están en el origen de esa incapacidad temporal duran un 62,5% más que en el conjunto de Euskadi: 71,5 días frente a 44, pese a que no se incluye Osakidetza, con niveles todavía más elevados. En el caso del Servicio Vasco de Salud concurre la justificación de que se trata de plantillas en contacto directo con enfermos.
El viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, explica esta situación por la «impunidad» que, a su juicio, ha existido hasta ahora en ese terreno. Para hacerle frente, el Ejecutivo, en el marco de un plan global para ahorrar 100 millones de euros el próximo año, ha decidido centrar sus actuaciones en lo que denomina «núcleo duro del problema»: un colectivo de trabajadores que sitúa en torno a los 14.500 -menos de una quinta parte del total- y que son «hiperfrecuentadores»; es decir, han cogido 33.200 bajas, a razón de dos o más por periodos inferiores a 20 días en un plazo de tres meses.
El problema es de tal dimensión que tiene relevancia económica, máxime en tiempos de crisis. Según datos oficiales, más de 450.000 jornadas laborales se pierden al año por baja de enfermedad en el Gobierno vasco. Una cifra que representa el 9% de los días que se dejan de trabajar en Euskadi, cuando los empleados que dependen de la Administración autonómica suponen poco más del 7% de la población ocupada.
Plan de actuación

Estas cifras son solo una pequeña muestra del reto al que se enfrentan los responsables de personal del Gabinete de Patxi López, que se han propuesto afrontarlo por medio de la aplicación de un minucioso programa de actuación. Su principal medida fue anunciada el pasado miércoles: consiste en suspender los complementos salariales que cobran los trabajadores de baja, y que en los diez primeros meses de este año sumaron casi 44 millones de euros.
En un momento de fortísimos recortes presupuestarios, cuando el Parlamento vasco ha avalado notables rebajas de la cuantía de las prestaciones sociales y corren peligro muchos servicios por falta de fondos, desde el Ejecutivo se ha apostado por reducir los costes generados por el elevado absentismo en este sector, que se producen por triplicado. Por un lado, los complementos que debe pagar a los trabajadores que están de baja, ya que completa el salario hasta el 100%; por otro, los gastos añadidos que genera la sustitución de los empleados ausentes -por ejemplo, la cotización a la Seguridad Social-, y finalmente los costes administrativos y de gestión que supone todo este proceso. La información facilitada esta semana por el viceconsejero revela que las bajas en la Administración han sido algo más de 48.000 entre enero y octubre.
Según Juan Carlos Ramos, impulsor del plan de control del absentismo, que empieza a alcanzar ahora su velocidad de crucero, «no se puede pasar por alto este sistema de impunidad». Así lo declaró a este diario hace un año, cuando lanzó la alerta sobre la situación. En sectores de trabajos «penosos pueden tener algún sentido» maniobras de las personas para coger o alargar la baja laboral, pero «nuestras condiciones de trabajo son razonablemente buenas para que estas actuaciones tengan que producirse».
De ahí que capitanee desde que llegó al cargo, procedente de la empresa privada Sidenor, una campaña para la normalización de esta faceta laboral, en la que quiere implicar a las centrales sindicales, a los trabajadores y a toda la sociedad.
Un programa de este calibre abarca actuaciones que van desde una definición común sobre lo que es una baja laboral y el absentismo, a la inversión en programas informáticos para gestionar con rapidez la información, pasando por la colaboración con las instituciones, entre otros muchos extremos.
Intercambio de información

Así, Función Pública ha firmado un acuerdo con la patronal Confebask para el intercambio de información, conocimientos y técnicas con el objetivo de conseguir «fórmulas eficaces» para reducir el absentismo; va a proceder a la homogeneización de los criterios de cumplimiento de horarios, permisos y presencias en el puesto de trabajo; pondrá en valor los servicios médicos de empresa para que verifiquen el estado del trabajador de baja mediante un reconocimiento…
La campaña incluye también una serie de medidas coercitivas. La más importante de todas es la retirada de los complementos salariales citados, que en principio el Ejecutivo quiere negociar con los sindicatos y con los que quiere explorar la posibilidad de destinar los ahorros conseguidos por esta vía a incentivos de otro tipo. Además, pretende seguir de cerca los casos particulares, con estudio de las características del puesto de trabajo y otros condicionantes, como factores personales problemáticos, entre otras actuaciones.
Asimismo, ya está en marcha un convenio entre el departamento de Sanidad y el Instituto Nacional de la Seguridad Social que permite mejorar las comunicaciones entre ambas instituciones -el primero es el responsable de conceder la bajas y el segundo, de pagarlas- y que facilitará la transmisión informática de los partes de baja y alta por vía telemática.

El absentismo laboral empieza a ser un problema cuando los datos de un centro de trabajo discrepan demasiado a los de otro de las mismas características laborales y geográficas. O existe un problema médico o las bajas continuadas empiezan a convertirse en una manera de prolongar el ocio. Con esas premisas, el Gobierno vasco tiene un problema de tiempo y de coste.

Aunque nadie duda de que la gran mayoría de los trabajadores que cogen bajas lo hacen de forma justificada, los estudiosos del absentismo en el sector público creen que un porcentaje de los dos puntos de diferencia en contra de los funcionarios vascos, -5,15% frente a 3,24% de la media del resto de España sólo por enfermedades comunes-, se pueden atribuir a condiciones de trabajo como la seguridad de tener un trabajo para siempre, la falta de competencia y el hecho de cobrar pase lo que pase, el 100% del salario.

En la administración pública vasca hay 3.448 funcionarios de baja cada día, de los 66.769 totales, y esa elevada cifra hace que Euskadi esté a la cabeza del coste por enfermedad común (incapacidad temporal IT) de toda España, 45.27 euros por trabajador y mes.

Según un informe interno al que ha tenido acceso EL PAÍS, la ausencia diaria de su puesto de trabajo de una media de casi 3.500 trabajadores del Gobierno vasco, ha provocado hasta junio una pérdida de cinco millones largos -5.038.155- de jornadas laborales.

"Está claro que hay bolsas de fraude, como las hay en el pago de tributos o en el cobro de las prestaciones sociales", aseguran fuentes sindicales, "pero se trata de una minoría que hay que perseguir para que no perjudique a todos los demás".

Los sindicatos y el Gobierno se sentaron por vez primera este año en la Mesa de La Función Pública para iniciar la negociación del convenio colectivo para 2012. El Ejecutivo ofreció un pacto de estabilidad en el empleo para los más de 6.000 interinos, a cambio de recortes de los funcionarios por unos 100 millones de euros. Una de las principales partidas para reducir gastos es la de los complementos por IT, y el control del absentismo.

Losa funcionarios vascos cobran el 100% de sus salarios estén el tiempo que estén de baja. El Gobierno -como también hacen algunas empresas- se lo complementa y ahora quiere limitarse a lo que paga la Seguridad Social, que se hace cargo de entre el 65% y el 75% del salario a partir del cuarto día de baja. Del primero al tercer día no paga nada.

El Ejecutivo cifró a principios de semana el coste pagado en complementos -hasta octubre- en 43,8 millones de euros, pero es que cada punto de absentismo genera un coste de aproximadamente 22 millones al año en los gastos asociados a las sustituciones y a la gestión de las mismas, además de en complementos y rotaciones.

El viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, aseguró ayer que con el objetivo de reducir el absentismo "no se trata de criminalizar a los trabajadores que cogen bajas por enfermedad, ni mucho menos, lo que vamos a hacer es luchar contra las conductas reiterativas".

Los estudiosos del absentismo denominan a quienes abusan de las bajas como "hiperfrecuentadores". Una categoría en la que engloban mayoritariamente a quienes abusan de ese mecanismo, aunque aceptan que un pequeño porcentaje tengan razones reales para cogerlas, a causa de patologías con recaídas.

En Euskadi, hasta junio de este año había 14.509 "hiperfrecuentadores", es decir, funcionarios que habían cogido dos o más bajas de menos de 20 días en un periodo de tres meses. Solo esos 14.509 han protagonizado 33.200 bajas hasta mitad de año. Hasta septiembre se habían registrado 15.118 bajas de 4 a 15 días y 13.346 de 113 días.

En Euskadi, quizás más que en otros sitios se puede visualizar la descoordinación pasada entre el sistema sanitario, que da las bajas, y la Administración, que las paga, y los efectos de esa descoordinación también están generando sobrecostes, además de perjudicar la salud de los enfermos.

El hecho es que también en el aspecto de duración de las bajas, los trabajadores públicos del Gobierno ganan a los del resto de Euskadi. Si la media de las bajas en Euskadi es de 44 días, en la administración vasca, sin tener en cuenta Osakidetza, ya asciende a 71,5 días.

Los sindicatos atribuyen parte de ese exceso de duración en muchas de las bajas a la lentitud con que la administración sanitaria cita a los pacientes para practicar determinadas pruebas previas al diagnóstico.

Si la media de absentismo de los funcionarios es del 5,15%, -la cifra ha bajado medio punto desde 2008, pero sigue dos puntos por encima de la media del resto de España- en la Ertzaintza es del 6,69%, en Osakidetza del 6,82%, y en Educación del 4,33%, mientras que por ejemplo en el Ayuntamiento de Bilbao apenas si supera el 3%.

Premios por productividad
El Gobierno y varios sindicatos que conforman la mayoría sindical coinciden en que hay que luchar contra un exagerado absentismo en la administración pública vasca. Difieren en las recetas a aplicar.

El Gobierno está dispuesto incluso a premiar colectiva o individualmente a los empleados públicos por cada punto que se rebaje el absentismo. Sin embargo, los sindicatos no ven con buenos ojos el recorte de los complementos.

De momento, el Gobierno vasco sigue intentando precisar con claridad el absentismo real de todos sus departamentos, es decir, el porcentaje del tiempo que no se trabaja respecto del que sí, incluyendo todas las partidas que inciden en ese concepto.

El Ejecutivo firmó el pasado junio un acuerdo con la patronal Confebask para medir con parámetros homologables el absentismo, no solo en el sector público, sino en todo el sector privado, de manera que se puedan hacer comparaciones fidedignas. "El desarrollo de un concepto unitario del absentismo para los sectores público y privado, y el uso de una herramienta común para su control y seguimiento", cita en un informe Función Pública, permitirá interactuar entre ambos sectores para la divulgación y conocimiento compartido de las buenas prácticas, así como "la ponderación, con los mismos criterios, de los elementos de competitividad y calidad".

Para ello el Ejecutivo está desarrollando una herramienta informática que permita conocer en cada momento su dimensión, sus causas y adoptar medidas para su seguimiento y control, a título particular y general para toda la organización.

Pero además, para corregir la descoordinación con el servicio sanitario se van a poner en valor "los Servicios Médicos de Empresa" como recurso de apoyo a la gestión de los recursos humanos y de seguimiento de la evolución de cada IT a partir de la comunicación desde el Sistema Vasco de Salud, "desde el primer día de la IT y desde las jefaturas de servicios".

Las jornadas tuvieron como objetivo el fomento de la prevención y el conocimiento de aquellos riesgos relacionados con los factores psicosociales y los efectos negativos que se puedan derivar para la salud de los trabajadores, centrándose en la idea de que el trabajo es salud, como fuente de bienestar físico, psíquico y social de las personas. No obstante, también se analizó como fuente de riesgos que pueden poner en peligro la salud, y como objetivo de actuación común para: empresarios, trabajadores y prevencionistas.

Las Jornadas fueron inauguradas por Ilma. Sra. Dª Gemma Zabaleta. Consejera del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Dª Pilar Collantes Ibáñez. Directora General de Osalan, tras lo cual se dio paso a la presentación del Estudio de Investigación de Osalan, sobre “La Organización del trabajo y su impacto en la siniestralidad y la PRL en las empresas vascas”, a continuación se abordó un panel de expertos sobre “La Organización del Trabajo y los Riesgos Psicosociales” con lo que concluyo la primera Jornada.
El día 25, Osalan presentó su unidad de Prevención de Riesgos Psicosociales y Drogodependencias y por último se abordaron “Casos prácticos en la evaluación y control de los riesgos psicosociales”, en donde intervino D. Rafael Ruiz Calatrava, Director de Programas y Proyectos de UMIVALE que presento la Herramienta para la Evaluación de Riesgos Ergonómicos y Psicosociales (HEREP) como eficaz elemento de intervención en este tipo de riesgos y como respuesta eficaz a las necesidades empresariales en la reducción del Absentismo, y D. Josu Rekalde Atela, Director de Calidad y del Servicio de Prevención de CYCASA, que presentó los resultados de la implantación de la metodología HEREP en Cycasa.
Tras lo cual Dª Pilar Collantes Ibáñez dio por finalizadas las Jornadas.

Con la intermediación de Activa Mutua, un total de nueve familias con hijos con cáncer han podido acceder a la nueva prestación económica por cuidado de menores afectados por esta enfermedad. Una ayuda que entró en vigor el pasado 1 de enero de este año. Aparte del cáncer, también están incluidas en este paquete de ayudas otras enfermedades catalogadas de graves a la que las familias también pueden optar como consecuencia de la aprobación el pasado 29 de julio, del Real Decreto 1148/201 del Consejo de Ministros.
Hasta septiembre de este año, Activa Mutua ha percibido un total de 17 solicitudes provenientes de padres trabajadores asegurados por la Entidad, de las cuales, nueve instancias han sido aprobadas.
En el conjunto del Estado, la Seguridad Social, ha aprobado un total de 307 solicitudes de las 381 presentadas. 20 a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el resto, tramitadas desde las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y en donde Activa Mutua ha intermediado en el tres por ciento.
Los requisitos para poder acceder a esta prestación son, entre otras obligaciones, tener un hijo menor de 18 años con cáncer o alguna enfermedad grave de las catalogadas en el Real Decreto 1148/2011; que ambos progenitores trabajen; que sea necesario el cuidado directo, continuo y permanente del enfermo, y cumplir con un necesario periodo de cotización. Únicamente uno de los dos padres podrá optar a la prestación.
La prestación es del 100 por ciento de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias profesionales en proporción a la reducción de la jornada laboral, que debe de ser de al menos el 50 por ciento y será la entidad gestora (el INSS o las mutuas) con la que el trabajador tenga cubierta las contingencias profesionales, quien llevará a cabo el reconocimiento del derecho a recibir esta prestación y la gestión del pago correspondiente.

Despejado el panorama electoral, las comunidades y los ayuntamientos se han puesto manos a la obra para pasar a los hechos e iniciar la ejecución de unos presupuestos restrictivos. En algunos casos, la caída del gasto supera el 10% respecto al ejercicio anterior. En ese tránsito, la gran mayoría ha descubierto que los recortes previstos no serán suficientes y que tendrán que seguir metiendo la tijera para cuadrar las cuentas. Esas son algunas de las fórmulas que se están utilizando:

1. Venta de patrimonio. Las comunidades se han puesto a evaluar el patrimonio del que disponen y a cuál le pueden sacar mayor rentabilidad para sacarlos al mercado. El Gobierno de Asturias va a vender por subasta pública sus sedes en Madrid y Bruselas, con las que prevé ingresar 30 millones de euros. Murcia, por su parte, prevé obtener 151 millones de euros con la venta de 1.520 puntos de amarre en los puertos deportivos de titularidad autonómica, tal y como consta en el último plan de reequilibrio financiero presentado a Hacienda.

2. Renegociación de contratos. Los ayuntamientos y las comunidades se han lanzado a renegociar contratos obsoletos o a crear centrales de compra para tratar de rebajar sus costes. Madrid, por ejemplo, ha conseguido ahorrar 3,5 millones de euros unificando todos los contratos de telefonía de los centros escolares dependientes de la Consejería de Educación. Un informe de la consultora Eneas Sector Público, calcula que si se siguen esas mismas directrices en todas las Administraciones se podría lograr un ahorro global de 11.000 millones de euros, de los que la mitad corresponde a las autonomías.

3. Desinversión en participaciones. En los quince años de crecimiento económico se han disparado las empresas y fundaciones ligadas a las tres Administraciones hasta llegar a las 4.000. Con las arcas vacías, todas las Administraciones han optado por distintas fórmulas para liberarse de ese lastre. Una de las primeras que lo ha hecho ha sido Aragón, que ha reducido un 70% su participación en empresas públicas, mediante la liquidación de algunas o la venta de su participación.

4. .Externalización de servicios. Los ayuntamientos estudian traspasar algunos servicios públicos, como los ligados a la gestión de residuos o a la promoción urbanística. La auditora Russell Bedford calcula que los ayuntamientos se podrían ahorrar en torno a 2.700 millones de euros al año, un 5% del total. Juan Manuel Pérez, portavoz de la firma, asegura que si esos servicios fuera prestados por sociedades mercantiles (públicas como mixtas) se podrían conseguir importantes recortes de gasto. "A través de esas sociedades se pueden hacer deducciones parciales del IVA mientras que los ayuntamientos no las pueden hacer", remarca.

5. Subida de tasas. Cataluña ha sido la comunidad con una mayor subida de tasas, en las que se han incluido incrementos del precio del transporte público, del agua y de las tasas universitarias. Madrid y la Comunidad Valenciana también han incrementado las tasas que gravan el transporte y los estudios universitarios. Los ayuntamientos no se han quedado atrás y han aprobado subidas generalizadas de precios en todos los servicios que prestan, como la recogida de basura o la limpieza.

6. Rebajas salariales. Cataluña comenzará a negociar la semana que viene un nuevo recorte en el salario de los funcionarios. Este ajuste será temporal, solo afectará a las pagas extras y las primeras cifras que se han empezado a barajar hablan de un recorte del 3%, con el que se podría ahorrar cerca de 600 millones de euros al año. Esta medida quedaría sin efecto si finalmente Rajoy decide también bajar el salario de los funcionarios. La segunda comunidad que ha anunciado ajustes en los gastos de personal ha sido el País Vasco, que eliminará, entre otros, los beneficios que reciben los empleados públicos por jubilación voluntaria o por ampliación de la edad de retiro. Asimismo aplicará un plan de control del absentismo (el 5,5% del personal en la Administración vasca), mediante el que solo las personas incapacitadas para trabajar por un accidente laboral podrán cobrar el 100% de la prestación.

7. Recortes sociales. Navarra ha endurecido las medidas para acceder a la renta básica (aquellas que perciben las personas sin ingresos y en riesgo de exclusión social). A partir de ahora pedirá dos años (antes solo pedía uno) para poder acceder a esas ayudas. La Consejería de Madrid ha decidido que no subvencionará el título de transporte a las personas que no residan en Madrid, pese a que hay miles de profesionales de Toledo, Guadalajara y Segovia que se desplazan diariamente a Madrid.

Sanidad: Mas no puede imponer el copago
A la espera de conocer con exactitud cómo se van a aplicar los recortes salariales a los funcionarios y como se va a implantar el copago, el Gobierno de Cataluña va desvelando poco a poco sus planes. El consejero catalán de Salud, Boi Ruiz, insistió ayer en que en ningún caso se pagará más de un euro por receta prescrita y que no se verán afectados los colectivos que por cuestiones económicas no puedan sufragarlos. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, confirmó ayer que Cataluña no tiene competencias para implantar el copago en las recetas. El secretario general de Sanidad en funciones, Alfonso Jiménez, advirtió que la regulación de la prestación farmacéutica, así como la participación de los ciudadanos en el gasto farmacéutico, es legislación básica. "Cataluña no puede imponer el copago, ya que es el Gobierno de España el que tiene competencias". Algo similar ocurrió hace unos meses en Galicia con el catalogo gallego de medicamentos, que redujo el número de fármacos subvencionados y que fue recurrido por el Ejecutivo ante el Constitucional, ya que creía que invadía competencias estatales.

En cuanto a los funcionarios, el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, apostó por limitar en número de días de asuntos propios al año (entre 7 y 11). "Tras una época de bonanza hay que resituarlos al contexto actual de crisis", dijo.

Las cifras
5,5% alcanza el absentismo laboral en la Administración vasca, con 48.135 bajas hasta octubre.

151 millones de euros espera ingresar Murcia con la venta de 1.520 puntos de amarre.

La Sociedad Española de Traumatología Laboral (SETLA) ha elegido Gijón como sede de su congreso nacional 2011. Cita en la que participan más de trescientos profesionales de la medicina, interesados en potenciar el intercambio de experiencias y conocimientos científicos. El presidente de SETLA y también director de organización territorial de la mutua Fremap, José Luis de Gregorio Jabato, intervino ayer en la inauguración de estas jornadas de trabajo multidisciplinar para destacar «su altísimo nivel». Tras el acto institucional habló como médico y como gestor.

-¿Por qué una traumatología específicamente laboral?

-No es lo mismo romperse una tibia esquiando que al caerse de un andamio. Nosotros tratamos personas activas, ni por debajo de 18 años ni por encima de 65. Por tanto, nuestra principal labor es que esa persona vuelva a ocupar su puesto de trabajo lo antes posible o procurar su readaptación laboral en el caso de que ya no pueda desempeñarlo.

-Pero, a efectos médicos, el tratamiento será el mismo.

-Si yo tengo que poner un clavo en esa tibia, lo voy a poner igual, se haya roto practicando deporte o realizando un determinado trabajo. Pero la situación es distinta. Se trata, principalmente, de una diferenciación administrativa y legal.

-¿Se puede engañar a un traumatólogo?

-A veces. No tanto por la lesión como por las circunstancias o el lugar donde se produjo. Un accidente de tráfico puede ocurrir de la que vas al trabajo, durante la jornada laboral o de la que sales hacia casa. El matiz es importante.

-¿Y se hacen trampas, como ocurre en otras especialidades?

-En general, la gente actúa con buena fe y quiere curarse para volver al trabajo. Pero la picaresca existe y en las salas de espera hay mucho «bajista» profesional, que finge para prolongar la baja médica. No es algo nuevo en España.

-¿Incluso ahora que el empleo es un bien escaso?

-Ahora, indudablemente, se tiene más miedo a perder el trabajo. Y se nota. Sobre todo en los accidentes leves. Los trabajadores ya no consultan ni piden bajas por pequeñas cosas, que antes inundaban las clínicas.

-¿Qué lesiones se repiten con mayor frecuencia?

-Nos estamos encontrando con mucha patología de mano por atrapamiento; lesiones de hombro, por ejemplo, entre las camareras de piso de los hoteles. Y hernias de disco y lumbalgias, en los trabajos que requieren grandes esfuerzos.

-¿Y cuáles son los sectores más problemáticos?

-Antes lo era la construcción. Pero, como todos sabemos, la actividad en el sector ha bajado notablemente y los trabajadores que se lesionan en las obras también. A día de hoy, en comunidades como Asturias o el País Vasco, la industria origina los accidentes más graves. En León, es la minería. Y no podemos olvidarnos de la agricultura, que también ocasiona lesiones muy importantes allí donde todavía tiene una presencia considerable.

-¿Qué hacen las mutuas que no puede hacer la Seguridad Social en la gestión de las contingencias laborales?

-La mutua es más práctica, más efectiva, más rápida en la resolución del problema. Una mutua no tarda más de tres o cuatro días en realizar una resonancia y en tres semanas te operan un menisco. En la Seguridad Social, sin embargo, hay que esperar meses. Quizá sea porque los profesionales de la Seguridad Social no tienen la mentalidad de estar gestionando dineros públicos. Yo llevo 12 años trabajando para mutas, pero antes fui traumatólogo de la Seguridad Social durante 19 años. Así que estuve en los dos lados.

-¿Cuánto tiempo puede ahorrarse, de media, en el tratamiento de una lesión?

-Pongamos como ejemplo una lumbalgia. La Seguridad Social, entre pruebas, diagnóstico y tratamiento, puede tardar hasta tres meses. En una mutua la curan en menos de un mes. Las lesiones se tratan con más agilidad y, por tanto, evolucionan mejor, porque el objetivo es que el paciente se incorpore cuanto antes a su trabajo. Existen muchos estudios sobre este asunto.

-También habrá quien piense que esa agilidad responde a intereses empresariales.

-Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que manejan dinero público y en las que los empresarios confían la salud de sus trabajadores. Nuestra idea es curar pronto. Pero, sobre todo, curar bien. No creo que ningún especialista mande al trabajo a alguien que no está para ello y pueda tener secuelas. Por encima de todo, somos médicos y, en cuestiones médicas, las empresas no mandan sobre nosotros. Además, nuestra relación con el resto de agentes sociales -los sindicatos- es buena.

-¿Qué importancia tienen congresos cómo el que están celebrando en Gijón?

-Se potencia el trabajo en equipo. No sólo entre traumatólogos, sino también con el resto del personal sanitario. La Sociedad Española de Traumatología Laboral ha incorporado a médicos asistenciales, fisioterapeutas y enfermeros, precisamente, para abordar el tratamiento de los accidentados entre todos.

-¿El siguiente paso?

-Protocolizar los procesos; establecer protocolos comunes para que todas las mutuas hablen el mismo idioma. Porque una persona no tiene por qué trabajar siempre en la misma empresa ni tratar siempre con la misma mutua. Sin embargo, el tratamiento y seguimiento de su patología, de tenerla, sí debería seguir unas mismas pautas.

Como presidente del comité organizador, el doctor Antonio Maestro ejerció ayer de anfitrión del congreso nacional de SETLA. El jefe de los servicios médicos del Sporting, referente en la especialidad de traumatología mucho más allá de las fronteras del Principado, ha sido nombrado «embajador de Gijón» precisamente por la labor que desarrolla en la promoción de congresos científicos que dan a conocer la ciudad. Arriba, segundo por la izquierda, junto a José Ramón Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología; José Guerra, vicesecretario del Colegio de Médicos de Asturias; Pedro Barbillo, concejal de Participación Ciudadana; Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio; y José Luis de Gregorio, máximo representante de SETLA. Hoy continuarán los talleres y conferencias. Será la segunda y última jornada de trabajo.