Los casos con baja de las empresas mutualistas de Asepeyo en Albacete han descendido un 21,38% en 2010, situando la tasa de incidencia (casos de baja por cada 100 trabajadores) en un 4,51. Este hecho se debe, principalmente, a la aplicación de medidas de seguridad y salud laboral eficientes por parte de las empresas y a la reducción de la actividad empresarial ocasionada por la situación económica actual.

La recaudación total por cuotas durante el ejercicio 2010 ha superado los 13,14 millones de euros, de los cuales 8,44 millones corresponden a las cuotas por accidente de trabajo y 4,7 millones a las de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena. La recaudación del colectivo de trabajadores autónomos ha sido de 1,94 millones de euros. Asepeyo ha cerrado el ejercicio con 15.407 trabajadores afiliados en accidentes de trabajo en Albacete, pertenecientes a 2.662 empresas asociadas, y 4.222 trabajadores autónomos adheridos.

Del pasado ejercicio destaca también la labor realizada por la Comisión de Prestaciones Especiales de la Mutua, órgano de participación que resuelve la concesión de ayudas para los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que ha otorgado un total de 60 ayudas sociales en la provincia por un importe de 165.307,70 euros, un 304,12% más que en el ejercicio anterior.

ÁMBITO AUTONÓMICO

La recaudación total por cuotas durante el ejercicio 2010 ha superado los 64,4 millones de euros, de los cuales 40,9 millones corresponden a las cuotas por accidente de trabajo y 15,5 millones a las de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena. La recaudación del colectivo de trabajadores autónomos ha sido de 8 millones de euros. Asepeyo ha cerrado el ejercicio con 77.007 trabajadores afiliados en accidentes de trabajo en Castilla La Mancha, pertenecientes a 11.993 empresas asociadas, y 16.870 trabajadores autónomos adheridos.

Los casos con baja de las empresas mutualistas de Asepeyo en Castilla-La Mancha han descendido un 9,7% en 2010, situando la tasa de incidencia (casos de baja por cada 100 trabajadores) en un 5,7. Este hecho se debe, principalmente, a la aplicación de medidas de seguridad y salud laboral eficientes por parte de las empresas y a la reducción de la actividad empresarial ocasionada por la situación económica actual.

Del pasado ejercicio destaca también la labor realizada por la Comisión de Prestaciones Especiales de la Mutua, órgano de participación que resuelve la concesión de ayudas para los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que ha otorgado un total de 248 ayudas sociales en la Comunidad por un importe de 512.818 euros, un 41,89% más que en el ejercicio anterior.

La Mutua ha invertido en este periodo más de 409.570 euros en mejorar y ampliar su red asistencial en el territorio, formada por 7 centros asistenciales y 4 oficinas.

El sindicato Comisiones Obreras de Madrid (CC.OO.) ha exigido, tras el accidente de tráfico de esta noche en la M-50, planes concretos en las empresas para abordar la siniestralidad de los accidentes de tráfico laborales, tanto en misión como ‘in itinere’.

El sindicato ha recordado que la muerte de un conductor de un camión en esta vía en un siniestro en el que ha resultado herido grave otro camionero eleva a seis los trabajadores fallecidos en accidente de tráfico laboral en lo que va de año, siendo 26 los que han sufrido accidentes graves.

A estos datos deben sumarse los siniestros producidos en los traslados de casa al trabajo y al revés, los llamados ‘in itinere’, en los que se han producido 16 muertos y 62 heridos graves.

Para el secretario de Salud Laboral de CC.OO. de Madrid, Carmelo Plaza, "es muy importante que intervenga la Inspección de Trabajo en los accidentes de tráfico laborales, junto a la Guardia Civil, para así poder analizar las causas y que se corrijan en las empresas".

Plaza ha recordado que "las condiciones de trabajo, las jornadas interminables y los contratos precarios, entre otros, son elementos que inciden con demasiada frecuencia en estos accidentes".

"El vehículo debe ser considerado como lugar de trabajo, por lo que se debe aplicar toda la normativa laboral para que el mismo, además de reunir las características técnicas y necesarias y superar los controles de la ITV, se pueda utilizar con niveles de seguridad, ruidos, ambiente y temperatura adecuados para la práctica de la conducción", ha añadido.

Merece la pena pagar un poco más a la hucha común durante la vida laboral para asegurarse una cobertura, aunque sea pequeña, si determinadas circunstancias obligan a cerrar el negocio o dejar de prestar el servicio. Bajo esta premisa, el 18,16% de los autónomos de la provincia de Burgos ya están cotizando a la prestación por cese de actividad, conocida como «el paro de los autónomos», que el Ministerio de Trabajo puso en marcha en noviembre del año pasado.
Según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Burgos, y fechados a 31 de julio, el total de trabajadores por cuenta propia que se han sumado a esta nueva cobertura en la provincia alcanza los 5.324 del total de 29.301 personas dadas de alta en el régimen de autónomos. La estadística del Ministerio de Trabajo, en este caso a 20 de abril, reflejaba una media mayor de cotizantes al cese de actividad en el conjunto de España (un 20,5%) y en Castilla y León (un 19,90%).
El porcentaje puede interpretarse desde varias vertientes. La administración estima que todos son bienvenidos, pues se trata de una medida que lleva menos de un año en vigor y que espera ver crecer en los próximos tiempos, cuando en otoño se abra un nuevo plazo de inscripción tras el que venció el 30 de julio. Pero algunas organizaciones de autónomos, expertos y asesores en materia laboral, subrayan que las cifras deberían ser mayores y que las reticencias se deben a las condiciones que impone la Ley.
Para poder percibir la prestación los autónomos deben elevar su cotización un 2,2 por ciento, lo que supone un mínimo cercano a los 19 euros mensuales que puede incrementarse dependiendo de las bases de cada cotizante. Además, tienen que haber cotizado un mínimo de un año, por lo que los primeros perceptores no llegarán hasta el mes de noviembre, cuando se cumpla un año de la entrada en vigor del texto que la regula.
Con todo ello, cuando llegue el momento de cobrar la prestación recibirán el 70% de la base regulador de los 12 últimos meses (la mínima para el año 2011 está establecida en 850 euros). Y deberán cumplir varios requisitos. Por ejemplo, unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un año completo, superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos años consecutivos y completos. En ningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos.
También serán válidos los casos de ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los tribunales que comporten, al menos, el 40% de los ingresos de la actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior.

Violencia o divorcio

Igualmente la declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, por «causas de fuerza mayor», pérdida de la licencia administrativa, violencia de género determinante del cese de la actividad o por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, si el autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge o de la persona de la que se ha separado.
De no cumplir alguno de los requisitos anteriores, la baja de un autónomo se considerará como baja voluntaria de la actividad, y esto le impedirá acceder a la prestación por mucho que haya cotizado. Semejantes exigencias han llevado a algunos asesores a desaconsejar el pago de la prestación.
Quienes se deciden tendrán derecho a 2 meses de protección si han cotizado entre un año y 17 meses, a tres meses si llevan pagando entre 18 y 23 meses, y así sucesivamente hasta llegar a un máximo de 12 meses si han cumplido un periodo de cotización de más de 4 años (en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el máximo es de 24 meses de paro si han cotizado 6 años o más).
En su día, la Federación de Autónomos de Castilla y León (Feacyl) se felicitó por la entrada en vigor de la protección por cese de actividad e insistió en que el colectivo debe entenderlo «como una prestación y no como un subsidio». Al poco de su entrada en vigor la propia Federación firmó un convenio con Ibermutuamur para informar a los empresarios sobre las novedades legales y garantizar que serán las mutuas las que lo gestionen. Dentro de tres meses, cuando los primeros perceptores comiencen a cobrarlo, podremos comprobar si sus resultados son satisfactorios.

Para ello se establecen los supuestos en los que será posible enviar pacientes y el precio que pagará el sistema público sanitario. La orden del Ministerio de Trabajo justifica la medida por las ventajas que supone para la sanidad pública en casos de saturación o de falta de red asistencial y para los centros privados, que sufren una infrautilización. El mayor potencial de colaboración se encuentra en el área de rehabilitación de pacientes de traumatología, una de las especialidades de las mutuas.
La orden ministerial recupera el acuerdo sobre control de absentismo alcanzado entre sindicatos y empresarios en la reciente negociación sobre la reforma de los convenios. Las mutuas podrán participar en los planes de reducción del "absentismo injustificado" y en la búsqueda de alternativas para la reincorporación al trabajo de un empleado de baja.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quiere cerrar la legislatura recomponiendo las turbulentas relaciones con las mutuas de accidentes laborales. Para ello, ha hecho caso de una propuesta presentada por la mayoría del sector que revisa las reglas de juego mediante la introducción de una competencia tutelada. Una de las claves será una reducción de las cotizaciones sociales del 3% para las empresas que permanezcan un mínimo de tres años con una misma mutua.

Sin dejar de ser entidades que dependen de la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo dará un paso para abrir un mercado que ha estado blindado a los cambios de mutua durante años por la aplicación de una moratoria. Una vez reconducidos los casos de prácticas irregulares como los descuentos ilegales para captar o retener a clientes, se ha puesto en marcha la reforma del sector.

Para ello, Trabajo dispone de una batería de medidas de las que solo podrá aprobar las más importantes y de aplicación más inmediata debido al anticipo electoral. El proyecto de reforma del reglamento de las mutuas al que ha tenido acceso este diario señala las líneas rojas que no se pueden pasar: la competencia no puede dar lugar a operaciones de lucro mercantil.

Para las empresas con más de 50 trabajadores, la medida establece la posibilidad de beneficiarse de un 2% de bonificación en las cotizaciones por contingencias profesionales si asumen su gestión directamente en lugar de a través de gestorías. Y si permanecen tres años con la misma mutua recibirán un 1% adicional. En total, un 3% de recorte de esas cotizaciones.

El proyecto de reglamento elaborado por el equipo del director general de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel Díaz Peña, establece una duración mínima de dos años con prórrogas sucesivas por otros dos para los convenios de asociación entre una empresa y una mutua de accidentes de trabajo. La clave de la reforma del sector consiste en que el incentivo del 1% de descuento se pierde si se cambia de mutua. Así se desincentiva la guerra comercial entre entidades.

El nuevo marco parte de una propuesta realizada por la mayoría de las mutuas. Los directivos de algunas de estas entidades consideran la norma "un paso en la buena dirección" ya que permitirá poner fin a una moratoria para el cambio de entidad, vigente hasta enero. Sin embargo, siguen reivindicando la naturaleza privada por la asociación de empresas de la gestión de las mutuas, aunque utilizan fondos públicos.

FACILITAR LA FUSIONES También se abrirá el melón de las fusiones o ventas de las sociedades de prevención creadas por las mutuas. El proyecto clarifica la total separación de recursos entre las mutuas y sus sociedades de prevención, que llevan a cabo las auditorías y los reconocimientos médicos de los trabajadores. Si se cumple ese requisito, será posible vender o incluso liquidar las filiales de prevención. Algunos directivos habían manifestado en las últimas semanas su intención de vender esas sociedades por su baja rentabilidad.

Trabajo fija la reserva mínima obligatoria en el 30% de la media de las cuotas percibidas en una trienio. El Ejecutivo se reserva la potestad de determinar en julio de cada año qué parte del beneficio restante se destina a un fondo de prevención. En el 2010, el beneficio total de las mutuas fue de 800 millones.